María Eugenia Hernández Chávez
Expediente 1685/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Eugenia Hernández Chávez
- Magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de siete de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio y se concedió a María Eugenia Hernández Chávez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, efectuaran lo siguiente: ."Regularice el procedimiento en el expediente 631/2022 y señale nueva fecha -dentro del plazo determinado en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora conforme a su numeral 10-, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos." Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que la responsable, mediante oficio de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del proveído de catorce de febrero del año en curso, del cual se desprende que se regularizó el procedimiento y se señalaron las nueve horas del trece de marzo del presente año, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por los artículos 116 y 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. Se declara cumplida la sentencia. En estas condiciones, se estima que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Archivo. Por ello, con fundamento en el artículo 3, fracción VII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente juicio como asunto concluido. Valoración del asunto. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, con entrada en vigor el veintiséis del mes y año en cita (día siguiente a su publicación), se establece que el presente asunto es susceptible de depuración. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Informe de cumplimiento. Del estado de los autos se advierte que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se agregó el oficio de la autoridad responsable con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, provéase lo conducente una vez que adquiera firmeza la sentencia dictada en el sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con quince minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. El secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con el informe justificado rendido por las autoridades responsables. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, revisadas las constancias del presente sumario, se advierte que en auto de admisión de la demanda de derechos, este órgano jurisdiccional determinó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, en la certificación que antecede, se hizo constar que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, el secretario de juzgado da cuenta al juez con las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, ofertada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; así como, las documentales que remitió el Tribunal responsable en apoyo a su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-III; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y Actuario Notificador adscrito a dicho tribunal. En veintiséis de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: Considerandos I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: Del magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora: a) El acuerdo en el que señaló fecha -las diez horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés - para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del juicio de Servicio Civil 631/2022. Del actuario notificador adscrito a la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; b) La omisión de realizar la notificación de la fecha de audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 893 de la Ley Federal de Trabajo, aplicado supletoriamente por mandamiento expreso del artículo 10 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto reclamado, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, en veintidós de diciembre de dos mil veintidós. En esa medida, no es cierto el acto que se le atribuye al actuario notificador adscrito a la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, consistente en: la omisión de realizar la notificación de la fecha de audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 893 de la Ley Federal de Trabajo, aplicado supletoriamente por mandamiento expreso del artículo 10 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, dentro del juicio de servicio civil 631/2022. Lo anterior es así, toda vez que, el actuario notificador al rendir su informe justificado niega el acto que se le atribuye; además de las documentales que anexa a su informe se desprende dicha inexistencia; y, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario. En efecto, como se dijo en párrafos que antecede, el actuario notificador adscrito a la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al rendir su informe justificado, informó que no era cierto el acto que se le atribuye, en virtud de que la fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, es notificada por medio de los estrados de ese Tribunal y no de forma personal, ello, dijo, en términos del artículo 125 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora; para acreditar lo anterior, remite copia certificada del auto de dos de diciembre del dos mil veintidós, en el cual se advierte que fue publicado en lista de acuerdos el día cinco de diciembre siguiente. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de diciembre de dos mil veintidós-, no existía el acto reclamado al actuario notificador, consistente en la omisión de notificar el auto -dos de diciembre de dos mil veintidós- en el que se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del juicio del servicio civil 631/2022; ya que, como se dijo, la notificación correspondiente se llevó a cabo por medio de lista que se publicó en los estrados del Tribunal responsable el cinco de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, precisado en el inciso a), apartado II, consistente en: acuerdo en el que señaló fecha -las diez horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés - para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del juicio de Servicio Civil 631/2022; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; además, su certeza se corrobora con las documentales que anexó al mismo, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 631/2022 de su índice; documentales que fueron valoradas en los párrafos que anteceden. V. Causa de improcedencia Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causas de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y este juzgador no advierte de oficio se actualice alguna, por lo que procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. VI. Conceptos de violación. El quejoso aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable señaló una fecha excesiva para celebración de la audiencia de ley. El concepto de violación es fundado, toda vez que, la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos efectivamente supera el plazo establecido para su desahogo. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora conforme a su numeral 10, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Además, prescriben que al concluir el ofrecimiento de pruebas, las partes podrán objetar las de su contrario, y se proveerá inmediatamente sobre las que admita o deseche, o en su caso, se reservará proveer al respecto, por un período que no deberá de exceder cinco días. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas, la junta deberá señalar fecha dentro de los diez días siguientes para la audiencia de desahogo, además proveerá los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo y cuando no sea posible, tendrá que señalar nueva fecha para su celebración; periodo que de ninguna manera podrá exceder de treinta días desde su admisión. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la responsable, se desprende que: El diecisiete de junio de dos mil veintidós, el quejoso promovió juicio de servicio civil, ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con el número 631/2022. Seguida la secuela procesal se señaló el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, supera el plazo de diez días establecido en la legislación obrera. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no las exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso. VII. Decisión Al haberse resultado inexistente el acto que se le atribuye al actuario notificador adscrito a la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, precisado en el inciso b), del apartado II, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, respecto al acto precisado en el inciso a) del apartado II, que se le atribuye al magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para los siguientes efectos: Regularice el procedimiento en el expediente 631/2022 y señale nueva fecha -dentro del plazo determinado en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora conforme a su numeral 10-, para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ********************respecto del acto y autoridad precisada e identificado en el inciso b) del considerando II, por las razones expuestas en el diverso III, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado al magistrado instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, precisado en el inciso a), del considerando II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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