María Félix Galicia Cocoletzi

Expediente 1162/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1162/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • María Félix Galicia Cocoletzi

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante y por recibidas las diversas copias del acuerdo dictado en treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis dictado en el expediente laboral 261/2014-A de su índice. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la ley de Amparo se tiene como delegados a los Licenciados en Derecho que indica Monserrath Cuellar Ramos, Juan Carlos López Moctezuma, Lilia Paredes Ahuatzi y Sandra Corte Atonal. En ese contexto y, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que acompaño la autoridad responsable al informe justificado, esto es, el acuerdo treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 261/2014-A de su índice, por el que, entre otros aspectos, tuvo por ofrecidas y admitidas diversas probanzas ofrecidas por las partes. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar el acuerdo relativo al ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral, cesó la omisión de proveer lo solicitado por la quejosa en su escrito de demanda, consistente en la omisión de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente, dentro del juicio laboral 261/2014-A del índice de la responsable con su respectiva notificación por lo que cesaron los efectos del acto reclamado; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la dilación procesal traducida en la omisión de dictar el acuerdo admisorio de pruebas dentro del juicio ordinario laboral número 261/2014-A del índice de la responsable y su notificación; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; adjunto a su informe justificado copia del auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis en el cual proveyó respecto del ofrecimiento y admisión de las probanzas ofrecidas por la parte, mismo que fue notificado al hoy quejoso tal acuerdo en tres de noviembre de dos mil dieciséis, pues de ello se advierte que contestó lo solicitado por la quejosa en su escrito de demanda en la que señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo de pruebas correspondiente, dentro del juicio laboral 261/2014-A del índice de la responsable y su notificación. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su inactividad, durante la tramitación del presente juicio, toda vez que al emitir el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del acto reclamado. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. SIN QUE EN EL CASO SE PUEDAN ANALIZARSE LAS POSIBLES OMISIONES O DILACIONES SUBSECUENTES EN EL TRÁMITE DEL JUICIO LABORAL QUE REFIERE LA QUEJOSA HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO EMITIDO EN EL MISMO, PUES LA MATERIA DEL PRESENTE JUICIO DEBE DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN A LA ETAPA PROCEDIMENTAL EN LA QUE SE SITÚA DICHO ACTO DENTRO DEL JUICIO DEL CUAL AMENA EL ACTO RECLAMADO (OMISIÓN O DILACIÓN DE EMITIR EL ACUERDO), EN VIRTUD DE QUE CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, AUNADO A QUE EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, LO RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN DE PROVEER LO SOLICITADO EN SUS MULTICITADOS ESCRITOS Y NO DE MANERA AUTÓNOMO O POR VICIOS PROPIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. SIN QUE LO ANTERIOR CONTRAVENGA, POR IDENTIDAD DE RAZÓN JURÍDICA, DE LO ESTABLECIDO EN LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE RUBROS "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" Y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", EN TANTO LOS CRITERIOS AHÍ SOSTENIDOS FUERON ABANDONADOS EN LA DIVERSA TESIS "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007)". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el término legal para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rinda su informe justificado, otorgado en proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado el dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve María Félix Galicia Cocoletzi por derecho propio, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la dilación procesal para dictar el acuerdo de pruebas dentro del juicio laboral 261/2014-A, de su índice. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1162/2016-III. Una vez precisado lo anterior y en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110, de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve, por derecho propio, contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual remitírsele copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba la presuncional legal y humana, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente en la audiencia de ley. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de la audiencia constitucional. En otro orden, se reserva proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable.

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