Maria Fernanda Analuisa Guashpa

Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
172/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Fernanda Analuisa Guashpa
  • MARIA FERNANDA ANALUISA GUASHPA y Otros.
  • Fernanda Lisbeth Duran Palan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual acusa de recibo los oficios 7848/2023 y 11107/2023, y anexos que acompañaron a los mismos. De igual forma, informa que en auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se declaró firmeza del auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se remitió el expediente al archivo de ese juzgado; de lo que se toma conocimiento de los efectos legales conducentes. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del mencionado Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 7847/2023, enviado al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en Turno, por el cual se anexó el expediente original del Juicio de amparo 172/2023 (del índice de este juzgado), con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado. Posteriormente, mediante proveído de diez de mayo del año en curso, se tuvo como hecho notorio que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advirtió que correspondió conocer por turno del presente asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cual se registró bajo el número 428/2023, de su índice; por lo que, en esa misma fecha se ordenó el envío de los oficios originales registrados con números de folios 4768 y 5734, a dicho órgano jurisdiccional, mediante oficio 11107/2023, librado para tal efecto (sin que a la fecha se obre el acuse de recibo correspondiente). Por tanto, solicítese de la manera más atenta, mediante oficio que se libre con transcripción del presente proveído, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que, de no tener inconveniente, acuse de recibo los oficios 7847/2023 y 11107/2023 (del índice de este juzgado), por el cual respectivamente se anexó el original del juicio de amparo 172/2023, promovido por Roberto Méndez Torres, a favor de María Fernanda Analuisa Guashpa y Lizbeth Fernanda Duran Palan (nombre correcto), así como los oficios originales registrados indistintamente con números de folios 4768 y 5734. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  4. Principal

    Se ordena notificar por lista al promovente Roberto Méndez Torres, el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del expediente principal del Juicio de Amparo 172/2023, que a la letra dice: ".Tijuana, Baja California, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, por si y en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en atención a los requerimientos efectuados por oficios 4517/2023 y 4518/2023, informa que las directas quejosas******************** y ********************(nombre correcto), fueron ingresadas a la Estación Migratoria en Mexicali el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Asentado lo anterior, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a analizar si tiene la competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, quien suscribe considera que en la especie, este órgano carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en atención a las consideraciones siguientes: Como se desprende en esencia, las quejosas reclaman la privación de la libertad, orden de deportación, expulsión o repatriación, restricción a la libertad de tránsito, detención e incomunicación, sin embargo, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en principio quedó verificado que las agraviadas en ningún momento ingresaron a la Estación Migratoria de esta ciudad, por el contrario cuentan con registro de ingreso en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente ésta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador; con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedites en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la parte quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. Para soportar lo anterior, tal como se anticipó del oficio de cuenta se desprende que las directas quejosas fueron ingresadas el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Estación Migratoria en Mexicali, por lo que las mismas no cuentan con registro de ingreso en las instalaciones migratorias de esta ciudad; lo que se corroboró por el Actuario de la adscripción, toda vez que al trasladarse al área de alojamiento de la Estación Migratoria de esta ciudad y vocear a las directamente agraviadas, no fue atendido su llamado. Información que se reafirma con el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, recibido en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desprende que las quejosas no se encuentran alojadas en dicha estación migratoria. Por lo que es claro que, atendiendo a la causa de pedir, se establece que la ejecución de los actos combatidos fue llevada a cabo en el municipio de Mexicali, Baja California, dado que las agraviadas fueron ingresados en primera instancia a las instalaciones de la Estación Migratoria de dicho municipio y fue en ese lugar donde se verificó su estatus migratorio. Por tanto, es que se afirma que, si bien, conforme a los preceptos invocados, la regla de competencia prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se hayan ejecutado los actos reclamados, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, registro 2003502, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Lo sombreado no es de origen." Asimismo sustenta lo determinado, en lo conducente la tesis .2o.P.22 P, visible en la página 2496, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro digital 2004415, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que en lo conducente dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. SI EL INCULPADO ESTÁ INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRÁMITE RESPECTIVO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE ÉSTA RADICA. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 (36 de la ley anterior), por regla general, la competencia para conocer del juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, cuando el acto se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y si la acción impugnada no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Lo anterior, porque apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión para determinar la competencia, da lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el acto reclamado, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, concentración y, por ende, la seguridad de los asuntos de esta naturaleza, máxime que los efectos del acto reclamado, se trasladan directamente al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; de ahí que sea el órgano judicial del lugar donde se tramita la extradición quien conozca de la problemática que se llegue a presentar." Asimismo, se invoca como hecho notorio en lo conducente, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso del conflicto competencial 8/2023, de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente (por territorio), para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************a favor de******************** y ********************(nombre correcto). Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedente, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y por lista al promovente. Dos firmas ilegibles. Lo que notifico al promovente Roberto Méndez Torres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano