María Felix Flores Arellano
Expediente 502/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Felix Flores Arellano
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados respectivamente por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como por la Secretaria General adscrita a la misma Junta; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental remitida por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en copia certificada de diversas constancias del expediente laboral C.D.T. 312/2012-1, de su índice, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad mencionada, se advierte que mediante oficio 1049/2018 presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, exhibió copia certificada de diversas constancias dentro del expediente laboral C.D.T. 312/2012-1, de su índice, de las que se desprende que el once de junio de dos mil dieciocho, dictó la resolución interlocutoria correspondiente al Recurso de Revisión de los Actos del Actuario, promovido por el demandado del juicio de origen Instituto Mexicano de Valores S.C., la cual se notificó a la parte quejosa -por conducto de su autorizado-, el doce de junio de dos mil dieciocho. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución interlocutoria correspondiente y practicar su notificación, cesó la omisión de emitir la resolución interlocutoria correspondiente al Recurso de Revisión de los Actos del Actuario, en el expediente laboral C.D.T. 312/2012-1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La falta de resolución interlocutoria al recurso de revisión de actos del Actuario, en el expediente laboral C.D.T. 312/2012-1, del índice de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado remitió copia certificada de la resolución interlocutoria en el expediente laboral C.D.T. 312/2012-1, de su índice, correspondiente al Recurso de Revisión de los Actos del Actuario, promovido por el demandado en el juicio de origen Instituto Mexicano de Valores S.C., dictada el once de junio de dos mil dieciocho, misma que se notificó a la parte quejosa -por conducto de su autorizado-, el doce de junio de dos mil dieciocho, circunstancia que se acredita con las copias certificadas de la referida resolución y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el once de junio de dos mil dieciocho, se dictó la resolución interlocutoria en el expediente laboral C.D.T. 312/2012-1, del índice de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, correspondiente al Recurso de Revisión de los Actos del Actuario, así como su debida notificación a la parte quejosa. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por María Félix Flores Arellano, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
En otro aspecto, visto el estado procesal de las presentes actuaciones, y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que el tercero interesado Instituto Mexicano de Valores, Sociedad Civil******************** no dió cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 9 a 12), en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco - Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, al tercero interesado Instituto Mexicano de Valores, Sociedad Civil******************** por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.
- Principal
Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, emplazo y notifico por medio de lista a la tercera interesada Instituto Mexicano de Valores, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal; el contenido del proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho: ...Vista la demanda de amparo que promueve María Félix Flores Arellano, por propio derecho, contra actos del Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 502/2018-VIII. Una vez precisado lo anterior, en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116, de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado la falta de resolución interlocutoria al recurso de revisión de actos del Actuario, en el expediente laboral C.D.T. 3122012-1, del índice de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Informes justificados de autoridades. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírseles copia de la demanda de amparo, en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Informe causas sobreseimiento. Por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, apercibidos que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Intervención Ministerio Público adscrito En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Emplazamiento a tercero interesado. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a: Instituto Mexicano de Valores S.C. por conducto de quien legalmente lo represente, con domicilio para ser emplazado en carretera Libramiento Politécnico Nacional, número tres, colonia El Llanito, La Trinidad Tepehitec, Tlaxcala. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio precisado y con copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio a la parte tercero interesada, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Fecha y hora de audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la parte quejosa sito en calle Independencia, número siete, colonia Espíritu Santo, Ixtacuixtla, Tlaxcala, se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, es decir dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, no ha lugar acordar de conformidad; por lo tanto, realícense la presente y subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados en términos amplios a Maritza Sáenz Toxqui y Luis Alberto Hernández García, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma de oficios. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve María Félix Flores Arellano, por propio derecho, contra actos del Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 502/2018-VIII. Una vez precisado lo anterior, en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116, de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo. No se tramita incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado la falta de resolución interlocutoria al recurso de revisión de actos del Actuario, en el expediente laboral C.D.T. 3122012-1, del índice de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Informes justificados de autoridades. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírseles copia de la demanda de amparo, en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Informe causas sobreseimiento. Por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, apercibidos que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Intervención Ministerio Público adscrito En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Emplazamiento a tercero interesado. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a: Instituto Mexicano de Valores S.C. por conducto de quien legalmente lo represente, con domicilio para ser emplazado en carretera Libramiento Politécnico Nacional, número tres, colonia El Llanito, La Trinidad Tepehitec, Tlaxcala. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio precisado y con copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio a la parte tercero interesada, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Fecha y hora de audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la parte quejosa sito en calle Independencia, número siete, colonia Espíritu Santo, Ixtacuixtla, Tlaxcala, se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, es decir dentro de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, no ha lugar acordar de conformidad; por lo tanto, realícense la presente y subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. 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