Maria Esther Sesma Salgado
Expediente 192/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 59 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Maria Esther Sesma Salgado
- Maria Esther Sesma Salgado y Otros.
- JUAN LARIOS QUEVEDO y Otros.
- Juan Larios Quevedo
- Ayuntamiento Constitucional de Tecate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informen y remitan las constancias con las que acrediten el cabal cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de: "[.] Séptimo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo la protección constitucional se concede para el efecto de que las autoridades responsables ********************, realicen lo siguiente: De inmediato, cumplan la sentencia dictada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio civil ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. [.]." En el entendido, que podrán instrumentar simultáneamente para ese fin, mecanismos de trasferencias y adecuaciones de las partidas que lo integran y no limitarse únicamente a la enajenación de bienes; dado que como se precisó anteriormente, de las constancias que ha remitido el oficiante no se desprende la posibilidad tangible e inmediata, en su caso, de la enajenación de alguno. Aunado a que, como ya se precisó con anterioridad, no es la única forma de que la autoridad responsable pueda allegarse recursos para cumplir con la obligación de pago, derivada de las sentencia concesoria dictada en este amparo. Por lo que, se insiste, deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia P./J. 5/2011, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informar el impedimento legal que tengan para ello, se entenderá que las mismas han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que, se les impondrá respectivamente una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se continuara con el trámite del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Asimismo, hágase del conocimiento de la persona física que ocupa el cargo de las autoridades responsables que aun y cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrá ser consignado en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Además, cabe precisar que el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo que resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas dentro del procedimiento. Por ende, ante la hipótesis que se demuestre una actividad renuente por parte de las autoridades responsables y las que fueron vinculadas para dar cumplimiento al fallo protector, este órgano jurisdiccional dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales a que haya lugar; ello sin perjuicio de continuar con el trámite que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja California, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo remite copia certificada del oficio ********************, de uno de noviembre de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades vinculadas al cumplimiento Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto, ambos del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, informen si la Dirección de Administración Urbana e Instituto de Planeación de Desarrollo Municipal, ambos del Municipio de Tecate, Baja California, dictaminaron si el listado de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, son susceptibles de ser enajenados, a efecto de realizar el procedimiento respectivo para obtener recursos necesarios que permitan nutrir la partida presupuestal y estén en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector que nos ocupa. Se reitera a las autoridades responsables que sigue vigente el requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en relación a que remitan las constancias con las que acrediten el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en el entendido, que podrán instrumentar simultáneamente para ese fin, mecanismos de trasferencias y adecuaciones de las partidas que lo integran. Esto es, deberán desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia P./J. 5/2011, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informen y remitan las constancias con las que acrediten el cabal cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de: "[.] Séptimo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo la protección constitucional se concede para el efecto de que las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, Presidencia Municipal de Tecate, Baja California y del Oficial Mayor del Gobierno Municipal del Tecate, Baja California, realicen lo siguiente: De inmediato, cumplan la sentencia dictada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio civil ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. [.]." En el entendido, que podrán instrumentar simultáneamente para ese fin, mecanismos de trasferencias y adecuaciones de las partidas que lo integran y no limitarse únicamente a la enajenación de bienes; dado que como se precisó anteriormente, de las constancias que ha remitido el oficiante no se desprende la posibilidad tangible e inmediata, en su caso, de la enajenación de alguno. Aunado a que, como ya se precisó con anterioridad, no es la única forma de que la autoridad responsable pueda allegarse recursos para cumplir con la obligación de pago, derivada de las sentencia concesoria dictada en este amparo. Por lo que, se insiste, deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia P./J. 5/2011, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informar el impedimento legal que tengan para ello, se entenderá que las mismas han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que, se les impondrá respectivamente una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se continuara con el trámite del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Asimismo, hágase del conocimiento de la persona física que ocupa el cargo de las autoridades responsables que aun y cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró el cargo y que por esa razón, también podrá ser consignado en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Además, cabe precisar que el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo que resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas dentro del procedimiento. Por ende, ante la hipótesis que se demuestre una actividad renuente por parte de las autoridades responsables y las que fueron vinculadas para dar cumplimiento al fallo protector, este órgano jurisdiccional dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales a que haya lugar; ello sin perjuicio de continuar con el trámite que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Tecate, Baja California, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo remite copia certificada del oficio ********************, de doce de septiembre de dos mil veintitrés, de lo que se toma para conocimiento. Notifíquese.
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