Maria Eugenia Reyes García
Expediente 1538/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Eugenia Reyes García
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; ahora, del informe rendido se advierte que con fecha tres de octubre de dos mil veintidós, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/530/20-III, asimismo, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada; documentales que por ser de carácter público hacen prueba plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal afirmación, ya que la parte actora aquí quejosa María Eugenia Reyes García, en el presente juicio reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la denegación de justicia consistente en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 01/530/20-III; sin embargo, como ya se estableció la autoridad responsable con fecha tres de octubre de dos mil veintidós, dictó la resolución en forma de laudo dentro del referido expediente laboral, asimismo, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, notificó personalmente a la parte actora aquí quejosa dicha determinación, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (dieciocho de noviembre de dos mil veintidós), la autoridad responsable, si bien es cierto, ya había dictado la referida resolución, también lo es, que a la fecha de la presentación de la demanda no la había notificado. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal; ello sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues ello traería un retardo en la impartición de justicia, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, de acuerdo con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a Reyna Alicia Gómez Vargas, como apoderada legal de la parte quejosa. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, rinda su informe justificado; por lo tanto, no es posible su celebración y en consecuencia, se señalan de las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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