María Eugenia Farías Pérez

Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
331/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • María Eugenia Farías Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 331/2022-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, turnado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, María Eugenia Farías Pérez, por conducto de su apoderado Jesús Ramírez Yudho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez y Notificador adscritos al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial del Tlalnepantla, Estado de México, por los actos que se precisarán en el considerando segundo. Segundo. Trámite y radicación de la demanda. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención correspondiente a la representación social federal de la adscripción, requirió a las responsables sus informes justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diligencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, se emplazó a la tercera interesada Yasmín Hernández Barrera. Así, una vez integrado el presente expediente, la audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se llevó a cabo dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, al realizar el estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado es: - El emplazamiento practicado en el juicio laboral 888/2021, promovido por Yasmín Hernández Barrera, en contra de María Eugenia Farías Pérez y otra, del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial del Tlalnepantla, Estado de México, y como consecuencia, todo lo actuado en el mismo, incluida la sentencia emitida -en su calidad de tercera extraña por equiparación-. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Notificador del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla de Baz del Poder Judicial del Estado de México, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia del procedimiento laboral y expresaron que las actuaciones realizadas en el expediente 888/2021 se han realizado conforme a derecho; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se les reclaman en el respectivo ámbito de su competencia. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de dos discos compactos relacionados con las constancias que integran el expediente laboral 888/2021 que exhibió la junta responsable, como complemento a su informe justificado; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las referidas documentales: 1. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, Yasmín Hernández Barrera promovió demanda laboral -juicio ordinario-, en contra de la aquí quejosa y una diversa persona, la cual fue admitida el veintiséis de agosto del citado año, por lo que se ordenó emplazar a la demandada y que se le corriera traslado con copia cotejada de la demanda y anexos exhibidos, de las pruebas ofrecidas por la parte actora y del citado acuerdo, conforme a lo dispuesto por los artículos 742, fracción I y 873-A de la Ley Federal del Trabajo. 2. La notificadora adscrita al Tribunal responsable, mediante razón de notificación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que elaboró con motivo del emplazamiento de la demandada, afirmó que se cercioró de ser el domicilio correcto por así indicarlo la aplicación de geo localización de Google Maps, por el dicho de las personas, ya que es un domicilio conocido, y por así indicarlo la parte actora con la que se encontraba asociada para la práctica de la diligencia, quien señaló expresamente que correspondía al domicilio donde prestó sus servicios. 3. En las siguientes actuaciones, se continuó con el procedimiento y el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el tribunal responsable emitió la sentencia respectiva. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. Al no haber causas de improcedencia hechas valer por las partes en relación con el acto reclamado en estudio, ni advertirse de oficio alguna que amerite su análisis, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, resulta procedente el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones, pues en la Ley de Amparo no existe artículo que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. La parte quejosa esencialmente: a. Aduce que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que el emplazamiento que le fue practicado en el juicio de origen, no cumplió con lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la notificadora responsable no se cercioró debidamente de que en el lugar en el que se constituyó para emplazarla era el domicilio correcto ni tampoco si la persona a notificar efectivamente tiene su domicilio en ese lugar. b. Afirma que la notificadora responsable se presentó en el domicilio ubicado en avenida Paseo de los Ahuehuetes, número 12, módulo 08, casa 1002, fraccionamiento del Valle de las Pirámides, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que se ordenó en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, el domicilio indicado por la actora en la demanda es casa 102 y no 1002. c. Además, manifiesta que su domicilio es el ubicado en calle La Patera, número ED57, Unidad Habitacional Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07700, como se advierte del original de recibo de gas de la compañía "COMER METROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", respecto de la facturación de marzo de dos mil veintidós; aunado a que del original del contrato de arrendamiento de dieciséis de junio de dos mil veinte, se desprende en su cláusula tercera, que arrendó el inmueble ubicado en avenida Paseo de los Ahuehuetes número 17, módulo 102-08, Unidad Habitacional Valle del Tenayo, código postal 54147, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, hasta el quince de junio de dos mil veintiuno. d. También refiere que en las razones actuariales se asentó que el emplazamiento de las dos demandadas se efectuó a las diez horas con seis minutos y diez horas con diez minutos, lo que, desde su óptica, implica que la notificadora no se trasladó físicamente al domicilio de las buscadas, pues éste se encuentra a quince kilómetros de distancia del local que ocupa el tribunal responsable. e. Finalmente, argumenta que si para acceder al domicilio de las demandadas es necesario que se les permita el acceso por parte del guardia de seguridad, era necesario que la notificadora asentara en su razón esa circunstancia, lo cual, a su parecer, no realizó. Sexto. Estudio de fondo del asunto. Cabe destacar que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se analizarán en estricto derecho, ya que quien promovió el juicio de amparo es la parte demandada en el proceso laboral de origen, es decir, la parte patronal; por ello, no opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, ni aun tratándose de la violación de mayor magnitud como es la defectuosa práctica del emplazamiento. Resultan infundados los conceptos de violación, en virtud de las siguientes consideraciones. En principio, es importante destacar que de entre las diversas prerrogativas que contiene el artículo 14 de nuestra Carla Magna, destaca el derecho de audiencia, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, previamente al dictado de un acto en detrimento del gobernado, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Las formalidades apuntadas y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad tutelada en el párrafo primero del artículo 16 del ordenamiento fundamental mencionado, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que les agravia, que no se emite de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que le rige. Conforme tales imperativos, todo procedimiento o juicio debe estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludible y previamente a la emisión de cualquier acto de detrimento, distintas etapas que configuran las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, que consisten: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas encuentran su origen en la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, registro digital 200234, de contenido: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora, como quedó apuntado, los actos impugnados derivan del juicio laboral 888/2021, promovido por Yasmín Hernández Barrera en contra de María Eugenia Farías Pérez y otra, del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; por ello, para analizar su constitucionalidad deben tomarse en consideración las reglas previstas en los artículos 741, 742, fracción I, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de la que derivan las formalidades que debe observar la diligencia de emplazamiento, entre las que destacan: i) Se harán personalmente las notificaciones, entre otras, el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que ahí se dicte. ii) El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. iii) En el supuesto de que esté presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución y entregará copia de la misma; si se trata de persona moral, el diligenciario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla. iv) En caso de que el interesado o su representante no estén presentes, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada. v) Si a pesar de haber dejado citatorio no se encuentra presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se localice en la casa o local, pero si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. vi) Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. Asimismo, mediante reforma a la citada Ley Federal del Trabajo, publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron lineamientos que el actuario debe seguir en la diligencia de emplazamiento, como son los siguientes: 1. Asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye, exponiendo las características exteriores de la casa, inmueble, local, o espacio físico en el que se realice la diligencia de notificación, y los medios por los que se cerciore de ser el domicilio buscado. 2. En caso de no encontrarse la persona buscada asentará el nombre y apellidos de quien recibe la cédula de notificación y la relación que guarda con ésta o en su caso el puesto de trabajo que desempeña; de rehusarse a proporcionar su nombre o la relación que guarda con la persona buscada, se asentará su media filiación. 3. En cualquier caso, los medios de convicción deben evidenciar que el domicilio corresponde al señalado para realizar la notificación y que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa o local en que se constituye. 4. Se pueden anexar fotografías o cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razón que al efecto levante. 5. Los Tribunales y los Centros de Conciliación deben contar con un sistema de registro voluntario para que las empresas, patrones o personas físicas empleadoras, cuenten con un buzón electrónico al que se deberá comunicarles la existencia de algún procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse, sin que dicho aviso sustituya a la notificación procesal; no obstante, deberá constar tal circunstancia en la razón del actuario. Sentado lo anterior y analizadas las constancias que integran el proceso de origen, se concluye que el proceder de la notificadora adscrita al tribunal responsable se ajustó al marco normativo que rige el emplazamiento en procedimientos del orden laboral. Tal como se advierte de la constancia del juicio laboral de origen de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, cuyo contenido es del tenor siguiente: "En el expediente 888/2021, se dictó auto de fecha: quince de octubre de dos mil veintiuno, en donde se ordena notificar y emplazar a: GABDY FARIAS y MARÍA EUGENIA FARIAS PÉREZ, como demandados, por lo que, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado, procedo a buscar el inmueble señalado en autos, como el domicilio de las personas buscadas ubicado en: AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NÚMERO 12, MODULO 08, CASA 1002, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE DE LAS PIRÁMIDES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, y toda vez que me constituyo en el municipio, fraccionamiento, avenida, y número exterior, por así indicarlo la aplicación de geolocalización de Google Maps la cual utilizo como herramienta de trabajo; por el dicho de las personas ya que es un domicilio conocido, porque se advierte del recorrido que realizo por la zona, y por así indicarlo la parte actora con la que me encuentro asociada, señalando expresamente el domicilio donde prestó sus servicios, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector: HRBRYS80121309M200. Procedo a constituirme fuera del fraccionamiento donde señala la parte actora se encuentra el inmueble buscado, asimismo, me auxilian dos oficiales de Seguridad Pública del Municipio de Tlalnepantla de Baz; y en la entrada atiende a nuestro llamado una persona del sexo masculino, ANTE QUIEN ME IDENTIFICO CON GAFETE OFICIAL EXPEDIDO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, haciéndole saber mi nombre, cargo y adscripción, solicitándole me proporcione su nombre e identificación; por lo que describo su media filiación: complexión mediana, tez morena, cabello corto color negro, ojos oscuros, de cuarenta y cinco años de edad, de un metro con setenta y cinco centímetros, porta playera color roja y pantalón de mezclilla, tatuaje de un rosario en el brazo izquierdo; a quien le pregunto por GABDY FARIAS y MARÍA EUGENIA FARIAS PÉREZ, con domicilio en AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NÚMERO 12, MODULO 08, CASA 1002, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE DE LAS PIRÁMIDES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, refiriendo que conoce a las personas buscadas y el domicilio buscado se encuentra dentro del fraccionamiento, y que toda vez que estamos constituidos con fuerza pública, sólo le permitirá el acceso a una persona, no obstante de ello, le comento que el acuerdo que me ordena practicar la diligencia, manifiesta ser asociado por la parte actora, por lo que solicito nos permita el acceso a ambas; y ante dicha manifestación comienza a agredir verbalmente al abogado de la parte actora, negándose a dejarnos ingresar. Los dos oficiales de Seguridad Pública del Municipio de Tlalnepantla de Baz, platican con la persona con estamos (sic) entendiendo la diligencia, apercibiéndolo en términos de ley, para que nos permita practicar la diligencia. Por lo que después de unos minutos, me permiten el ingreso con la parte actora, quien señala expresamente el domicilio donde prestó sus servicios. Procedo a tocar la puerta en repetidas ocasiones, sin que nadie atienda a mi llamado, pese a que se escuchan ruidos dentro de la casa-habitación. Toda vez que la persona con quien entiendo la diligencia, señala expresamente que ese domicilio pertenece a las personas buscadas, sin embargo, no se encuentran en ese momento, refiere él puede recibir la notificación y entregárselas posteriormente, sin embargo, no firmará de recibido porque se puede meter en problemas. Asimismo, se dirige a la actora diciéndole: 'si ya sabes cómo son aquí, para que vienes a dejar tus notificaciones, sabes que ellas no te van a recibir'. Terminando de llenar las cédulas de notificación, se le hace entrega de las mismas junto con sus anexos, a la persona con quien entiendo la diligencia, quien en ese momento se niega a recibírmelas, porque está ocupado platicando con el sobrino de las personas buscadas, mencionando que se las deje en la puerta del inmueble, y terminando su plática procederá a despegarlas. Ahora bien, y debidamente cerciorada de ser el inmueble y domicilio correcto, donde efectivamente tiene su domicilio la persona buscada, en cumplimiento al auto antes mencionado y dada la negativa de la persona que me atiende de recibir la notificación y documentos, se le hace del conocimiento el motivo de mi presencia mediante lectura que se da en voz alta del acuerdo a cumplimentar, por lo que en términos de la Ley, en este acto y de conformidad en los artículos 740 y 743 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, y procedo a NOTIFICAR Y EMPLAZAR a: GABDY FARIAS y MARÍA EUGENIA FARIAS PÉREZ, por lo que dejo fijado en la puerta del inmueble: copia debidamente sellada y cotejada de la demanda, anexos que adjunta la parte actora, pruebas que acompaña la misma, del acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, de la promoción 4666/2021, del acuerdo de fecha quince de octubre del dos mil veintiuno, así como de las cédulas de notificación en original. Informándole que la presente notificación y emplazamiento surte sus efectos a partir de este momento. No obstante de lo anterior, se le hace del conocimiento que tiene un término de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir de que surta efectos de notificación el emplazamiento, para que den contestación a la demanda, ofrezcan pruebas y, en su caso, formulen reconvención y objeten las pruebas de la parte actora, conforme a lo establecido en el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado para tal efecto, se les tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, y por precluido su derecho para realizar todas las acciones procesales señaladas con anterioridad en términos de lo establecido en el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de residencia de este Tribunal o, en su caso, el buzón electrónico, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán por boletín, en atención a lo establecido en los artículos 739 y 873-A de la ley invocada." En la diligencia de emplazamiento de la quejosa María Eugenia Farías Pérez, se hizo constar que la funcionaria se constituyó a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el domicilio situado en Avenida Paseo de los Ahuehuetes, número 12, módulo 08, casa 1002, Fraccionamiento del Valle de Pirámides, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en busca de la demandada en mención, cerciorándose de encontrarse en el lugar correcto, por lo siguiente: 1. Por así indicarlo la aplicación de geo localización de Google Maps, la cual es utilizada como herramienta de trabajo. 2. Por el dicho de las personas, pues es un domicilio conocido, lo cual se advirtió del recorrido que realizó por la zona y por así indicarlo la parte actora con la que se asoció en la diligencia, quien mencionó expresamente que aquél es el domicilio donde prestó sus servicios a la demandada. 3. Por haber sido atendida en la entrada por una persona del sexo masculino (cuya media filiación fue asentada), quien refirió que conoce a las personas buscadas (Gabdy Farías y María Eugenia Farías Pérez) y que el domicilio buscado se encuentra dentro del fraccionamiento al que acudió. 4. Porque al tocar la puerta del domicilio en repetidas ocasiones nadie atendió a su llamado, pese a que se escuchaban ruidos dentro de la casa-habitación. 5. Porque la persona con quien entendió la diligencia mencionó expresamente que el domicilio en el que se constituyó pertenece a las personas buscadas, pero que no se encontraban presentes en ese momento. Así, una vez cerciorada de que el domicilio en que se constituyó correspondía al lugar en que labora y/o tiene su principal asiento de negocios la demandada, y una vez que se le permitió el acceso al interior del fraccionamiento, requirió a la persona que le atendió la presencia de la parte demandada y al no encontrarse presente en ese momento, entendió la diligencia con esa persona, de quien realizó una descripción de su media filiación y quien expresamente señaló que ese domicilio corresponde a las personas buscadas (entre ellas la quejosa María Eugenia Farías Pérez), razón por la cual la diligencia de emplazamiento fue realizada con la misma persona, y ante su negativa de recibir la cédula respectiva, le fue fijada en la puerta del inmueble, corriéndole traslado con la demanda, anexos, pruebas que acompañó, auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de la promoción 4666/2021, de los acuerdos de catorce de septiembre y de quince de octubre de dos mil veintiuno, así como de la cédula de notificación original. De igual forma, se desprende que en la cédula de notificación respectiva se precisó el número de juicio, el nombre de las partes intervinientes, el nombre y domicilio de la persona a notificar, la fecha y hora en que se practicó la diligencia y las determinaciones que se cumplimentaron; también, en la razón que se levantó, se asentó la media filiación de la persona que permitió el acceso al inmueble ubicado en el interior del fraccionamiento mencionado. Además, a través de las constancias con que se le corrió traslado a la parte demandada, aquí quejosa, se le hizo del conocimiento la denominación del tribunal laboral ante el que se ventila dicho sumario, las prestaciones que le fueron reclamadas y el nombre de quien instauró la demanda en su contra, a fin de que estuviera en posibilidad de dar contestación. Es de resaltar que el cercioramiento de que el lugar al que se acudió constituye el domicilio de la demandada aquí quejosa, esto es, que en ese sitio labora y tiene el principal asiento de sus negocios, se sustenta, entre otros aspectos, con lo manifestado por la persona quien permitió el acceso al inmueble, quien aseveró que conoce a la buscada (María Eugenia Farías Pérez) y que el domicilio se encuentra ubicado en el interior del fraccionamiento en el que se hizo presente; así también, por el dicho de quien entendió la diligencia al referir que en el domicilio en que se constituyó la fedataria judicial y la parte actora, pertenece a las personas buscadas y, posteriormente, la fijación en la puerta del inmueble de la cédula de notificación correspondiente, pues incluso, el fedatario capturó una fotografía del domicilio en el que se constituyó, sin que la parte quejosa hubiera aportado medio de convicción alguno con el fin de desvirtuar lo anterior. Lo anterior es así, en razón de que el medio de convicción allegado por la quejosa, consistente en el original del (i) contrato de arrendamiento de dieciséis de junio de dos mil veinte, celebrado en su calidad de "arrendataria", prueba únicamente que el inmueble ubicado en avenida Paseo de los Ahuehuetes, número 12, módulo 08, casa 102, fraccionamiento del Valle de las Pirámides, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en que se practicó la diligencia de emplazamiento, fue arrendado por la quejosa y que dicho acuerdo de voluntades estuvo vigente hasta el quince de junio de dos mil veintiuno, según se advierte de la cláusula tercera, esto es, una fecha anterior a la que se practicó el emplazamiento reclamado. Sin embargo, dicha documental no es idónea para demostrar que la ahora quejosa dejó de arrendar ese inmueble, pues al margen de que no acreditó que en la fecha en que se practicó el emplazamiento combatido habitara en una dirección diversa a la mencionada, en la cláusula décima novena del contrato de arrendamiento las partes pactaron la posibilidad de seguir arrendando el inmueble en cuestión, por lo que presuntivamente existe probabilidad de que respecto del citado inmueble se hubiere prorrogado el arrendamiento; por ello, dicho contrato de arrendamiento no es apto para demostrar que la persona buscada no habitaba el domicilio en que se practicó el emplazamiento. Por su parte, el original del recibo de gas de la compañía "COMER METROGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", relativo a la facturación de marzo de dos mil veintidós en el domicilio localizado en calle La Patera número ED57, departamento 02, Unidad Habitacional Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07700, es insuficiente por sí mismo para demostrar la ilegalidad del emplazamiento, pues únicamente comprueba la facturación, y en su caso, el pago que se debe efectuar por la prestación del referido servicio suministrado en un inmueble, pero de modo alguno es eficaz para demostrar la ilegalidad del acto reclamado y que efectivamente la quejosa labora y tiene el principal asiento de sus negocios en un domicilio diverso. Aunado a lo anterior, la circunstancia de que la fedataria judicial haya asentado en la diligencia de emplazamiento que se constituyó en el inmueble identificado como 1002 y no en el 102, no genera de manera automática que la diligencia se torne ilegal o irregular, pues es evidente que se trata de un error mecanográfico que no incide en la garantía de audiencia de la parte quejosa, pues como ha quedado establecido, la legalidad de la diligencia analizada se sustenta, entre otros aspectos, con lo manifestado por la persona que permitió el acceso al inmueble a la funcionaria judicial, quien además de aseverar que conoce a las personas buscadas -entre ellas a la impetrante-, mencionó que el domicilio al que acudió la notificadora se encuentra ubicado en el interior del fraccionamiento, el cual pertenece a las demandadas. De ahí que las probanzas ofrecidas sean ineficaces para demostrar razonablemente que el domicilio de la agraviada se ubica en uno distinto al en que se practicó la diligencia de emplazamiento refutada de ilegal. Además, cobra relevancia el hecho de que la diligencia de emplazamiento fue entendida con quien se encontraba presente en el domicilio en que se realizó la diligencia de emplazamiento, quien fue la misma persona que expresó que el inmueble buscado corresponde a las demandadas; máxime que María Eugenia Farías Pérez no evidenció que la notificación que se le practicó fuera ilegal por haberse inobservado, en su realización, los requisitos que marca la ley aplicable; en otras palabras, no demostró fehacientemente que tuviera un domicilio distinto a aquel en que se efectuó el emplazamiento ni que la persona con quien se practicó no tuviera el carácter de trabajador en el domicilio, a pesar de recaer sobre ella la carga de la prueba De ahí que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la diligencia de emplazamiento no transgrede sus derechos fundamentales, porque la fedataria si se cercioró debidamente de su domicilio y se percató que en dicho lugar laboraba o se encontraba el principal asiento de sus negocios de la parte quejosa. Además, de la intelección de los numerales 741, 742, fracción I, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, no se advierte obligación alguna que recaiga sobre el funcionario que practicó el emplazamiento de verificar la veracidad de lo expresado por quien atendió la diligencia, en el sentido de que efectivamente sea empleado o trabajador del lugar, sino únicamente de asentar aquellos datos que resulten suficientes para constatar el cercioramiento sobre el domicilio correcto, lo que en el caso se colmó. Ni tampoco, de dichos numerales se aprecia la necesidad de que se describa exhaustivamente el inmueble en que se constituye o mayores datos y requisitos a los anteriormente reseñados. También es de destacar que de las actuaciones valoradas se aprecia que la fedataria responsable se allegó de los suficientes medios para cerciorarse debidamente que el lugar en el que practicó el emplazamiento a juicio de María Eugenia Farías Pérez es donde labora o tiene su principal asiento de negocios. Por lo anterior, puede concluirse que el Ilamamiento a juicio cumplió con las exigencias previstas en la legislación obrera, ya que, si la ley no exige mayores requisitos que los apuntados, no es dable considerar que la notificación es carente de eficacia, ni aun en el supuesto de que no se comprobara el vínculo entre quien se dejó la notificación y la persona buscada, pues ello no es exigido por los dispositivos legales que han sido aludidos. Aunado a que, se insiste, la parte quejosa no exhibió prueba idónea para demostrar que la persona con la que se entendió la diligencia no fuera su empleado o que no laborara en el inmueble en el que se constituyó la notificadora para desahogar la notificación, ni mucho menos desvirtuó que el domicilio descrito materialmente por la actuaria no corresponda al de la solicitante de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.T. J/7 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1636, registro digital 176018, que indica: "CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS. Del artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el actuario debe cumplir con ciertas formalidades para que tanto el citatorio como el emplazamiento sean jurídicamente válidos; esto es, debe cerciorarse de que el lugar en el que se apersonó es aquel en el que debe actuar, así como en donde puede localizarse a la persona que debe notificar, porque ahí habita, trabaja o tiene su domicilio. Para cumplir con lo anterior, debe expresar las razones particulares o medios de convicción que tenga a su alcance para determinar que el domicilio en el que actúa es el correcto para practicar el emplazamiento a juicio, e indicar las características del inmueble donde se constituyó, y cualquier otra circunstancia objetiva que revele que se ubicó en el domicilio ordenado, y no únicamente mencionar que lo tuvo a la vista; además, en su caso, los nombres de las personas que le indicaron que ahí es el domicilio del demandado, o bien, la negativa a proporcionar su nombre y no únicamente señalarlos genéricamente; es decir, debe hacer constar en las actas respectivas los medios de que se valió, tanto objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), como subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien se busca o en su caso al representante legal de la persona moral demandada, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario." También es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/84 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página mil ochocientos doce, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." De igual forma resulta infundado lo sostenido por la quejosa en el sentido de que es inverosímil que en las razones actuariales se asentara que el emplazamiento de las demandadas se efectuó a las diez horas con seis minutos y diez horas con diez minutos, cuando su domicilio se localiza a quince kilómetros de distancia del local que ocupa el tribunal responsable, lo cual, desde su punto de vista, es imposible que la diligenciaría estuviera en aptitud de arribar a ese lugar. La razón de lo infundado radica en que, contrariamente a lo expuesto, en las razones actuariales se hizo constar que la funcionaria se constituyó a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, no así en la temporalidad que indica la agraviada; además, la distancia del lugar en que se ubica el tribunal obrero del sitio en el que se practicó el emplazamiento no es factor determinante para estimar que existió algún vicio en la diligencia a cargo de la notificadora. Aunado a lo anterior, en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable, se estableció expresamente que la parte actora debía estar presente una hora antes de las diez horas en las instalaciones del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, con el objeto que de ahí partir a la fuente de trabajo en la que habría de practicarse el emplazamiento, circunstancia que refuerza lo infundado del concepto de violación que se analiza, pues se estima que existe un lapso de tiempo prudente para desplazarse y llegar al lugar en que se practicaría la diligencia. Finalmente, no le asiste razón a la solicitante del amparo al sostener que la notificadora omitió asentar que para acceder al domicilio en el que desahogó la diligencia de emplazamiento era necesario el permiso por parte del guardia de seguridad que se ubica al exterior. Tal calificativo radica en que la notificadora sí narró ese hecho, incluso, fue precisamente con la persona que se encontraba en la entrada (guardia) con quien entendió la diligencia, pues para ello, expuso: "(.) y en la entrada atiende a nuestro llamado una persona del sexo masculino, ANTE QUIEN ME IDENTIFICO CON GAFETE OFICIAL EXPEDIDO POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, haciéndole saber mi nombre, cargo y adscripción, solicitándole me proporcione su nombre e identificación; por lo que describo su media filiación: complexión mediana, tez morena, cabello corto color negro, ojos oscuros, de cuarenta y cinco años de edad, de un metro con setenta y cinco centímetros, porta playera color roja y pantalón de mezclilla, tatuaje de un rosario en el brazo izquierdo; a quien le pregunto por GABDY FARIAS y MARÍA EUGENIA FARIAS PÉREZ, con domicilio en AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NÚMERO 12, MODULO 08, CASA 1002, FRACCIONAMIENTO DEL VALLE DE LAS PIRÁMIDES, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, refiriendo que conoce a las personas buscadas y el domicilio buscado se encuentra dentro del fraccionamiento,(.)". En las relatadas condiciones y ante la ineficacia jurídica de los motivos de inconformidad formulados por la amparista, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. La negativa del amparo se hace extensiva al resto de las actuaciones del procedimiento de origen, ya que en el caso tales actos no se combaten por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del emplazamiento al juicio laboral primigenio. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Eugenia Farías Pérez, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese, por lista a la tercera interesada, vía electrónica a la quejosa, personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla de Baz del Poder Judicial del Estado de México, por sí y en representación del Tribunal y Notificador de su adscripción; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas los discos versátiles digitales que anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, transcurre el término de quince días que se otorgó a las responsables PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO; JUEZ DEL PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO; y, NOTIFICADOR ADSCRITO AL PRIMER TRIBUNAL LABORAL DE LA REGIÓN JUDICIAL DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, mediante auto de veinticinco de marzo del año en curso, para que rindan su informe justificado, toda vez que se les notificó el oficio con el que se les requirió, el veintinueve de marzo siguiente; por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, tomando en consideración que está por fenecer el término de referencia, se libran oficios recordatorios a las autoridades responsables, para que remitan su informe de ley a la brevedad, con el fin de no retrasar la oportuna integración y resolución de este asunto. En el entendido que les subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

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