Maria Eugenia Hernández Chávez

Expediente 1297/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1297/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Hernández Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de ********************, para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por las autoridades responsables. Efectos de la concesión del amparo. Consta en autos que el ********************, se dictó la resolución constitucional; en la que por una parte sobresee en el juicio y por otra se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: ".las gestiones necesarias a fin de lograr el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio del servicio civil ********************." III. Causa ejecutoria y se ordena requerir a las responsables por el cumplimiento al fallo constitucional. Por auto de ********************, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento al fallo constitucional. IV. Actuaciones exhibidas por las responsables. Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de diciembre del presente año, la magistrada y el actuario notificador y ejecutador de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la diligencia practicada por el actuario responsable, de la que se advierte que emplazó a la parte demandada ******************** al juicio de origen ********************; con lo que se advierte que las responsables realizaron las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento y, con ello, se cumplimentan los parámetros de los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. V. Vista cumplimiento. Con el oficio y documental en mención, por acuerdo de ********************, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgador se pronunciaría al respecto con base en los elementos existentes y los datos aportados por las autoridades responsables; determinación que le fue notificada a la parte quejosa el ********************, sin haber realizado manifestación al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto; dado que las responsables realizaron el emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen. VII. Háganse las anotaciones correspondientes. VIII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido; en el entendido que el expediente es depurable una vez transcurridos tres años. IX. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a la representación social. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio y anexos que remiten las autoridades responsables de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, de los que se advierte el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia concesoria, para el efecto de que: ".realicen, dentro de sus atribuciones las gestiones necesarias a fin de lograr el llanamiento a juicio de la parte demandada en el juicio del servicio civil ********************." Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades en trato, que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, salvo impedimento legal acreditado, al omiso se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintisiete minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. Por otra parte, se advierte que en el auto de radicación se estableció que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existía tercero interesado alguno. Lo anterior, debido a que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace constar que no ha transcurrido a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de las constancias de autos, entre estas, el informe justificado rendido por las autoridades responsables; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado (hoy tercero interesado) no comparezcan a esta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que, en el caso particular, no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva." Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el presente caso, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1297/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este juzgado de distrito, María Eugenia Hernández Chávez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados del magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Por proveído de veintisiete de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, en el juicio 631/2022. La omisión de emplazar a la parte demandada en la referida contienda laboral. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado identificado en el inciso a, pues así lo manifestó el tribunal de justicia administrativa señalado como responsable. 6. En relación con tal acto, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que mediante proveído de uno de agosto de la presente anualidad, se tuvo a la ahora quejosa María Eugenia Hernández Chávez demandando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la acción de retención injustificada de pago de premio por cumplimiento de años de servicio y otras prestaciones omitidas y no pagadas, por lo que se admitió la demanda en la vía del servicio civil y entre otros acuerdos, se ordenó el emplazamiento del instituto demandado. 7. En el informe con justificación, el tribunal de justicia administrativa negó la existencia del referido acto reclamado con el argumento de que a la fecha del consabido informe (24 de octubre de 2022), el juicio no se encontraba en condiciones legales para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, en atención a que el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil, dispone que una vez contestada la demanda, o transcurrido el plazo para hacerlo, se practicarán las diligencias necesarias y se citará a las partes, testigos y peritos para la audiencia de pruebas y alegatos. 8. En efecto, el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil dispone: "Artículo 116. El Tribunal, inmediatamente que se reciba la contestación de la demanda, o una vez transcurrido el plazo para contestarla ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará las partes y a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución." 9. En consecuencia, el acto reclamado en mención resulta inexistente, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de septiembre del año en curso-, el juicio laboral de origen 631/2022 no se encontraba en condiciones de señalar fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, pues del referido informe rendido el veinticuatro de octubre pasado, se advierte tal circunstancia. 10. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." 11. Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó dicha circunstancia, es claro que en el caso, respecto del acto reclamado identificado en el inciso a), se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. 12. Lo anterior adquiere mayor relevancia, en tanto que de la interpretación sistemática de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo revela que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que previo a realizar el estudio de otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la jurisprudencia 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Julio de 1998, página 5, con registro 196072, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Existencia del acto reclamado 13. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al actuario señalado como responsable, identificado en el inciso b, del apartado III, por así declararlo al rendir su informe justificado. Consideraciones jurídicas 14. Toda vez que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y respecto del acto reclamado indicado en el inciso b, del considerando III, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el multicitado controvertido laboral este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, por lo que procede al estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 15. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación relacionado con el acto que se estudia, que este transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que las autoridades responsables han retardado el procedimiento al no llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. 16. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el actuario no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. 17. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 18. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 19. Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 20. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 21. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 22. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 23. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 24. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las Juntas y los auxiliares, o la autoridad ante la cual se tramite la controversia laboral, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. 25. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la autoridad debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. 26. Por tanto, el actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 27. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende lo siguiente: El diecisiete de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa entabló demanda laboral ante el tribunal de justicia administrativa responsable la cual fue registrada bajo el expediente 631/2022. Posteriormente, el cuatro de julio de dos mil veintidós se turnó el asunto a la magistrada Instructora de la Cuarta Ponencia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de esta ciudad. Por auto de uno de agosto del presente año, se tuvo a la ahora quejosa María Eugenia Hernández Chávez demandando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la acción de retención injustificada de pago de premio por cumplimiento de años de servicio y otras prestaciones omitidas y no pagadas, por lo que se admitió la demanda en la vía del servicio civil y entre otros acuerdos, se ordenó el emplazamiento del instituto demandado, sin que se advierta de autos, el emplazamiento de la institución demandada. 28. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder del actuario señalado como responsable, es contrario a los principios rectores del proceso laboral. 29. Lo anterior, en virtud de que, desde el auto por el cual se encomendó la notificación de la demandada (uno de agosto de dos mil veintidós), han transcurrido hasta la data en que se pronuncia la presente sentencia, más de tres meses, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para el referido emplazamiento. 30. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 31. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión 32. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a, del considerando III, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en relación con dicho acto reclamado. 33. Por otra parte, en cuanto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el tribunal administrativo y el actuario señalados como responsables realicen, dentro de sus atribuciones, las gestiones necesarias a fin de lograr el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio del servicio civil 631/2022. 34. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido María Eugenia Hernández Chávez, respecto del acto reclamado identificado en el inciso a, del considerando III, por las razones expuestas en el diverso IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Eugenia Hernández Chávez, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b, del apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los diversos V y VI de esta sentencia constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr

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