María Eugenia Severiano Granda

Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1662/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • María Eugenia Severiano Granda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a la parte promovente que cuenta con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificada en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, promovida por María Eugenia Severiano Granda, contra actos de los Magistrados de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechamiento Se desecha de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el dispositivo 112 indica: "Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". En cumplimiento a lo anterior y una vez realizado el estudio respectivo de la presente demanda, se estima que debe desecharse de plano al existir motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de acuerdo con el análisis siguiente: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, (aplicado a contrario sensu) establece lo siguiente: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". En la demanda de amparo, se precisó como acto reclamado: "V.- Acto reclamado. - La resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado por los Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro del toca civil 641/2022-19, por virtud del cual desecha el recurso de queja hecho valer en contra del auto de fecha quince de agosto del año dos mil veintidós, así como de la sentencia interlocutoria de fecha trece de mayo del año dos mil veintidós." En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra registrado con el número 1663/2022, promovido por María Eugenia Severiano Granda, contra la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el toca civil 685/2022, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que confirmó el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, del estudio de esa demanda de amparo y de la que nos ocupa, se desprenden los siguientes antecedentes: ? Ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, bajo el número de expediente 426/2019, se tramitó el juicio sucesorio testamentario a bienes de Cantalicia Granda Beltrán. ? El diecisiete de enero de dos mil veintidós, se aprobó la cuarta sección denominada de partición, con base a la voluntad de la testadora, donde se tuvo a los nueve hijos heredando en copropiedad y por partes iguales el bien inmueble ubicado en calle Zacatecas número cincuenta y cuatro, de la colonia Flores Magón, de Cuernavaca, Morelos. ? El cuatro de abril de dos mil veintidós, el albacea Agustín Severiano Granda, promovió incidente de desocupación y entrega del inmueble referido, en contra de María Eugenia Severiano Granda. ? Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se tuvo al albacea Agustín Severiano Granda, promoviendo incidente de desocupación y entrega del inmueble referido, ordenándose dar vista a los herederos, y se admitió a trámite tal incidente; en específico, se ordenó dar vista a María Eugenia Severiano Granda, por el plazo de tres días, para manifestar lo que a su derecho correspondiera. ? El trece de abril de dos mil veintidós, María Eugenia Severiano Granda, fue notificada de la tramitación del incidente de desocupación y entrega del inmueble de referencia. ? El veinte de abril de dos mil veintidós, María Eugenia Severiano Granda, dio contestación a ese incidente. ? En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo a María Eugenia Severiano Granda, dando contestación a la vista que se le mandó dar con el incidente. ? En acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos del incidente a resolver. ? En interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós, se resolvió ese incidente bajo los siguientes puntos resolutivos: "Primero. Este Juzgado. es competente. "Segundo. Se declara procedente el incidente de desocupación y entrega del inmueble. "Tercero. Se ordena la entrega y desocupación del inmueble ubicado en la calle Zacatecas número cincuenta y cuatro. por parte de. María Eugenia Severiano Granda, en un término de treinta días, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, dé cumplimiento voluntario, apercibida que en caso de no hacerlo así, se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa." ? En acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, se ordenó poner en posesión del albacea Agustín Severiano Granda, del bien inmueble de referencia. ? El dos de septiembre de dos mil veintidós, se ejecutó la resolución interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós y se llevó a cabo el lanzamiento en contra de María Eugenia Severiano Granda. ? María Eugenia Severiano Granda, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós. En auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se desechó ese recurso de apelación. En contra de ese auto se interpuso recurso de apelación, con el que se formó el toca civil 685/2022, y en resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmó el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. ? María Eugenia Severiano Granda, interpuso recurso de queja en contra de la resolución interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós y del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, con el que se formó el toca civil 641/2022, y en resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió: "Primero. Se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por María Eugenia Severiano Granda, contra el auto de quince de agosto de dos mil veintidós. "Segundo. Se desecha por notoriamente extemporáneo el recurso de queja interpuesto por María Eugenia Severiano Granda, contra la sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós." Quedando de manifiesto que el juicio sucesorio testamentario 426/2019, está en etapa de ejecución. Ahora bien, el hecho de que este Tribunal de Amparo tome en consideración información relacionada con el juicio de amparo 1663/2022, del índice de este propio juzgado, encuentra su apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, invocándose como hecho notorio, a pesar de no haber sido alegado ni probado por las partes. Ahora, el acto reclamado en este juicio de amparo 1662/2022, es la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 641/2022, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el diverso acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, así como en contra de la interlocutoria de trece de mayo de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia que motivan se deseche de plano la demanda de amparo, pues conforme al citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento en el caso de ejecución; supuesto en el que no se ubica el acuerdo reclamado, ya que si bien es cierto, refiere a la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio natural, también lo es que no se trata de la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Actos intermedios en ejecución de sentencia, que no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no pueden entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, en el caso a estudio la resolución que culmine con el procedimiento de ejecución, donde podrá la parte quejosa hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia número 1ª/J. 29/2003, visible en la página 11, del tomo XVII, junio de 2003, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis entre la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de veintiuno de mayo del dos mil tres, que establece: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Así como en la tesis 2ª VIII/98, de Segunda Sala del Máximo Tribunal de país, visible en la página 230, tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En ese orden de ideas, queda evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia del juicio invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (aplicado a contrario sensu), de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo tanto, ante la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia en estudio, lo conducente es desechar la demanda de que se trata. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Autorizados conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo Se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Número telefónico y correo electrónico Ahora bien, por cuanto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. En la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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