Maria Eugenia Rodriguez Toledo
Expediente 1071/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Eugenia Rodriguez Toledo
- Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Maria Eugenia Rodriguez Toledo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Director de Recursos Humanos, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Tesorería Municipal y Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Acto reclamado. "omisión de dar respuesta a mi solicitud de PENSIÓN POR JUBILACIÓN de fecha 23 de diciembre del año 2019." SEGUNDO. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1071/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de dictar y notificar el Decreto de Pensión por Jubilación solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Consejero Jurídico y Oficial Mayor, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, negaron los actos que el quejoso reclama en su contra. En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. En ese orden de ideas, atendiendo a que como se indicó, las autoridades responsables negaron la existencia del acto que les atribuyó la parte quejosa, y tocaba a esta última la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a Maria Eugenia Rodriguez Toledo, acreditar que las autoridades responsables recibieron la petición formulada y que éstas fueron omisas en atenderla. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Maria Eugenia Rodriguez Toledo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables RESTANTES, no obstante que éstas lo hubiesen negado al rendir su informe justificado; sin embargo, del contenido del mismo, se advierte que, efectivamente el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la quejosa presentó solicitud de pensión por jubilación, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, se hubiese resuelto sobre la procedencia o no, de la misma. De ahí que, se tenga por cierto el acto reclamado por la quejosa. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, visible en la página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó, que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes, en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí, que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En consecuencia, en el caso queda actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, respecto de los actos que se reclaman, y que se traducen sustancialmente en la omisión de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa a las autoridades responsables, por tanto, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Maria Eugenia Rodriguez Toledo, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy trece de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por Martín Francisco Arizmendi Sánchez, delegado de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual remite los acuses de recibo de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican, por ser el oficial en el que residen las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- María Eugenia Reyes García1421/2021
- María Eugenia Reyes García491/2021
- Maria Eugenia Reyes García1538/2022
- Maria Eugenia Reyes Garcia1211/2020
- Maria Eugenia Rodriguez Caballero1232/2015
- Maria Eugenia Rodriguez Toledo62/2023
- María Eugenia Rodríguez Toledo1164/2023
- Maria Eugenia Romero Solorzano1552/2015
- María Eugenia Severiano Granda1662/2022
- María Eugenia Severiano Granda1663/2022
- María Eugenia Valencia Lagunas425/2020
- María Fabiola Andraca Dumit1601/2022