Maria Eugenia Arroyo Monsreal

Expediente 1228/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1228/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Arroyo Monsreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA II.Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, de donde se advierte la actualización de un motivo de sobreseimiento en el juicio. De las constancias remitidas por dicha responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se advierte que el uno de julio de dos mil dieciséis el Presidente de la Junta decretó la caducidad del procedimiento, en autos del juicio laboral 479/2002, ante la inactividad de las partes, ordenando, en consecuencia, el archivo del asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en el caso, la quejosa MARÍA EUGENIA ARROYO MONSREAL, acudió a esta instancia constitucional donde reclamó violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, ante la denegación de justicia por virtud de la paralización del referido juicio laboral desde marzo de dos mil tres y pese a la solicitud realizada mediante escrito de cinco de julio de dos mil dieciocho. Cabe precisar que aun cuando la responsable en el propio informe justificado aludido señala que es cierto el acto que se le atribuye, dicha afirmación queda desvirtuada con las propias constancias que adjuntó, pues de ellas se patentiza la inexistencia de la denegación de justicia que se le reclama, en virtud de que la paralización que aduce la quejosa del juicio se debe a la caducidad decretada y al archivo correspondiente. En consecuencia, a criterio de quien esto resuelve, se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad desde el uno de julio de dos mil dieciséis, decretó la caducidad del expediente de origen, y ordenó su archivo, motivo por el cual se encuentra inactivo. Por tanto, se concluye que el acto reclamado consistente en la paralización del juicio laboral 479/2002, resulta inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es, porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de amparo en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que la quejosa reclamó la inactividad en el juicio laboral de origen, en tanto que con las constancias remitidas quedó evidenciado que dicha paralización del juicio encuentra su justificación en lo resuelto en auto de uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se decretó la caducidad de la instancia, lo que denota la inexistencia de la omisión atribuida a la responsable. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la resolución que dictó en el juicio laboral con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    MESA II.Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, de donde se advierte la actualización de un motivo de sobreseimiento en el juicio. De las constancias remitidas por dicha responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el uno de julio de dos mil dieciséis el Presidente de la Junta decretó la caducidad del procedimiento, en autos del juicio laboral 479/2002, ante la inactividad de las partes, ordenando, en consecuencia, el archivo del asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en el caso, la quejosa MARÍA EUGENIA ARROYO MONSREAL, acudió a esta instancia constitucional donde reclamó violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, ante la denegación de justicia por virtud de la paralización del referido juicio laboral desde marzo de dos mil tres, y pese a la solicitud realizada mediante escrito de cinco de julio de dos mil dieciocho. Cabe precisar que aun cuando la responsable en el propio informe justificado aludido señala que es cierto el acto que se le atribuye, dicha afirmación queda desvirtuada con las propias constancias que adjuntó, pues de ellas se patentiza la inexistencia de la denegación de justicia que se le reclama, en virtud de que la paralización que aduce la quejosa del juicio se debe a la caducidad decretada y al archivo correspondiente. En consecuencia, a criterio de quien esto resuelve, se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad desde el uno de julio de dos mil dieciséis, decretó la caducidad del expediente de origen, y ordenó su archivo, motivo por el cual se encuentra inactivo. Por tanto, se concluye que el acto reclamado consistente en la paralización del juicio laboral 479/2002, resulta inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías. La razón de ello es, porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantías conculcadas y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir al imperante de amparo en el goce de la garantía violada. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que la quejosa reclamó la inactividad en el juicio laboral de origen, en tanto que con las constancias remitidas quedó evidenciado que dicha paralización del juicio encuentra su justificación en lo resuelto en auto de uno de julio de dos mil dieciséis, en el que se decretó la caducidad de la instancia, lo que denota la inexistencia de la omisión atribuida a la responsable. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la resolución que dictó en el juicio laboral con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 746/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea el presente juicio de amparo, el cual será relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, expídase la copia solicitada, en el momento procesal oportuno.

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