María Eugenia De los Santos Esquivel o Esquibel
Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Eugenia De los Santos Esquivel o Esquibel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa María Eugenia de los Santos Esquivel, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda; atento a su petición, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos de mérito, previa acta de entrega que al efecto se levante, y autorizando para recibirlo a las personas que señala. SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS Por otra parte, en su diverso escrito solicita copias certificadas de las constancias que obran dentro del presente sumario. AUTORIZACIÓN En tales condiciones, dígase a la ocursante que se esté a lo acordado en proveído de veintitrés de junio del año pasado, el cual se autorizó la expedición de copias simples y certificadas del presente juicio, salvo las que por su naturaleza deben permanecer en sigilo. Por tanto, dígasele que se pueden obtener las copias del mismo, a través del uso de instrumentos digitales, y una vez que la parte solicitante obtenga las copias simples, deberá acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. SE ESTÉ A LO ACORDADO EN CUANTO A LAS COPIAS CERTIFICADAS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la apoderada del quejoso, mediante el cual solicita copias certificadas por duplicado de la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente sumario. En tales condiciones, dígase a la ocursante que se esté a lo acordado en proveído de veintitrés de junio del año en curso, el cual se tiene autorizado la expedición de copias simples y certificadas del presente juicio salvo las que por su naturaleza deben permanecer en sigilo. Por tanto, dígasele que se pueden obtener las copias solicitadas, a través del uso de instrumentos digitales, y una vez que la parte solicitante obtenga las copias simples, deberá acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente III-689/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las doce horas del siete de noviembre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-689/2022, promovido por María Eugenia de los Santos Esquivel y/o María Eugenia de los Santos Esquibel, contra actos de Director del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también que dentro del presente juicio de amparo en auto de diecinueve de octubre del año en curso, compareció el tercero interesado Alejandro de los Santos Esquivel a través de su apoderada Silvia de los Santos Esquivel. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 16525, para su acuerdo. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, y anexos que al mismo acompaña, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 750/2022-2018.E, que se le remitiera a efecto de emplazar al tercero interesado Alejandro de los Santos Esquivel al juicio en que se actúa, lo que se corrobora de las constancias que al efecto acompaña; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de diecinueve de octubre del presente año, se tuvo a dicho tercero apersonándose en el juicio. Consecuentemente, dese de baja la citada comunicación para los efectos legales a que haya lugar. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad. b) Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director General de Registro y Control Documental de esa Institución. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el periodo de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las autoridades responsables remitieron diversas documentales como sustento de sus informes justificados, así como la parte quejosa y tercero interesado ofrecieron las documentales que anexaron a sus escritos, las cuales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. De igual manera, se hace constar que el tercero interesado ofreció la testimonial a cargo de Misael Rodríguez Romero y Apolonio Oregón Velázquez, de la que se ordenó reservar proveer por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. EL JUEZ: Ténganse por admitidas las documentales, las que previamente se tuvieron por desahogadas en los términos con los que se da cuenta. Por otra parte, respecto a la testimonial que ofrece el tercero interesado a cargo cargo de Misael Rodríguez Romero y Apolonio Oregón Velázquez; dígasele que no ha lugar a admitir el referido medio de convicción, toda vez que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, con la referida testimonial pretende acreditar el lugar de residencia de la parte quejosa, si externó su voluntad en firmar la demanda de amparo, así como si el referido tercero interesado es el actual titular de los derechos agrarios que pertenecieron a la extinta María Esquivel Rodríguez. Sin embargo, resulta innecesario su admisión y desahogo en los términos propuestos, toda vez que en el presente asunto se reclama solamente la expedición del certificado de derechos agrarios en favor de Alejandro de los Santos Esquivel, por lo que en los términos en que ofrece la testimonial se advierte no tiene relación con el análisis de la constitucionalidad de dicho acto reclamado. Con independencia de que se observa de la última de las preguntas del interrogatorio exhibido por la parte tercera interesada, la que formula en el sentido de acreditar si le consta a los atestes que el tercero interesado de mérito es el actual titular de los derechos agrarios que pertenecieron a la extinta María Esquivel Rodríguez, sin embargo, es precisamente dicha acción de la cual se duele la parte quejosa, con lo que acreditar tal circunstancia resultaría ocioso, lo que denota la falta de idoneidad de dicha prueba. Ello aunado a que este Juzgador de amparo advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia, la que se analizará más adelante. Tiene aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.41/2001, visible en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 189894 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 41/2001 Página: 157 PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." En consecuencia se DESECHA la prueba testimonial ofertada por la parte quejosa por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. Al no existir diversas pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos. Secretario dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló tanto la quejosa María Eugenia de los Santos Esquivel y/o María Eugenia de los Santos Esquibel, como el tercero interesado Alejandro de los Santos Esquivel a través de su apoderada. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los alegatos de méritos, y al no obrar diversos sobre los cuales pronunciarse, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-689/2022, promovido por María Eugenia de los Santos Esquivel y/o María Eugenia de los Santos Esquibel, contra actos del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, ese mismo día, María Eugenia de los Santos Esquivel y/o María Eugenia de los Santos Esquibel, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, y al ampliar su demanda de amparo señaló a diversa autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio el reconocido en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, se ordenó formar el presente expediente de amparo, al cual se le asignó el número de expediente III-689/2022, y se requirió a la parte quejosa, para que aclarara de su escrito inicial lo siguiente: "(.) 1. Deberá indicar si pretende señalar como acto reclamado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea." en la cual se ordenó el reconocimiento de ejidatario y la expedición del certificado de derechos agrarios a Alejandro de los Santos Esquivel. 2. De ser así, señale bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y sucinta, los antecedentes que correspondan a tal acto reclamado, precisando la fecha en que tuvo conocimiento de éste; e, indique si desea precisar como autoridad responsable al Tribunal Unitario Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. (.)." (Se añadió negritas y subrayado). En cumplimiento a lo anterior, mediante escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso ante la Oficialía de este Juzgado de Distrito, la quejosa manifestó expresamente lo siguiente: "(.) 1.- Señalo que el acto reclamado es solamente la expedición del certificado de derechos agrarios en favor de ALEJANDRO DE LOS SANTOS." (subrayado y énfasis no es de origen). En virtud de lo anterior, mediante auto de treinta de junio del año en curso, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad. En el mismo proveído, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por lo que respecta a la Dirección General de Registro y control documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México. Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto (expedición de certificados parcelarios a favor del aquí tercero interesado) emitido por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La expedición del certificado de derechos agrarios en favor de Alejandro de los Santos Esquivel, respecto del ejido de Playa Azul en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario Agrario número 52 de Zihuatanejo, Guerrero, con motivo de la sentencia dictada en el expediente 158/2018, de su índice, así como el reconocimiento con tal carácter del antes mencionado. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director General de Registro y Control Documental de esa Institución, si bien al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, también lo es que realizó diversas manifestaciones en cuanto a su existencia, lo que resulta suficiente para tener por cierto el acto que la parte quejosa le atribuyó. Además, se acreditan tales actos reclamados con las constancias que allegaron las autoridades responsables; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este Órgano Federal advierte que no obstante que se encuentra demostrada la existencia de los actos reclamados en cuanto hace a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Como se desprende de lo antes precisado, la quejosa atribuye a las autoridades que señaló como responsables precisadas en los dos considerandos que anteceden, la expedición del certificado de derechos agrarios en favor de Alejandro de los Santos Esquivel, por lo que respecta al ejido de Playa Azul en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como su reconocimiento con tal carácter. Sin embargo, de lo advertido por este órgano jurisdiccional de su libelo constitucional, así como del informe justificado rendido por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, y de la constancia que anexó de veintisiete de junio de dos mil veintidós, con número de oficio SDR/848/2022, a la que previamente se le concedió pleno valor probatorio, se observa que la expedición de los certificados parcelarios a favor de Alejandro de los Santos Esquivel que reclama, deviene por orden del Tribunal Unitario Agrario número 52 de Zihuatanejo, Guerrero, con motivo de la sentencia dictada en el expediente 158/2018 de su índice. Sin que señalara a dicho Tribunal agrario como autoridad responsable, no obstante que este juzgado previno a la quejosa en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que si era su deseo señalar como acto reclamado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, en la cual se ordenó la expedición del certificado de derechos agrarios a Alejandro de los Santos Esquivel, aquí tercero interesado, pues así lo reconocía expresamente la parte citada promovente del amparo en su escrito inicial de demanda. Por lo que mediante escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso ante la Oficialía de este Juzgado de Distrito, la quejosa de manera expresa manifestó que no era su deseo señalar como autoridad responsable al citado Tribunal, y que únicamente se inconformaba de la expedición del certificado parcelario a favor de Alejandro de los Santos Esquivel. En ese contexto, este Juzgado de Distrito solo tuvo como autoridad responsable al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad y, posteriormente, con motivo de la ampliación de la demanda, al Director General de Registro y Control Documental de dicho Registro, pero con residencia en la Ciudad de México. De manera que se evidencia que en el caso ni la autoridad Tribunal Unitario Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, ni la sentencia emitida por ésta, en la que ordenó la expedición del referido certificado parcelario en favor del aquí tercero interesado, fueron señalados como autoridad responsable y acto atribuido a ésta, respectivamente no obstante que se le diera la oportunidad a la solicitante de amparo de que así lo hiciera. Por tanto, ante dicha negativa expresa de la parte quejosa de no señalar como responsable al Tribunal Agrario citado que emitió el mandamiento de la expedición del certificado al aquí tercero interesado Alejandro de los Santos Esquivel, sino únicamente al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, y al Director General de Registro y Control Documental de dicho Registro, pero con sede en la Ciudad de México, las que únicamente se limitaron a su expedición en cumplimiento a la orden del citado Tribunal Unitario Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho mandamiento. Máxime que en el caso, la actuación de las autoridades que se señalaron como responsables y que únicamente son ejecutoras, no se controvierten por vicios propios; actualizándose de esta forma la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión. Ante ese estado de cosas, resulta concluyente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, tomando en cuenta que la solicitante del amparo decidió que no se llamara a juicio de amparo a la autoridad que ordenó la citada expedición de certificados parcelarios, con lo cual, permanecen subsistentes los actos de ejecución citados reclamados al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, y al Director General de Registro y Control Documental del citado Registro pero con residencia en la Ciudad de México, que únicamente ejecutaron tal orden. Ello, tomando en consideración que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad que ordenó la expedición del certificado parcelario, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad expresa de la quejosa que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente proceso. De ahí que no se puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de amparo, decidirse sobre actos de esa autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja sobre un aspecto en el que no procede (señalamiento de autoridades responsables), sino a resolver una controversia sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo. Ilustran lo anterior los criterios siguientes: Registro digital: 202332 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.A.T. J/6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 738 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." "Registro digital: 194684 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 113 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." "Registro digital: 164185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXXI.1 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2199 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." "Registro digital: 208065 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/205 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 468 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por otra parte, resulta necesario destacar que en el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, sobre suplencia de la queja, dado que la negativa expresa de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable al Magistrado del Tribunal Agrario Número 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero que emitió el mandamiento de la expedición de los certificados parcelarios en favor del aquí tercero interesado, no obliga a este órgano jurisdiccional a tener con tal carácter a ésta. Es decir, el referido artículo no autoriza a cambiar o modificar a los sujetos de la relación procesal establecida dentro del juicio de amparo, sino únicamente suplir los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales, así como los preceptos violados con los actos reclamados. En ese contexto, al no haber señalado la parte quejosa como responsable a la autoridad que ordenó la expedición del certificado de derechos agrarios del ejido de Playa Azul a favor de Alejandro de los Santos Esquivel, que dice le pertenecen (acto aquí reclamado), sino únicamente al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, y al Director General de Registro y Control Documental de dicho Registro, pero con residencia en la Ciudad de México, que únicamente ejecutaron tal orden; se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Eugenia de los Santos Esquivel y/o María Eugenia de los Santos Esquibel, por propio derecho, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.
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