María Esther Ortega Corrales
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Esther Ortega Corrales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. I. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. III. Devolución de documentos. Teniendo en consideración que al rendir su informe justificado correspondiente, la autoridad directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, exhibió un documento original, el cual se hace incensario seguirlo conservando en el presente asunto; por tanto remítasele mediante oficio que se gire, previa copia simple se deje agregada en autos; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Se agregan oficios sin mayor proveído. Agréguense a los autos, únicamente para que obren como legalmente correspondan, los oficios que firman la directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, y la coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Sonora, ambas con residencia en esta ciudad; sin que haya lugar a proveer respecto del informe que rinden, en virtud de que el veintinueve de noviembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. No obstante lo anterior, se les tiene por designados como delegados, en términos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indican. Asimismo, téngasele por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, a la primera de las autoridades mencionadas y proporcionando el correo electrónico para contacto, en caso de que este órgano lo estime necesario. Por último, como lo pide esa autoridad, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, hágasele la devolución del documento que señala, previa razón que por su recibo y entrega se deje asentada en autos. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 29/NOVIEMBRE/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio suscrito por el encargado de despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, envía la información que se le pidió y anexa documental. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., se tiene por exhibida y desahogada la prueba documental en mención. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el informe justificado y el oficio y anexo que se agrega, en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las razones que a continuación se exponen. El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa substancialmente se hace consistir en: La omisión o dilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de procesar el alta en nómina de pensiones. Lo anterior, pues según se advierte de la lectura íntegra de los antecedentes de la demanda y concretamente, en los conceptos de violación, no se había procesado el alta de la quejosa en la nómina de pensiones de ese instituto. Ahora bien, en el informe justificado rendido por el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidenció la existencia del reclamo, no obstante que se negó la existencia del acto. Es así, pues a pesar de que la responsable manifestó que el trámite de pensión solicitada, se aprobó en sesión ordinaria 718 celebrada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, y que el primer pago le sería cubierto en el mes de noviembre que transcurre; lo cierto es que hasta el momento de la presentación de la demanda la quejoso no tuvo noticia alguna de tal eventualidad; de ahí, la certeza del reclamo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." No obstante lo anterior, este juzgador al advertir una posible causal de improcedencia, determinó requerir a la autoridad de dicho instituto en auto de dieciséis de noviembre actual, y como efecto de tal requerimiento la responsable allegó la información y documento que se anexa, de lo cual se desprende la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Es así, pues con la información proporcionada por la autoridad, ésta, cumple con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dado que informa que la quejosa quedó dada de alta en la nómina de pensiones y jubilaciones; y, que se le realizó el primer pago de pensión por vejez correspondiente en el mes en curso, a través de la institución bancaria Santander, por medio de cheque número 1137673, por la cantidad de $4,080.06 (cuatro mil ochenta pesos 06/100 moneda nacional); lo que acredita con la documental que en copia certificada exhibió y que fue valorada con antelación, de la que se desprende que el pago corresponde a "NÓMINA NORMAL". En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la impetrante de amparo radicaba en la omisión de procesar el alta en nómina de pensiones tal como lo estipula la ley 38 de mencionado instituto, lo cierto es, como se destacó, que la quejosa ya se encuentra dada de alta como pensionada y recibió su primer pago correspondiente al mes de noviembre, por lo que es inconcuso que a la presente fecha, le fue restituido el derecho vulnerado; por tanto, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar del propio instituto responsable, las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto que la pretensión de la quejosa se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía, al haber cesado los efectos del acto por actuación de la propia autoridad responsable. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de las pensiones del que se dolían los quejosos-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio once horas con cincuenta y un minutos del catorce de diciembre del año en curso. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio suscrito por el encargado de despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, envía la información que se le pidió y anexa documental. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., se tiene por exhibida y desahogada la prueba documental en mención. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el informe justificado y el oficio y anexo que se agrega, en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las razones que a continuación se exponen. El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa substancialmente se hace consistir en: La omisión o dilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de procesar el alta en nómina de pensiones. Lo anterior, pues según se advierte de la lectura íntegra de los antecedentes de la demanda y concretamente, en los conceptos de violación, no se había procesado el alta de la quejosa en la nómina de pensiones de ese instituto. Ahora bien, en el informe justificado rendido por el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidenció la existencia del reclamo, no obstante que se negó la existencia del acto. Es así, pues a pesar de que la responsable manifestó que el trámite de pensión solicitada, se aprobó en sesión ordinaria 718 celebrada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, y que el primer pago le sería cubierto en el mes de noviembre que transcurre; lo cierto es que hasta el momento de la presentación de la demanda la quejoso no tuvo noticia alguna de tal eventualidad; de ahí, la certeza del reclamo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." No obstante lo anterior, este juzgador al advertir una posible causal de improcedencia, determinó requerir a la autoridad de dicho instituto en auto de dieciséis de noviembre actual, y como efecto de tal requerimiento la responsable allegó la información y documento que se anexa, de lo cual se desprende la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Es así, pues con la información proporcionada por la autoridad, ésta, cumple con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dado que informa que la quejosa quedó dada de alta en la nómina de pensiones y jubilaciones; y, que se le realizó el primer pago de pensión por vejez correspondiente en el mes en curso, a través de la institución bancaria Santander, por medio de cheque número 1137673, por la cantidad de $4,080.06 (cuatro mil ochenta pesos 06/100 moneda nacional); lo que acredita con la documental que en copia certificada exhibió y que fue valorada con antelación, de la que se desprende que el pago corresponde a "NÓMINA NORMAL". En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la impetrante de amparo radicaba en la omisión de procesar el alta en nómina de pensiones tal como lo estipula la ley 38 de mencionado instituto, lo cierto es, como se destacó, que la quejosa ya se encuentra dada de alta como pensionada y recibió su primer pago correspondiente al mes de noviembre, por lo que es inconcuso que a la presente fecha, le fue restituido el derecho vulnerado; por tanto, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar del propio instituto responsable, las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto que la pretensión de la quejosa se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía, al haber cesado los efectos del acto por actuación de la propia autoridad responsable. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de las pensiones del que se dolían los quejosos-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio once horas con cincuenta y un minutos del catorce de diciembre del año en curso. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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