María Esther Jiménez Ramos
Expediente 818/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2018
Partes del expediente
- María Esther Jiménez Ramos
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de ejecutoria pronunciada el nueve de agosto del año en curso, dentro de la Queja 103/2018, relativa al juicio de amparo 818/2018-III-M mismo que también devuelve, acúsese de recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el medio de impugnación de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha por improcedente la demanda de ampro promovida por MARÍA ESTHER JIMÉNEZ RAMOS, por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, consistente en la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio reivindicatorio número 48/2017, en el cual se desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio de origen." Realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio III-2438/18, del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que informa que causo estado el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho en el que desechó por improcedente el recuro promovido por Camilo Martínez de Escobar Cabrera en contra del proveído de seis de abril del año en curso, dictado por este órgano judicial; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio del Subdirector de Amparos Contra Leyes "A", de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 9391/2018, del índice de este órgano judicial, por las razones que indica. Atento a lo anterior, reenvíese el citado oficio dirigido al Presidente de la República, para que sea notificado a la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por María Esther Jiménez Ramos, contra actos de Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 818/2018-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que María Esther Jiménez Ramos, señala como acto reclamado lo siguiente Esto es, señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el recurso de reclamación que hizo valer en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio reivindicatorio 481/2017, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio de origen -aquí quejosa. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amnparo, se advierte que la promovente reclama la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el recurso de reclamación que hizo valer en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio reivindicatorio 481/2017, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio de origen -aquí quejosa. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio reivindicatorio 481/2017; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el recurso de reclamación que hizo valer en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio reivindicatorio 481/2017, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio de origen -aquí quejosa-, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil dieciocho, que declaró improcedente el recurso de reclamación que hizo valer en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio reivindicatorio 481/2017, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio de origen -aquí quejosa-, mismo que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Jaime Medina Martínez, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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