María Felicitas Sánchez Cortés

Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • María Felicitas Sánchez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. LLEGADA REVISIÓN. Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el incidente en revisión 141/2022 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión ordinaria de uno de septiembre del año en curso, resolvió: "ÚNICO. Queda sin materia el recurso de revisión interpuesto." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 8148, al que también se anexó el cuaderno e antecedentes del incidente de suspensión I-97/2022 de este índice, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al presente expediente las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Lo anterior hágase del conocimiento a las autoridades responsables, sin que sea necesario acuse de recibo del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por María Felicitas Sánchez Cortés; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. La anterior determinación se ordena hacer del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que es quién conoce del Recurso de Revisión Incidental 141/2022, para los efectos legales que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del Despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I- 97/2022, promovido por María Felicitas Sánchez Cortés, contra actos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de febrero del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, María Felícitas Sánchez Cortés, por su propio derecho, contra el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, a quien le reclamó: ? La omisión o falta de contestación al escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. ? La falta de instalación de la toma de agua de uso doméstico, para el suministro de agua necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano. Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. A través de escrito presentado el dieciocho de abril del dos mil veintidós, la parte quejosa amplió su demanda de amparo; motivo por el cual en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda respecto de la autoridad y actos siguientes: Del Jefe de Departamento de Padrón del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua de Morelia, así como al propio Director de dicho organismo: ? El oficio número D.OO5.2022, del trece de enero de dos mil veintidós, a través del cual dio respuesta la petición que la parte aquí quejosa formuló en escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al Director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia. ? En consecuencia, la falta de notificación de dicho oficio en el domicilio que afirma señaló ante la autoridad para oír y recibir notificaciones; y, ? La falta de instalación de toma de agua de uso doméstico para el suministro del vital líquido en el domicilio que la parte quejosa afirma habita, ubicado en el número 1146 A calle Tzintzuntzan, colonia Enrique Ramírez de esta ciudad. Finalmente, desahogadas las pruebas testimonial y de inspección judicial, admitidas el dieciocho de marzo del dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: a) La omisión o falta de contestación al escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. ?????????? b) El oficio número D.OO5.2022, del trece de enero de dos mil veintidós, a través del cual dio respuesta la petición que la parte aquí quejosa formuló en escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al Director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia. c) En consecuencia, la falta de notificación de dicho oficio en el domicilio que afirma señaló ante la autoridad para oír y recibir notificaciones; y, d) La falta de instalación de toma de agua de uso doméstico para el suministro del vital líquido en el domicilio que la parte quejosa afirma habita, ubicado en el número 1146 A, calle Tzintzuntzan, colonia Enrique Ramírez de esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, se advierte la certeza de los actos reclamados. Mientras que el Jefe de Departamento de Padrón del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, de que ahí que las omisiones reclamadas a éste se presuman ciertas, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de dichos actos se corrobora con las documentales que en copia certificada adjuntó a su informe justificado el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 1295, 1976 y 2027 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: 5 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." 6 "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". 7 "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Así como con la prueba de inspección judicial desahogada en autos (fojas 55 a 68 de este expediente) a las cuales se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 197, 161 y 212 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". ????????????? En efecto, en relación con los actos reclamados precisados en los incisos a) y c) del considerando segundo, consistentes en: La omisión o falta de contestación al escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; y la falta de notificación del oficio a través del cual se le dio respuesta, en el domicilio que afirma señaló ante la autoridad para oír y recibir notificaciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del diverso numeral 61 del mismo cuerpo normativo, en el que se prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa, como ya se precisó, reclama del Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, la omisión de dar respuesta a la petición que mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno le formuló. En relación con dicho acto, al rendir su informe justificado, el referido Director comunicó que sí se omitió por parte del organismo a su cargo notificar la respuesta correspondiente a la petición formulada por la quejosa a través de su escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, porque si bien era cierto dio respuesta el trece de enero del dos mil veintidós, a través del oficio número DP.005/2022, lo cierto era que no fue notificado. Ahora bien, aun cuando la omisión relativa a la violación al derecho de petición es cierta, también es verdad que la amparista se enteró de la respuesta que a lo solicitado realizó el Director señalado como responsable, al momento en que se impuso del contenido de su respectivo informe. Tanto es así, que el dieciocho de abril del dos ml veintidós amplió su demanda de amparo respecto del referido oficio DP.005/2022 y por tanto se hizo sabedora de su contenido. En consecuencia, es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados, precisados en los incisos a) y c), del considerando segundo de esta sentencia, pues no obstante que Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, haya sido omiso en observar cabalmente el derecho fundamental al derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, por no haber notificado debidamente la respectiva contestación a la hoy quejosa, a través de la vista que este juzgado federal le dio a la parte quejosa en auto de treinta de marzo del dos mil veintidós con el informe justificado y la aludida respuesta, y haberse hecho sabedora de la misma el dieciocho de abril del dos mil veintidós (ampliación de demanda). Empero, es indudable que se destruyó la omisión que se reclama en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracciones IV y V, del cuerpo normativo en cita. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados en torno a dichos actos por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 ??????????????? DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Por otra parte, este Juzgado de Distrito también estima que respecto de los actos precisados en los incisos b) y d) del considerando segundo, consistentes en el oficio número D.OO5.2022, del trece de enero de dos mil veintidós, a través del cual dio respuesta a la petición que la parte aquí quejosa formuló en escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al Director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia; y, la falta de instalación de toma de agua de uso doméstico para el suministro del vital líquido en el domicilio que la parte quejosa afirma habita, ubicado en el número 1146 A, calle Tzintzuntzan, colonia Enrique Ramírez de esta ciudad, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal de la Ley de Amparo, que hacen valer las autoridades responsables al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Para evidenciar lo anterior conviene mencionar que los artículos citados, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1°, de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones que estimen lesivos de los derechos humanos, consiste en que sean titulares de un derecho subjetivo y que además se vean afectados de manera personal y directa. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1428, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE.- Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía". Igualmente, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, del rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociada al interés jurídico. Por tanto, es dable estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular ???????????? en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. A su vez para acreditar el interés legítimo la promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición general frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya que sea por una circunstancia personal o por una regulación grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En suma, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que el quejoso es el titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Ahora bien, en razón de que la quejosa reclama la afectación de su derecho de acceso al agua potable, resulta menester a traer a colación las siguientes consideraciones en torno a dicha prerrogativa. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de febrero de dos mil doce, se adicionó el sexto párrafo, del artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el acceso al agua para consumo, como un derecho humano. La parte conducente de dicho precepto quedó redactada en los siguientes términos siguientes: "Artículo 4°.- (.) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (.)". La Constitución Política del Estado de Michoacán prevé lo siguiente: "Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo: I) Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de sus aguas residuales; ..." Artículo 145.- El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en los términos que establece la Constitución Federal; con entera sujeción a ésta el Congreso expedirá leyes para regular el aprovechamiento de las aguas que no sean de propiedad nacional y se localicen en dos o más predios, para vigilar, dentro del territorio del Estado, el respeto a las disposiciones constitucionales sobre capacidad para adquirir el dominio de las tierras, aguas, bosques y sus accesiones y para fijar la extensión máxima de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Mientras que la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, regula lo siguiente: "CAPÍTULO TERCERO DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA HÍDRICA Artículo 4°. Los principios que sustentan la política hídrica en el Estado son los siguientes: I. El agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finito, con valor económico, social y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad; II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica es la base de la política hídrica estatal; III. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica; IV. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente; V. El Estado coadyuvará con la Federación en la regulación de los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas, en los términos que establecen la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; VI. El Estado en coordinación con la Federación se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las unidades hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas en que participe la entidad; VII. El Estado en coordinación con la Federación fomentará la solidaridad en materia de agua entre entidades federativas, usuarios y organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones de las cuencas, subcuencas y microcuencas, con el concurso de Comités, Consejos y Organismos de Cuenca; VIII. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en el uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son vitales para el agua; IX. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reúso y recirculación; X. El Estado promoverá que los municipios a través de sus órganos competentes y convenios y acuerdos que estos determinen, se hagan responsables de la prestación de los servicios hidráulicos y de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que tengan asignadas o concesionadas; en particular, el Estado establecerá las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir en la salud pública; XI. La gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes, bajo el principio de que "el agua paga el agua"; XII. Los usuarios del agua deben pagar por su uso bajo el principio de usuario pagador, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; XIII. Las personas físicas o morales que contaminen los recursos hídricos son responsables de restaurar su calidad, y se aplicará el principio de que el que contamina, paga; XIV. El derecho de la sociedad y sus instituciones, a la información oportuna, plena y fidedigna acerca de la disponibilidad y necesidades de agua, superficial y subterránea, en el espacio geográfico y en el tiempo, así como a la relacionada con fenómenos del ciclo hidrológico; XV. La participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la mejor gestión del agua y particularmente para su conservación; por tanto, es esencial la educación ambiental en materia de agua, orientada a la gestión integrada de los recursos naturales ???????????? XVI. La cultura del agua construida a partir de los principios de política hídrica, así como con las tesis derivadas de los procesos de desarrollo social y económico; y, XVII. El uso doméstico y público urbano, pecuario, agrícola y el ambiental, en ese orden, tendrán prelación en relación con cualesquier otro uso. Los principios de política hídrica estatal, serán fundamentales en la aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley y en sus reglamentos, y guiarán los contenidos de la programación hídrica estatal. Por su parte, en la Observación General número 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, estableció el derecho del agua, en los términos siguientes: "2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.". Del contenido de las normas transcritas, se obtiene que todo individuo tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua la cual, debe ser proporcionada de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, correspondiendo al Estado brindar y garantizar ese derecho. Ello porque el derecho al agua constituye no sólo una de las prerrogativas indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado por ser una condición fundamental para la supervivencia, sino también permite vivir dignamente y es necesaria para el desarrollo de otros derechos humanos, verbigracia, el derecho a una alimentación adecuada (producción de alimentos), el derecho a la salud (aseguramiento de la higiene ambiental), el derecho a la educación (baños y agua para los educandos en las escuelas), incluso es fundamental para procurarse medios de subsistencia (derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (derecho a participar en la vida cultural). De ahí que resulta prioritario el uso del líquido para fines personales y domésticos, así para evitar el hambre y las enfermedades. Sin embargo, lo anterior no implica que el derecho al agua sea ilimitado, puesto que el propio artículo 4°, de la Ley Fundamental, establece restricciones al estatuir que: ".la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines". De ese modo, será la ley secundaria la que defina la forma en que el gobernado pueda acceder a su derecho al agua potable y saneamiento. A este respecto conviene citar la jurisprudencia P./J. 122/2009, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1230, que a la letra dice: "DERECHOS Y PRERROGATIVAS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SON INDISPONIBLES PERO NO ILIMITADOS. Los derechos y prerrogativas contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son indisponibles, en tanto que ninguna ley o acto de autoridad puede desconocer su fuerza jurídica, porque de lo contrario, conduciría a la declaración de su inconstitucionalidad; empero, no son ilimitados, ya que la propia Carta Magna u otras fuentes jurídicas secundarias por remisión expresa o tácita de aquélla, pueden establecer modalidades en su ejercicio". También se invoca, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1437, que señala: "ACCESO AL AGUA. LOS ARTÍCULOS 177 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 90 DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉN LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS, NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO RELATIVO.- Los preceptos citados, al establecer la restricción o suspensión de los servicios hidráulicos, por falta de pago de los derechos correspondientes, no vulneran el derecho humano de acceso al agua reconocido por el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos de los principios en que se sustenta la política hídrica nacional, contenidos en la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, los usuarios del servicio de agua están obligados a pagar por su uso, explotación o aprovechamiento y, en ese sentido, las autoridades encargadas de la recaudación de los derechos con motivo de su gestión se encuentran facultadas para llevar a cabo la suspensión o restricción de los servicios hidráulicos, sin que con ello se prive a los usuarios del vital líquido, en la medida en que las propias normas prevén mecanismos a través de los cuales los usuarios podrán disponer de agua de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para cubrir sus necesidades básicas, hasta en tanto cubran los adeudos correspondientes". Ahora bien, con respecto al acceso al agua potable y saneamiento, la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo dispone lo siguiente: "Artículo 45. El organismo operador municipal tendrá a su cargo: I. Planear y programar en el municipio, el funcionamiento de sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento y manejo de lodos; II. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los centros de población y núcleos de población de las zonas urbanas y rurales del municipio que le corresponda, en términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren; ." Del contenido de los preceptos anteriores, se colige que para que el gobernado pueda acceder al servicio de agua potable y saneamiento y, en consecuencia, pueda gozar de las prerrogativas correspondientes reconocidas por las legislaciones ya citadas, requiere solicitar los servicios correspondientes y celebrar un contrato con los prestadores del servicio de agua potable y alcantarillado. Precisado lo anterior, cabe señalar que en su escrito de ampliación de demanda de amparo, la quejosa María Felícitas Sánchez Cortés refiere que a través del oficio número 005/2022 y, como consecuencia de ello, la falta de instalación de toma de agua en el que aduce es su domicilio, se infringe su derecho al suministro de agua, argumentando que el Estado Mexicano tiene obligación de proporcionarlo al ser considerado un derecho humano. Empero, la quejosa no justificó ser titular del derecho sustantivo que aduce afectado. En la especie la peticionaria del amparo, ofreció la prueba de inspección ocular desahogada el siete de abril del dos mil veintidós, por el Actuario adscrito a este juzgado, con la asistencia de la parte quejosa, quien en el momento de su desahogo exhibió además las documentales consistentes en su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y el aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales el Actuario adscrito asentó haber tenido a la vista y respecto de los cuales se agregó copia simple a este expediente (fojas 55 a 65). A los referidos medios de convicción se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, la amparista no acreditó fehacientemente con el conjunto de pruebas ofrecidas en este juicio que habita en calle Olivares de Tzintzuntzan, número 1146- A de la colonia Enrique Ramírez, de esta ciudad de Morelia. Ello porque la prueba de inspección judicial es transitoria, de manera que no es idónea para acreditar la posesión o habitación en el inmueble afecto de la quejosa. No obstante, sí acredita la existencia del inmueble y que en el momento en que el actuario se constituyó, no tenía servicio de agua potable. Al respecto es aplicable la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación "Registro digital: 241793 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 60, Cuarta Parte, página 29 Tipo: Aislada POSESION. LA INSPECCION JUDICIAL NO ES APTA PARA COMPROBARLA. ???????????? La inspección judicial es un medio de prueba que no basta por sí sólo para acreditar la posesión, especialmente cuando se trata de inmuebles, supuesto que no tiene más objeto que hacer que el Juez mismo compruebe por sus propios sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dice existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple inspección transitoria, sino que requiere una observación de carácter permanente, que no puede realizarse en una diligencia de tan limitada duración, como es la de que se trata; pero, aun admitiendo que la inspección judicial demuestre la tenencia u ocupación de una finca por una persona, de ninguna manera puede aceptarse que acredite que la posesión que tenga esa persona sea a título de arrendatario". Por otro lado, en los documentos ya referidos, sólo consta el nombre de la hoy inconforme y como domicilio de ésta el ya indicado; pero sólo evidencia que ante tales autoridades (Instituto Nacional Electoral y Comisión Federal de Electricidad) la quejosa tiene registrado ese domicilio y su alta en el servicio de energía eléctrica. Tampoco la quejosa justificó haber celebrado el contrato de suministro de agua y alcantarillado respectivo con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán. De hecho, la quejosa no ofreció algún medio de convicción para justificar sus pretensiones en ese sentido. La falta de prueba del interés jurídico se corrobora con el contenido del propio oficio 005/2021, suscrito por el Jefe de Padrón del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de esta ciudad, quien en respuesta a la petición formulada por la parte quejosa para que se le instalara la toma de agua de uso doméstico en el multicitado domicilio, le contestó, en esencia, que después de realizar una revisión en el área que se encarga de la contratación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no tenían registro de que se hubiere solicitado con anterioridad un contrato para el domicilio señalado; y aunque en el propio oficio le indicó cuáles eran los requisitos que debía reunir y exhibir ante dicho ente para solicitar un contrato para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de Morelia, en su demanda no hizo referencia alguna a la imposibilidad para exhibirlos ante la posible falta de tenencia de los mismos, o bien que los hubiere exhibido y, aun así, no se hubiere elaborado el contrato respectivo; y por tanto, colocado la toma de agua correspondiente. En tales condiciones, resulta inconcuso que la parte quejosa, no logró justificar su interés jurídico en el presente juicio de amparo. Se invoca la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En ese orden, los medios de convicción ya referidos, también son insuficientes para acreditar el interés legítimo de la promovente para controvertir los actos reclamados en análisis, pues al no haber acreditado con los mismos, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, que la hoy quejosa habita el domicilio ubicado en la calle Olivares de Tzintzuntzan, número 1146-A de la colonia Enrique Ramírez de esta ciudad, ni tener con contrato de suministro de agua potable para dicho lugar, no puede considerarse que hubiere puesto de manifiesto ante esta instancia federal cuál es el daño causado, en su esfera de derechos por la falta de suministro del vital líquido en el referido domicilio. En efecto, al momento de desahogarse la prueba de inspección judicial u ocular en el domicilio citado en último término, el Actuario adscrito a este juzgado asentó tener a la vista diversas llaves de flujo de agua al interior del inmueble, sin que en ninguna de ellas fluyera agua potable. Asimismo asentó en la referida acta lo siguiente: ". el de la voz observa en la fachada del inmueble visitado en la parte postrada al inferior izquierdo una reja de material de herrería color negra de aproximadamente (40cm x40cm) de cuarenta centrímetros de altura, por cuarenta centímetros de ancho, que protege un tubo de plástico color blanco (conocido como puc) de al parecer una pulgada da ancho que sale de interior del inmueble visitado mismo que no se encuentra conectado a algún otro tubo y/o medidor que pueda provenir de la calle y sirva como suministro del vital líquido. Conclusión la vivienda objeto de la presente diligencia carece de suministro de agua potable. ."8 No obstante lo observado por el Actuario adscrito a este juzgado en la referida inspección, en cuanto a que el domicilio en el cual se constituyó carece del suministro del agua potable, esa circunstancia no es suficiente para tener por acreditado el interés legítimo de la parte quejosa para promover ante esta instancia constitucional, esto es, no se puso de manifiesto fehacientemente la existencia de un vínculo entre el derecho fundamental al agua previsto por el artículo 4° Constitucional y la hoy quejosa en el aludido domicilio. Aunado a lo anterior, debe decirse que con las pruebas documentales anexas durante el desahogo de la referida diligencia de inspección, ya descritas en el cuerpo de esta sentencia, menos aún se acredita el referido interés legítimo, pues se reitera, con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y el aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, sólo se evidencia que ante tales autoridades la quejosa tiene registrado el multicitado domicilio y su alta en el servicio de energía eléctrica, pero no demuestran cómo el hecho de que la falta del vital líquido en el referido lugar, le irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, todo ello, al no haber demostrado como ya se vio, que el referido domicilio en efecto sea el lugar que habita la hoy quejosa y que ésta cuente en relación con dicho domicilio con el respectivo contrato ante el organismo competente. Consecuentemente, no existe un daño cierto, real e inminente demostrado, o bien que se adminicule con algún otro medio de prueba, para llegar a vislumbrar el perjuicio real que pueda sufrir ante la falta del vital líquido en el aludido lugar. En efecto, aunque el interés legítimo de la quejosa constituye un interés propio de que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés, éste no se ve demostrado en el presente asunto. Lo anterior, porque las manifestaciones de la quejosa no constituyen prueba fehaciente del riesgo o supuesto daño que aduce sufrir con motivo de la falta de instalación de toma de agua y suministro de dicho líquido en el domicilio multicitado, de ahí que la quejosa carezca de interés legítimo. Sirve de sustento la siguientes jurisprudencia: "Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y 8 Foja 61 de este expediente. ??????????? directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63 con relación a la fracción XII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento que se decretó, impide el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda sobre el acto reclamado; en la medida que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÙNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Felicitas Sánchez Cortés, contra actos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy doce de julio del dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I- 97/2022, promovido por María Felicitas Sánchez Cortés, contra actos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. R E S U L T A N D O:... Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÙNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Felicitas Sánchez Cortés, contra actos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy doce de julio del dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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