María Evelia Ramírez Vargaz

Expediente 1381/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1381/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María Evelia Ramírez Vargaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    El veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, CERTIFICA: Que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con doce minutos de este día. En la misma fecha, doy cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación de esta fecha y con el oficio con anexo, registrado en el libro de correspondencia con el folio 17012. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad rinde informe justificado. Agréguese el oficio con anexo, signado por el Diligenciario Par adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado, respecto de la ampliación de la demanda de amparo. Pruebas. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante ofreciendo como pruebas de su parte la documental pública que adjunta a su informe justificado; la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el contenido del informe y anexo de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito y oficio con anexos, registrados en el libro de correspondencia con los folios 16833 y 16880. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Autorizado de la parte quejosa solicita anotación registral preventiva de la demanda de amparo. Agréguese el escrito de cuenta signado por Daniel Morales Díaz, autorizado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita la anotación registral preventiva de la demanda de amparo, así como del auto admisorio, ante la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, a fin de evitar que se defrauden derechos de terceros y se ocasionen perjuicios a la parte quejosa. Al respecto, debe decirse que en relación a la solicitud de inscripción preventiva, dicha medida cautelar no tiene como objeto suspender el acto reclamado, pues conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 53/2006, estableció que dicha inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tiene como finalidad el de dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate; que se eviten perjuicios a las partes (que eventualmente puedan dificultar la ejecución del fallo protector); y, que se defrauden derechos de terceros, como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 que indica: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." Por otra parte, cabe indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 88/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, Materia Común, página 730, Décima Época, registro: 2009542, que dice: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS. De acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS (*), que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 (**), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata.". De la ejecutoria de la que derivó el citado criterio jurisprudencial, se desprende que el alto tribunal del país determinó, que de acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, pues además de tener efectos publicitarios, tiene como finalidad que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio. Asimismo, determinó que esa anotación preventiva de la demanda de amparo podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto que ese conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata. De igual forma, apuntó que en la hipótesis que ahí se analizó fue sobre derechos reales, esto es, de bienes inmuebles en los cuales la medida cautelar podría dificultar o limitar cualquier acto de disposición sobre éstos, pues podría existir la imposibilidad de llevar a cabo cualquier transacción comercial respecto del inmueble, como sería una compraventa, una donación, un arrendamiento, una hipoteca, entre otros, en ese sentido, tomando en cuenta que uno de los actos reclamados en la presente demanda consiste en la falta de emplazamiento al expediente 214/2014, relativo al juicio de otorgamiento y firma de escritura pública promovido por Anabel Elsa Ramírez, en contra de Esteban Mario Ramírez Montiel y/o Mario Ramírez Montiel, respecto del predio innominado ubicado en plaza de las Américas, número nueve, primera sección, de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, de tal modo que se ubica en el tema analizado en la ejecutoria en mención. En consecuencia, para el efecto de que la demanda de amparo y el presente auto admisorio sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, con la finalidad de preservar la materia del amparo y evitar defraudar derechos a terceros, acorde a lo establecido en los ordinales de la Ley de Amparo 58, 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el quejoso deberá, previamente, otorgar en el término de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente determinación, una garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N), en cualquiera de las formalidades establecidas por la ley, a fin de asegurar los posibles daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros. Cantidad que se fija tomando en consideración las características del inmueble materia de la compraventa, identificado como inmueble "cuyas medidas y colindancias son: NORTE: 10.80 metros linda con plaza principal pública; SUR: 10.80 metros, linda con Domingo Ramírez Montiel papá; Oriente: 16.70 metros linda con J. Guadalupe Báez; Poniente: 16.70 metros linda con Domingo Ramírez Montiel. Ahora bien, una vez que sea exhibida la cantidad fijada como garantía para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, se girará oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a fin de que, previo pago de derechos con cargo del quejoso, realice la anotación preventiva de la demanda de amparo y el auto admisorio, respecto del bien inmueble cuestionado. Apoya a lo anterior la Tesis: I.3o.C.1026 C (9a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1681, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Civil, de texto u rubro: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN RELACIÓN CON BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. REQUIERE ORDEN EXPRESA Y PROCEDE PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A CARGO DEL QUEJOSO. De conformidad con el artículo 3043, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal, las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro Público, son susceptibles de anotarse preventivamente, con la finalidad de producir el cierre del registro en términos de la resolución correspondiente; sin embargo, toda vez que la función registral se rige, entre otros, por el principio de rogación, de acuerdo con el artículo 12, fracción VI, de la Ley Registral para el Distrito Federal, es necesario que en la resolución judicial se ordene expresamente hacer la anotación respectiva, puesto que no es posible que se realice de manera oficiosa sino a petición de parte interesada. Además, dado que el artículo 196 del Código Fiscal del Distrito Federal prevé como regla general el pago de una cuota por concepto de derechos para realizar una inscripción o anotación en el Registro Público de la Propiedad y no existe un precepto que establezca como excepción la anotación de una suspensión; corresponde al quejoso el pago de ese derecho, puesto que se beneficiará con la medida suspensional." Autoridad rinde informe justificado. En otro aspecto, agréguese el oficio con anexos, signado por el Notario Público Número Tres de la Demarcación de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su informe justificado, documentales que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el contenido del informe y anexos de cuenta dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Señala domicilio En otro aspecto, por lo que hace al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción II, de la citada Ley, éstas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Designa delegados De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngasele a dicha autoridad designado como delegado a la persona que indica. Comunicación no procesal. En otro aspecto, con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando el correo electrónico y número telefónica que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El quince de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito con tres traslados, registrado en el libro de correspondencia con el folio 16445. Conste. Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda Agréguese el escrito signado por ********************autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada por auto de trece de noviembre del año en curso. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por ampliada su demanda de amparo, en cumplimiento a la vista que se le otorgó por auto de dieciocho de octubre del año en curso, y al efecto señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: ...Por lo tanto, en atención al contenido de la ampliación de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados de las autoridades responsables Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; Diligenciario adscrito al Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; y Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, y como actos reclamados los precisados con antelación; asimismo, ampliando sus conceptos de violación Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: ... Requerimiento de informe justificado. Por tanto, pídase a las autoridades señaladas como responsables Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; Diligenciario adscrito al Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; y Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidos de que en caso de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados, además, que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa. Asimismo, se apercibe a dichas autoridades de que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revocan o dejan sin efecto el acto que se les reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo, o bien, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Del mismo modo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, apercibidas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Al caso tienen aplicación, por las razones que la sustentan, las tesis aisladas III.2°.P.2K(10ª) y X.A.T.5.K(10ª), emitidas respectivamente, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Circuito y del Segundo Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 1319, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 y página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mismas que señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Hágase saber que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con doce minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, córrasele traslado a las demás partes en el presente juicio con copia del escrito de ampliación de demanda, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Se ordena emplazar tercero interesado. En otro aspecto, del escrito de ampliación de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como domicilio de la tercera interesada ********************, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, el ubicado en: ******************** ********************. Se ordena emplazar tercero interesado y se gira exhorto. Ahora, tomando en consideración que el domicilio de la citada tercera interesada, se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores propias de este Juzgado, emplace a juicio a la tercera interesada ********************, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, con domicilio ubicado en ******************** ********************, corriéndole traslado con copia de la demanda, auto admisorio, ampliación de demanda y del presente proveído, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene debiendo requerirle para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, legalmente computado señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés: El quince de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito con tres traslados, registrado en el libro de correspondencia con el folio 16445. Conste. Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda Agréguese el escrito signado por ********************autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada por auto de trece de noviembre del año en curso. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por ampliada su demanda de amparo, en cumplimiento a la vista que se le otorgó por auto de dieciocho de octubre del año en curso, y al efecto señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: ...Por lo tanto, en atención al contenido de la ampliación de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo y se tienen como actos reclamados de las autoridades responsables Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; Diligenciario adscrito al Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; y Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, y como actos reclamados los precisados con antelación; asimismo, ampliando sus conceptos de violación Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: ... Requerimiento de informe justificado. Por tanto, pídase a las autoridades señaladas como responsables Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; Diligenciario adscrito al Juzgado lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, Tlaxcala; y Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidos de que en caso de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados, además, que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa. Asimismo, se apercibe a dichas autoridades de que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revocan o dejan sin efecto el acto que se les reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo, o bien, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Del mismo modo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que cuando tengan conocimiento de que se actualiza una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, apercibidas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Al caso tienen aplicación, por las razones que la sustentan, las tesis aisladas III.2°.P.2K(10ª) y X.A.T.5.K(10ª), emitidas respectivamente, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Circuito y del Segundo Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicadas, respectivamente, en la página 1319, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 y página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, mismas que señalan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Hágase saber que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con doce minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, córrasele traslado a las demás partes en el presente juicio con copia del escrito de ampliación de demanda, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Se ordena emplazar tercero interesado. En otro aspecto, del escrito de ampliación de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como domicilio de la tercera interesada ********************, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, el ubicado en: ******************** ********************. Se ordena emplazar tercero interesado y se gira exhorto. Ahora, tomando en consideración que el domicilio de la citada tercera interesada, se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica, al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores propias de este Juzgado, emplace a juicio a la tercera interesada ********************, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, con domicilio ubicado en ******************** ********************, corriéndole traslado con copia de la demanda, auto admisorio, ampliación de demanda y del presente proveído, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene debiendo requerirle para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, legalmente computado señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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