María Felipa Flores Xochitotol

Expediente 1031/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1031/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • María Felipa Flores Xochitotol
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • Carlos Mendoza Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete en el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Felipa Flores Xochitototl y Carlos Mendoza Cano; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Ahora bien, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta de Paloma Grissel Tamayo Lima, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, por medio del cual solicita copias certificadas del presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, expídase a costa del solicitante, copia certificada de las constancias que se menciona en el escrito de que se trata, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos.

  2. Principal

    Vista la diligencia de ratificación de firma del diecisiete de noviembre del año en curso, en la que María Felipa Flores Xochitototl y Carlos Mendoza Cano, reconocen como suyas las que calzan el escrito presentado en este Juzgado Federal, el trece de noviembre de dos mil diecisiete y registrado en el libro de correspondencia con el folio 16041, por el que justifican su personalidad exhibiendo copia certificada de la toma de nota de veinticinco de febrero de dos mil catorce, como Secretaria General y Subsecretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados Similares y Conexos del Estado de Tlaxcala "Liberación 4 de Octubre"; asimismo, manifiestan bajo protestad de decir verdad que desconoce si existe tercero interesado. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. ... Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. A partir de las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre la de prosecución del trámite, incluso tratándose de la fase de ejecución de la resolución administrativa. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación" del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. ... Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues los actos reclamados consiste en la omisión de proveer acerca de la toma de nota solicitada por los representantes del Sindicato quejoso dentro del procedimiento. A ese efecto, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular. Sin que para el caso se esté en la hipótesis de excepción, consistente en que se advierta que existe una "abierta dilación" del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el juicio de amparo será procedente, pues tratándose de lo solicitado por el Sindicato quejoso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país ha interpretado que el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, por lo que a la toma de nota le es aplicable por analogía el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica. ... Conforme a lo anterior, a ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo y, en su momento, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al no ser posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estima violados, toda vez que el acto reclamado dejaría de surtir sus efectos con anterioridad al momento en que sea posible requerir el cumplimiento del fallo protector, porque invariablemente transcurrirían los sesenta días para estimar que se configuró la afirmativa ficta, acerca de que se llevó a cabo la toma de nota de la mesa directiva del Sindicato quejoso. ... En consecuencia, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Felipa Flores Xochitototl y Carlos Mendoza Cano, quienes promueven en su carácter de Secretaria General y Subsecretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados Similares y Conexos del Estado de Tlaxcala "Liberación 4 de Octubre".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, remite copia certificada del expediente laboral ********************de su índice.****************************************Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito y anexo, aparentemente signado por María Felipa Flores Xóchitotol y Carlos Mendoza Cano, mediante el cual, pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; sin embargo, a simple vista se aprecia que las firmas que calzan en dicho ocurso difieren de las estampadas en el escrito de demanda. ... En tales circunstancias, y por seguridad jurídica de los promoventes, requiéraseles para que en el plazo de tres días legalmente computados, comparezcan ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificados, a fin de que reconozcan como suyas las firmas que aparecen al calce de los escritos de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. ... Ahora, el plazo concedido a los promoventes en el acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete -cinco días- para que la parte quejosa dé cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpirá por una sola vez, siempre y cuando sea ratificado el escrito de cuenta, de lo contrario, seguirá transcurriendo como está ordenado en el proveído de mérito. En consecuencia, toda vez que la promoción fue recibida el trece de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo revela el sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, y siendo este el primer día de los cinco con que contaba para desahogar la prevención de mérito, es por lo que de ratificar el escrito de cuenta contará con cuatro días, para dar cumplimiento total a la prevención. Por tanto, se hace saber a los promoventes que en caso de que se tenga por no presentado el escrito de cuenta, no se interrumpirá el término concedido para desahogar la prevención formulada, teniéndose por no presentada la demanda de amparo, en caso de que no le resten más días para el desahogo de la prevención respectiva. Finalmente, se hace del conocimiento de los promoventes María Felipa Flores Xóchitotol y Carlos Mendoza Cano, que si ratifican el libelo de cuenta, dicha ratificación la harán bajo protesta de decir verdad, y si resulta procedente la admisión de la demanda planteada, en términos del artículo 62, en relación con el diverso 122, de la Ley de Amparo, se aperturará de oficio el incidente de falsedad, dada la discrepancia existente entre las firmas que calzan en la demanda con el libelo de cuenta, y de resultar procedente el mismo, se dará vista al agente del ministerio público, para la investigación del delito de falsedad de declaración ante autoridad judicial.

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