María Esther Jiménez Ramos
Expediente 822/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/11/2020
Partes del expediente
- María Esther Jiménez Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María Esther Jiménez Ramos, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, al ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo procede analizar la causa que, en la especie, se estima actualizada, Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda y escritos aclaratorios se advierte que María Esther Jiménez Ramos, señala como acto reclamado, lo siguiente: La resolución de trece de marzo de dos mil veinte emitida en los autos del juicio de usucapión 661/2016, del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas en el escrito aclaratorio de cuenta por la parte promovente, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende lo siguiente. 1.- El catorce de julio de dos mil dieciséis, María Esther Jiménez Ramos interpuso juicio de usucapión en contra de María Elena Mejorada Alvarado en su carácter de propietaria, así como en contra de los colindantes Salustia Lucia Mejorada Alvarado, Emilio Morales y Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, Puebla. 2.- El uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla admitió a trámite dicha demanda asignándole el número de expediente 661/2016. 3.- El seis de marzo de dos mil diecinueve el Juez responsable decretó la caducidad de la instancia en la acción principal de usucapión, dividiendo la litis para ocuparse únicamente de la acción reconvencional. 4.- El nueve de mayo de dos mil diecinueve se llevó acabo la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia, en la que únicamente se desahogó el material probatorio de la acción reconvencional, ello por haberse decretado la referida caducidad. 5.- El catorce de mayo de dos mil diecinueve, María Esther Jiménez Ramos interpuso recurso de reclamación en contra de la anterior determinación. 6.- Finalmente el trece de marzo de dos mil veinte el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla declaró infundado dicho medio de impugnación, de igual forma se advierte que en el juicio natural no se ha dictado sentencia. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente reclama la resolución de trece de marzo de dos mil veinte emitida en los autos del juicio de usucapión 661/2016, del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra de la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, debe decirse que la determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución reclamada sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de agosto de dos mil veinte, dentro del toca 540/2019, procedente del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1403/2019; téngase a la superioridad devolviendo el cuaderno original de la citada incidencia. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la interlocutoria de trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1403/2019. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a María Marina Magdalena Zonotl Martínez, José Juan Teófilo Pérez Coyotl, María Cirila Salomé Tepeyahuyitl Toxcoyoa, Marina Coyotl Zonotl, Cecilia Coyotl Zonotl, Rodolfo Marcos Pájaro Elías, José Margarito Néstos Elías Amaxal y Emelia Cinto Toxqui, en los términos de la resolución interlocutoria recurrida". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso interpuesto. Notifíquese. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, agréguese a sus autos el oficio signado por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 14613/2020, de este órgano judicial, por las razones que indica. Atento a lo anterior, reenvíese el citado oficio dirigido al Presidente de la República, para que sea notificado al Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, con sede en la Ciudad de México, que es la autoridad que lo representa en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
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