María Esther Macedo González
Expediente 428/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Esther Macedo González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, y al haberse desechado la demanda de amparo es susceptible de destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa María Esther Macedo González, por medio del cual desahoga las prevenciones formuladas en auto de veinte de abril del año en curso; por tanto, se procede a proveer lo conducente. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado la ilegal notificación realizada el once de marzo del año en curso, en el juicio laboral 392/2016. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado que narra la quejosa en su escrito inicial de demanda se advierte que promovió un juicio laboral en contra de Susana Montalvo Cisneros, la cual se radicó con el número 392/2016, ante la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Posteriormente, la quejosa revocó a los apoderados y/o autorizados que inicialmente señaló en ese juicio y designó a otros. Sin embargo, refiere que con fecha once de marzo de dos mil veintidós, la actuaria adscrita a la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, practicó una notificación personal a Héctor Hugo Olguín Miranda, apoderado que con anterioridad había sido revocado en su nombramiento, por lo que dicha notificación se torna ilegal, al haberse realizado en contravención a lo dispuesto en los artículos 741, 752, y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Que lo anterior la dejó en completo estado de indefensión, porque derivado de ello, con posterioridad la autoridad responsable decretó la caducidad de la acción y ordenó el archivo del expediente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal precepto legal contempla la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo cuando contra las resoluciones judiciales la ley respectiva conceda algún recurso o medio defensa dentro del procedimiento mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por lo que en ese caso quien acude a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión deberá agotar previamente el recurso o medio de defensa ordinario que corresponda. La causa de improcedencia en estudio descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, conforme al cual es procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. En esos términos se ha pronunciado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/372, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese sentido, se advierte que previo a la promoción del juicio de amparo contra la ilegal notificación de la parte quejosa en el juicio laboral 392/2016, debió plantear el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 752 y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo -vigente a la fecha en que fue iniciado el procedimiento de origen-, por ser un medio que puede conducir a la revocación modificación o anulación del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T. J/51 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que indica: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." No resultan inadvertidas las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso la parte quejosa tiene el carácter de actora dentro del juicio de origen, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento laboral primigenio; de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural, además, como se desprende de lo vertido por la promovente, fue la propia quejosa quien promovió el juicio laboral radicado con el número 392/2016, en contra de Susana Montalvo Cisneros. En ese tenor, la peticionaria del amparo se encuentra en aptitud legal de impugnar la ilegalidad de la notificación a través del incidente de nulidad mencionado. Asimismo, sustenta a la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que estipula: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE NCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del apoderado legal de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual informa que desbloqueó la cuenta bancaria de la parte quejosa ***, sin embargo, es omisa en remitir la documental fehaciente de la que se advierta su dicho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le requiere para efecto de que en el término de tres días al en que se le notifique la presente determinación, remita copia certificada en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito de la que se advierta lo anterior, en el entendido de que le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Se invoca la jurisprudencia PC.I.C. J/63 C (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo II, página 991, décima época, registro digital 2016135, que dice: "DOCUMENTOS CERTIFICADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBEN SER EXPEDIDOS POR FUNCIONARIO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y NO POR APODERADO LEGAL, EN VIRTUD DE QUE NO REÚNE LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY CITADA. El artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito es taxativo al señalar que las certificaciones a que se refiere únicamente pueden realizarlas los funcionarios autorizados por la entidad financiera para tal efecto, es decir, no dio cabida a interpretación acerca de la persona que debe elaborar la certificación referida, lo que se justifica interpretando el artículo 90 de la misma ley, el cual dispone que el nombramiento otorgado a los funcionarios autorizados debe ser inscrito en el Registro Público del Comercio previa ratificación de firmas ante fedatario público del documento auténtico en el que conste el nombramiento respectivo. En ese sentido, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se advierte que el legislador federal previó que el nombramiento del funcionario bancario facultado por dicha institución para cumplir determinadas obligaciones, debía estar inscrito ante el Registro Público de Comercio, porque de esta manera se evita que las entidades bancarias deliberadamente otorguen nombramientos y faculten a cualquier empleado, dependiente o incluso a un tercero ajeno a la organización de la entidad crediticia, según sus intereses; protegiendo a su vez, la certeza de las certificaciones llevadas ante las autoridades, pues con dicha disposición se tiene mayor certidumbre sobre las certificaciones realizadas por los funcionarios bancarios facultados para ello. Por tanto, la certificación realizada al amparo del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito sólo puede llevarla a cabo un funcionario de la institución bancaria previamente autorizado para tal efecto y cuyo nombramiento esté inscrito en el Registro Público del Comercio, no así el apoderado legal del banco, que en la mayoría de las ocasiones no es funcionario de éste, por lo que carece de facultades para ello, pues de hacerlo, podría violentarse el secreto bancario contemplado en el artículo 142 de la ley mencionada, toda vez que tendría acceso a la información que se encuentra bajo resguardo y sigilo de la institución de crédito." Notifíquese.
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