María Eudelia López Arias
Expediente 655/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Eudelia López Arias
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Y REGISTRO Vista la demanda promovida por María Eudelia López Arias, por propio derecho, con fundamento en los artículos 37 y 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 655/2023-VI, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la quejosa respecto a la responsable, consisten en: La omisión de emitir el pago de pensión otorgado mediante dictamen CP/79953/22, de quince de julio de dos mil veintidós, aceptado por el quejoso el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera como "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado: la omisión de emitir el pago de pensión otorgado mediante dictamen CP/79953/22, de quince de julio de dos mil veintidós, emitido por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por conducto de su Presidente, en términos del escrito de aceptación de pensión que presentó el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Primeramente, debe destacarse que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios (conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios) que cumple con la función de prestar el servicio público de seguridad social a través del otorgamiento de servicios de salud, pensiones y créditos. Además, tiene reconocido un doble carácter: 1. como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas por los poderes públicos del estado y sus servidores públicos, caso en el que actúa como autoridad en una relación de supra a subordinación; y 2. como ente asegurador, en sustitución del patrón, caso en el cual, actúa en un plano de igualdad. Es este último supuesto el que interesa al caso concreto, pues la omisión reclamada está íntimamente relacionada con la actuación de la autoridad responsable en su carácter general de ente asegurador, en sustitución de las obligaciones del patrón (poderes públicos del estado); esto es, en un plano de coordinación en relación con el servidor público o sus beneficiarios. Ahora, en relación con el tema de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que existen dos supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador, los cuales son: 1. Cuando se busque obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, aduciendo la inconstitucionalidad de la norma aplicada; como sucede, por ejemplo, en tratándose de la negativa de una pensión con base en un artículo de la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad se cuestiona. 2. Cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, para el único efecto de que de que el funcionario o empleado público emita una respuesta; en la inteligencia de que ésta no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, sino en el evento de controvertirse, debe hacerse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos supuestos de excepción se cubre en este asunto, toda vez que la parte quejosa no se duele de la inconstitucionalidad de alguna norma general en la que se haya sustentado una negativa de otorgarle alguna pensión; ni tampoco se advierte que se haya alegado una violación al derecho de petición de forma autónoma, pues lo que se pretende impugnar por esta vía, es que la autoridad responsable haga efectivo el dictamen por el que se le otorgó una pensión (a través del pago que se le realice) y no que otorgue una respuesta a determinada solicitud. En ese contexto, no se está en ninguno de los supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la finalidad de obtener la protección efectiva del derecho humano a la seguridad social, mediante la impugnación de la constitucionalidad de la norma legal aplicada por la responsable, ni se planteó la falta de contestación a su petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) , que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.". No pasa desapercibido que la tesis transcrita se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y no a las autoridades designadas como responsables (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente, porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. Por ello, se insiste, la relación jurídica que une al Instituto citado con sus asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón (poderes públicos) porque no está investido de imperio; esto es, en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Al respecto, se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País4 , de contenido: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia.". No se soslaya que aduce que se trata de un derecho de petición; sin embargo, tal cuestión la hace depender de la omisión del pago que reclama de manera destacada, es decir, como se dijo, no se trata de una solicitud de manera autónoma, sino derivado de la determinación de pensión de quince de julio de dos mil veintidós. Cabe precisar, que el criterio adoptado en la presente determinación, no implica que se violen los derechos de la parte quejosa consistente en contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), localizable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Décima Época, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." Finalmente, cabe destacar que este Juzgador no pasa inadvertido que el promovente alega que la omisión de entregar la pensión aceptada, afecta su derecho a la salud y al mínimo vital; sin embargo, lo cierto es que los aspectos que inciden en una pensión necesariamente se encuentran ligados de manera indirecta a diversos derechos fundamentales. No obstante ello, la propia Suprema Corte de Justa de la Nación, estableció que procede el juicio contencioso administrativo contra la omisión, actualización y cálculo de incrementos a las pensiones concedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siempre que exista una negativa expresa o ficta que haya dado respuesta a una petición previa del pensionado; esto es, sujetó al gobernado a cuestionar ante los tribunales ordinarios la omisión, actualización o cálculos relacionados con su pensión, motivo por el cual, se insiste, que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Dicho criterio, fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado.". No resulta inadvertido que la tesis transcrita se refiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. En inteligencia de lo anterior, y en sintonía al criterio referido, se concluye que si bien las cuestiones que inciden en una pensión se encuentran enlazadas de manera indirecta a los derechos fundamentales de los gobernados, tal situación, no los exime de acudir a los tribunales ordinarios a cuestionar aspectos relacionados con una resolución expresa o ficta que involucra su cuota pensionaria, motivo por el cual, no se advierte algún elemento objetivo que permita establecer que se está en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, como lo refiere la quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HORARIO DE ATENCIÓN Se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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