María Esperanza Villanueva Cortes
Expediente 2707/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2707/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Esperanza Villanueva Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en este juicio. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original en que se actúa. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. - - - Agréguese a estos autos el oficio 14/2023, suscrito por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, con un anexo que acompañó, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dejando sin efectos dicho apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito. En tal virtud, se trae a colación que el acto que Clara Elena Villanueva Cortés reclamó en su demanda de amparo, consistió en: La omisión de contestar el escrito presentado ante la responsable el dos de agosto de dos mil veintidós, en el que solicitó copias certificadas de las constancias que obran en autos del juicio 484/2010. Omisión que, de ser cierta, pudiera constituir una violación al derecho fundamental de pronta impartición de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como refiere la parte quejosa en su demanda de amparo. En consecuencia, se estima que en relación al acto precisado con antelación se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de contestar el escrito presentado ante la responsable el dos de agosto de dos mil veintidós, en el que solicitó copias certificadas de las constancias que obran en autos del juicio 484/2010. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, a requerimiento de este órgano jurisdiccional, se desprende que el quince de diciembre dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que proveyó respecto a la petición hecha por la parte quejosa en su escrito presentado ante ella el dos de agosto del año próximo pasado; esto es, citó a las partes en el juicio de origen para oír sentencia definitiva y lo notificó por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de enero del presente año. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó la petición de la que se dolía en cuanto a la omisión de contestar el escrito presentado ante ella, en el que solicitó copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de origen. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.." - - - DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA."
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo que acompaña dicha autoridad, correspondiente a las constancias del juicio 484/2010, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las aludidas documentales y hágase relación de las mismas en la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, es necesario precisar que la quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de expedir copias solicitadas mediante escrito de dos de agosto de dos mil veintidós; asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que manifestó que con fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que se le autorizaron la expedición de las copias certificadas en autos del juicio 484/2010, de su índice; sin embargo, dicho acuerdo no fue remitido en la constancias enviadas por la responsable, siendo necesario para resolver el asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que con base en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, a que hace referencia en el informe de cuenta; apercibiéndole que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de medidas de actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que se omitió acordar la devolución de la copia certificada de la escritura pública número un mil cuatrocientos sesenta y cinco, de seis de septiembre de dos mil seis, pasada ante la fe del abogado Gustavo Monforte Lujan, Notario Público número cuarenta y ocho, con sede en esta ciudad, que exhibió la parte quejosa con su escrito de uno de diciembre del año en curso y del cual solicitó su devolución. Al respecto, como solicita en el escrito de marras y toda vez que no existe razón legal para que el documento exhibido por la citada parte quejosa permanezca en autos, se accede a la devolución del mismo, previo recibo, identificación y copia que de él se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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