María Esperanza Molina Peralta

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • María Esperanza Molina Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintitrés.********************Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado.********************Háganse las anotaciones correspondientes. ********************Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.********************Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta suscrito por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de once de mayo pasado, remite copia certificada de diversas documentales con las cuales complementa su informe justificado, sobre el suministro de los medicamentos proporcionados a la aquí quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, se precisa que el reclamo constitucional de la quejosa se hizo consistir en la omisión de las responsables de entregar el medicamento que requiere para el tratamiento de los padecimientos que le aquejan, consistentes en "cardiomiopatía isquémica, trastorno mixto de ansiedad y depresión"; a saber: DIAZEPAM tabletas 10 mg c/20 (indicada surtir por ciento ochenta días), contenido en la receta médica 3409480ME y ESOMEPRAZOL tabletas 40 mg. c/14, contenido en la receta vale pendiente 2876871. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales con antelación se les otorgó plena validez probatoria, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es, al veintiocho de abril del año en curso, no le habían surtido los medicamentos que alude la quejosa; de modo que en esa medida, existe certidumbre del acto omisivo reclamado. No obstante lo anterior, durante la secuela procedimental del presente juicio de derechos, el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, acreditó con documentación fehaciente haberle entregado los medicamentos prescritos a la agraviada (por conducto de su esposo); por ende, resulta evidente que han cesado los efectos del reclamo constitucional. Asimismo, resulta relevante dejar asentado, que las autoridades responsables se encuentran obligadas a dar continuidad a la entrega del medicamento consistente en Diazepam, en razón de que fue prescrito por ciento ochenta días, de lo contrario, su conducta podría equivaler a la comisión del delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Bajo ese orden de ideas, resulta evidente que con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada; por tanto, torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. En tal virtud, háganse la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las documentales que anexó la autoridad responsable al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de las documentales exhibidas por la autoridad en cita, se advierte que acreditó la entrega material del medicamento consistente en "ESOMEPRAZOL tabletas 40 mg. c/14, contenido en la receta vale pendiente 2876871. Sin embargo, no obra constancia que haga patente la entrega del medicamento indicado por el médico tratante a la parte quejosa, en atención a sus padecimientos de trastorno mixto de ansiedad y depresión. Requerimiento. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación del oficio con transcripción del presente proveído, remitan constancias de las que se advierta la entrega material a la impetrante ********************, del medicamento consistente en: DIAZEPAM tabletas 10 mg c/20 (indicada surtir por ciento ochenta días), contenido en la receta médica 3409480ME. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano y anexo rendido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexó la autoridad responsable al oficio que se atiende. No obstante lo anterior, no obra constancia que haga patente la entrega de los medicamentos indicados por el médico tratante a la parte quejosa, en atención a sus padecimientos ?cardiomiopatía isquémica, transtorno mixto de ansiedad y depresión?. Requerimiento. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan constancias de las que se advierta la entrega del tratamiento indicado a la impetrante María Esperanza Molina Peralta, a saber: ? DIAZEPAM tabletas 10 mg c/20 (indicada surtir por ciento ochenta días), contenido en la receta médica 3409480ME; y, ? ESOMEPRAZOL tabletas 40 mg. c/14, contenido en la receta vale pendiente 2876871. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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