María Evangelina Espinosa Galván
Expediente 431/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Evangelina Espinosa Galván
- Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Primera en el Municipio de Jiquilpan, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente: Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos,de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende no existe documento alguno en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. SE DEJAN DOCUMENTALES A SU DISPOSICIÓN. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que a fojas 33 y 34 obran glosados documentos originales que la parte promovente anexó a su escrito acordado en quince de mayo del presente año, consistentes en recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, así como recibo de expedido por DHL Express México S.A. de C.V.; en tal virtud, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin necesidad de hacer un acuerdo, se procederá a la destrucción de los mismos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, haya interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de uno de agosto de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de garantías promovido por María Evangelina Espinosa Galván. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES Finalmente, del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la parte quejosa anexó a su escrito aclaratorio de demanda documentos originales (fojas 33 y 34); en consecuencia, hágasele la devolución de los mismos, sin que se estime necesario dejar copia certificada, toda vez que ya concluyó el asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente III-431/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-431/2019, promovido por María Evangelina Espinosa Galván, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la agencia Primera del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo, no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendidos por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales a su escrito aclaratorio presentado el diez de mayo de dos mil diecinueve. Por su parte, la autoridad responsable remitió diversas constancias como sustento de su informe justificado. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que mediante pedimento 310/2019, presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-431/2019, promovido por María Evangelina Espinosa Galván, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la agencia Primera del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, María Evangelina Espinosa Galván compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, en los términos siguientes: "d).- ACTO RECLAMADO: Es el caso que la suscrita presenté una promoción en donde la suscrita solicité a la autoridad responsable la devolución de ganado de mi propiedad y que se encuentra bajo su resguardo, ocasionado por la denuncia del delito de abigeato, por las personas que no tienen carácter de propietarios de mi ganado, así las cosas, presenté mediante un escrito documentos, esto es la patente expedida por parte de la asociación Ganadera de Michoacán tendentes a acreditar la propiedad que tengo de los animales, sin embargo esto hace ya más de un mes y la responsable no se ha dignado a acordar el escrito de marras que presenté ante la misma, pasando por alto que mis animales corren riesgo de morir, por lo que es vital para el suscrita acuerde y me devuelva a mis animales, sin embargo el responsable no se ha dignado a acordar dicho escrito, violando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que según el tribunal familiar responsable no acuerda nada relativo a dicha promoción, a pesar de que ya han transcurrido 30 días dejándome en estado de indefensión jurídica tal y como lo establece la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice...". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante acuerdo de veintidós de abril del año en curso este órgano jurisdiccional radicó la demanda de que se trata bajo el progresivo 431/2019 y, en la mismo auto, determinó prevenir a la parte promovente sobre algunas irregularidades de su ocurso inicial. A fin de evacuar lo anterior, la peticionaria de amparo cumplió en tiempo y forma con lo requerido, en los términos de su escrito recibido el pasado diez de mayo del acetal en la Oficialía de Partes de este órgano federal. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, mediante auto de quince mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37, último párrafo, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que aunque se reclama un acto de una autoridad que no reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción; lo cierto es que éste es de naturaleza omisiva, es decir, no requiere una ejecución material; razón por lo cual, se actualiza la última hipótesis del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, la competencia para conocer del asunto corresponde al juez ante quien se presentó la demanda. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegas al sumario, se advierte que el acto reclamado, es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por escrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que la quejosa solicitó la devolución de los animales asegurados dentro de la carpeta de investigación JIQ/048/00038/2019 del índice de la responsable. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. No obstante que al rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, negó el acto omisivo que se le atribuye, señalando que con fecha nueve de mayo del año en curso, dicha fiscalía acordó la devolución de dos vacas pintas lecheras que se encontraban aseguradas, en favor de la aquí quejosa, tal como lo acreditó con las constancias que posteriormente remitió; lo cierto es que de su contenido no se advierte que dicho acuerdo efectivamente constituya una respuesta a la petición presentada el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve, pues si bien, acorde a su contenido se hace relación a diversas solicitudes de la aquí promovente, en las que básicamente reiteró la devolución de los animales asegurados, ello no es suficiente para tener por plenamente acreditado que efectivamente se atendió el escrito de marras cuya omisión ahora se reclama. Lo anterior, en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese contexto, se advierte que en cuanto a la omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Lo anterior, toda vez que en caso de concluirse que el acto de autoridad es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 181/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.". En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta el contenido de la petición formulada el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve: "Que por medio del presente y por mi propio derecho me apersono a la presente carpeta de investigación señalada del lado superior derecho para formular INCIDENTE NO ESPECIFICADO, de devolución de animales, en virtud de que la denunciante en la presente carpeta de investigación cometió un delito en mi contra así como en contra de mis hijos quienes son los presuntos responsables en la presente indagatoria, de nombre ALFONSO DE JESÚS Y FRANCISCO JAVIER ambos de apellidos, ya que la misma se atrevió a despojarnos de un predio que poseíamos y del que la suscrita soy propietaria, así mismo se atrevió a sacar los animales del predio que es de mi propiedad inventando un delito a mis hijos que no cometieron, por lo a que con los documentos que anexo al presente escrito acredito mi dicho en cuanto a la propiedad de dichos animales y solicito se me devuelvan los mismo de inmediato, así como que se castigue a la responsable de sustraer a los mismos. Así como desde estos momento me reservo el derecho a formular una denuncia por despojo en contra de la aquí denunciante, la C. MARÍA EUGENIA ESPINOSA GALVAN para los efectos legales a que haya lugar." De lo anterior se colige que mediante dicho escrito la aquí quejosa se apersonó a la carpeta de investigación de origen para formular incidente no especificado de devolución de animales, que a su decir, son de su propiedad, adjuntando las documentales que estimó pertinentes para acreditar su dicho. Documental que es valorada en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, del contenido del libelo constitucional, la peticionaria de amparo señaló que ya en varias ocasiones había solicitado la devolución de los animales asegurados con motivo de la carpeta de investigación JIQ/048/00038/2019; no obstante, una vez evacuada la prevención que éste órgano jurisdiccional le formuló sobre dicho punto, el trámite de la demanda se siguió por lo que hace a la omisión de dar respuesta al escrito de ocho de marzo de dos mil diecinueve, anteriormente descrito. Ahora bien, al rendir su informe justificado la autoridad responsable señaló que el nueve de mayo del actual, acordó la devolución de dos vacas lecheras pintas que se encontraban aseguradas, las cuales fueron devueltas en esa misma fecha a la aquí quejosa. Por ello, para acreditar lo anterior, en su momento allego a este sumario la copia certificada del mencionado acuerdo, del cual, en lo medular, se colige que con motivo del escrito presentado por María Evangelina Espinosa Galván de veinticuatro de abril del año en curso, mediante el cual solicitó la devolución de los animales que son de su propiedad, así como como la expedición de copias certificadas de la indagatoria de mérito, la fiscalía acordó la entrega de los citados semovientes asegurados e identificados con los números de arete 4157 y 4214, levantando en ese acto el aseguramiento o retención de dichos animales para efectos de la investigación, por lo que se ordenó la restitución en el goce de los derechos una vez acreditada la propiedad. A partir de lo anterior, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, ya que con independencia de la existencia de la omisión reclamada en este juicio y la forma en que se haya obtenido la devolución de los semovientes, lo cierto es que con la actuación de la autoridad, la quejosa se vio colmadas su pretensión contenida en su escrito de ocho de marzo del presente año, dejando así de existir el objeto o materia principal del juicio. Debe precisarse que la razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir (la demanda incoada contra la peticionaria de amparo), no podrá restituirse al gobernado en el goce de su derecho fundamental violado, y por ende, la sentencia que se dictare no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un obstáculo procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Evangelina Espinosa Galván, respecto del acto reclamado a la autoridad que quedó precisada, en términos de los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe. Jso. El suscrito Secretario hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 11434. Conste. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" OF. 11434 Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la agencia Primera del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán. Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales del caso, remito a usted copia de la resolución dictada el día hoy, dentro del juicio de garantías número III-431/2019, promovido por María Evangelina Espinoza Galván. A T E N T A M E N T E. Morelia, Mich., a 01 de agosto de 2019. EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA. Jso. "V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-431/2019, promovido por María Evangelina Espinosa Galván, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la agencia Primera del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, María Evangelina Espinosa Galván compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, en los términos siguientes: "d).- ACTO RECLAMADO: Es el caso que la suscrita presenté una promoción en donde la suscrita solicité a la autoridad responsable la devolución de ganado de mi propiedad y que se encuentra bajo su resguardo, ocasionado por la denuncia del delito de abigeato, por las personas que no tienen carácter de propietarios de mi ganado, así las cosas, presenté mediante un escrito documentos, esto es la patente expedida por parte de la asociación Ganadera de Michoacán tendentes a acreditar la propiedad que tengo de los animales, sin embargo esto hace ya más de un mes y la responsable no se ha dignado a acordar el escrito de marras que presenté ante la misma, pasando por alto que mis animales corren riesgo de morir, por lo que es vital para el suscrita acuerde y me devuelva a mis animales, sin embargo el responsable no se ha dignado a acordar dicho escrito, violando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que según el tribunal familiar responsable no acuerda nada relativo a dicha promoción, a pesar de que ya han transcurrido 30 días dejándome en estado de indefensión jurídica tal y como lo establece la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice...". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante acuerdo de veintidós de abril del año en curso este órgano jurisdiccional radicó la demanda de que se trata bajo el progresivo 431/2019 y, en la mismo auto, determinó prevenir a la parte promovente sobre algunas irregularidades de su ocurso inicial. A fin de evacuar lo anterior, la peticionaria de amparo cumplió en tiempo y forma con lo requerido, en los términos de su escrito recibido el pasado diez de mayo del acetal en la Oficialía de Partes de este órgano federal. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, mediante auto de quince mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37, último párrafo, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que aunque se reclama un acto de una autoridad que no reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción; lo cierto es que éste es de naturaleza omisiva, es decir, no requiere una ejecución material; razón por lo cual, se actualiza la última hipótesis del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, la competencia para conocer del asunto corresponde al juez ante quien se presentó la demanda. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegas al sumario, se advierte que el acto reclamado, es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por escrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que la quejosa solicitó la devolución de los animales asegurados dentro de la carpeta de investigación JIQ/048/00038/2019 del índice de la responsable. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. No obstante que al rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, negó el acto omisivo que se le atribuye, señalando que con fecha nueve de mayo del año en curso, dicha fiscalía acordó la devolución de dos vacas pintas lecheras que se encontraban aseguradas, en favor de la aquí quejosa, tal como lo acreditó con las constancias que posteriormente remitió; lo cierto es que de su contenido no se advierte que dicho acuerdo efectivamente constituya una respuesta a la petición presentada el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve, pues si bien, acorde a su contenido se hace relación a diversas solicitudes de la aquí promovente, en las que básicamente reiteró la devolución de los animales asegurados, ello no es suficiente para tener por plenamente acreditado que efectivamente se atendió el escrito de marras cuya omisión ahora se reclama. Lo anterior, en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese contexto, se advierte que en cuanto a la omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Lo anterior, toda vez que en caso de concluirse que el acto de autoridad es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 181/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.". En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta el contenido de la petición formulada el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve: "Que por medio del presente y por mi propio derecho me apersono a la presente carpeta de investigación señalada del lado superior derecho para formular INCIDENTE NO ESPECIFICADO, de devolución de animales, en virtud de que la denunciante en la presente carpeta de investigación cometió un delito en mi contra así como en contra de mis hijos quienes son los presuntos responsables en la presente indagatoria, de nombre ALFONSO DE JESÚS Y FRANCISCO JAVIER ambos de apellidos, ya que la misma se atrevió a despojarnos de un predio que poseíamos y del que la suscrita soy propietaria, así mismo se atrevió a sacar los animales del predio que es de mi propiedad inventando un delito a mis hijos que no cometieron, por lo a que con los documentos que anexo al presente escrito acredito mi dicho en cuanto a la propiedad de dichos animales y solicito se me devuelvan los mismo de inmediato, así como que se castigue a la responsable de sustraer a los mismos. Así como desde estos momento me reservo el derecho a formular una denuncia por despojo en contra de la aquí denunciante, la C. MARÍA EUGENIA ESPINOSA GALVAN para los efectos legales a que haya lugar." De lo anterior se colige que mediante dicho escrito la aquí quejosa se apersonó a la carpeta de investigación de origen para formular incidente no especificado de devolución de animales, que a su decir, son de su propiedad, adjuntando las documentales que estimó pertinentes para acreditar su dicho. Documental que es valorada en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, del contenido del libelo constitucional, la peticionaria de amparo señaló que ya en varias ocasiones había solicitado la devolución de los animales asegurados con motivo de la carpeta de investigación JIQ/048/00038/2019; no obstante, una vez evacuada la prevención que éste órgano jurisdiccional le formuló sobre dicho punto, el trámite de la demanda se siguió por lo que hace a la omisión de dar respuesta al escrito de ocho de marzo de dos mil diecinueve, anteriormente descrito. Ahora bien, al rendir su informe justificado la autoridad responsable señaló que el nueve de mayo del actual, acordó la devolución de dos vacas lecheras pintas que se encontraban aseguradas, las cuales fueron devueltas en esa misma fecha a la aquí quejosa. Por ello, para acreditar lo anterior, en su momento allego a este sumario la copia certificada del mencionado acuerdo, del cual, en lo medular, se colige que con motivo del escrito presentado por María Evangelina Espinosa Galván de veinticuatro de abril del año en curso, mediante el cual solicitó la devolución de los animales que son de su propiedad, así como como la expedición de copias certificadas de la indagatoria de mérito, la fiscalía acordó la entrega de los citados semovientes asegurados e identificados con los números de arete 4157 y 4214, levantando en ese acto el aseguramiento o retención de dichos animales para efectos de la investigación, por lo que se ordenó la restitución en el goce de los derechos una vez acreditada la propiedad. A partir de lo anterior, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, ya que con independencia de la existencia de la omisión reclamada en este juicio y la forma en que se haya obtenido la devolución de los semovientes, lo cierto es que con la actuación de la autoridad, la quejosa se vio colmadas su pretensión contenida en su escrito de ocho de marzo del presente año, dejando así de existir el objeto o materia principal del juicio. Debe precisarse que la razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de amparo es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir (la demanda incoada contra la peticionaria de amparo), no podrá restituirse al gobernado en el goce de su derecho fundamental violado, y por ende, la sentencia que se dictare no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un obstáculo procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Evangelina Espinosa Galván, respecto del acto reclamado a la autoridad que quedó precisada, en términos de los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe".- G. ORTIZ P. DE LOS R.- L. FELIPE SÁNCHEZ L.-
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Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. REMITE CONSTANCIAS Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Publico Investigador de la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de Jiquilpan Michoacán da cumplimento al requerimiento que se le hizo mediante oficio 9478, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, y al efecto remite copias certificadas de las constancias con las cuales pretende acreditar que se atendió la petición de la quejosa, consistente en la devolución de dos semovientes asegurados dentro de la carpeta de investigación JIQ/048/00038/2019; documentales que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.DAA
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- María Eugenia Roa Alcantar1153/2021
- Maria Eva Coria Rangel579/2017
- María Felicidad Calvo Rodríguez809/2018
- María Felicitas Sánchez Cortés97/2022
- María Felicitas Sánchez Cortés230/2022
- María Felix Castañeda Arellano179/2017
- María Fernanda Ambriz Alcala869/2022
- María Fernanda Cejiga Arvizu1366/2019