María Esther Jiménez Ramos

Expediente 826/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
826/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • María Esther Jiménez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    intégrese al expediente el escrito del apoderado del tercero interesado, mediante el cual señala las constancias a remitir respecto del recurso de queja interpuesto por la moral solicitante de amparo, contra la sentencia, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María Esther Jiménez Ramos, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, al ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo procede analizar la causa que, en la especie, se estima actualizada, con apoyo en la jurisprudencia II.1o. J/5, de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, octava época, con número de registro 222780, que a continuación se invoca: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda y escritos aclaratorios se advierte que María Esther Jiménez Ramos, señala como acto reclamado, lo siguiente: La resolución de trece de marzo de dos mil veinte emitida en los autos del juicio de usucapión 661/2016, del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se señaló fecha y hora para audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia en la acción reconvencional. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas en el escrito aclaratorio de cuenta por la parte promovente, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende lo siguiente. 1.- El catorce de julio de dos mil dieciséis, María Esther Jiménez Ramos interpuso juicio de usucapión en contra de María Elena Mejorada Alvarado en su carácter de propietaria, así como en contra de los colindantes Salustia Lucia Mejorada Alvarado, Emilio Morales y Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, Puebla. 2.- El uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla admitió a trámite dicha demanda asignándole el número de expediente 661/2016. 3.- El seis de marzo de dos mil diecinueve el Juez responsable decretó la caducidad de la instancia en la acción principal de usucapión, dividiendo la litis para ocuparse únicamente de la acción reconvencional. 4.- Por escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve María Esther Jiménez Ramos interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación. 5.- El diez de abril de dos mil diecinueve el Juez responsable admitió a trámite el referido recurso de apelación y por diverso auto de esa misma data señaló fecha y hora para audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia en la acción reconvencional. 6.- El dos de mayo de dos mil diecinueve María Esther Jiménez Ramos interpuso recurso de reclamación en contra del referido auto. 7.- El nueve de mayo de dos mil diecinueve se llevó acabo la citada audiencia. 8.- Finalmente el trece de marzo de dos mil veinte el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla declaró infundado dicho medio de impugnación, de igual forma se advierte que en el juicio natural no se ha dictado sentencia. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente reclama la resolución de trece de marzo de dos mil veinte emitida en los autos del juicio de usucapión 661/2016, del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en el que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se señaló fecha y hora para audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia en la acción reconvencional. Atento a lo anterior, debe decirse que la determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. La resolución que declara improcedente una recusación con causa, no es una violación del procedimiento que afecte las defensas del promovente, ya que no lo deja en estado de indefensión, pues queda intacta su capacidad de defensa; tampoco afecta a las partes en el juicio, ya que el mismo continuará tramitándose sin que varíe el procedimiento, en el cual tienen expeditos sus derechos para promover sus defensas conforme convenga a sus intereses; luego, al no ser de imposible reparación dicha cuestión podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva, conforme el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en relación con el artículo 158 del mismo ordenamiento legal, sin que sea óbice el que, en la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio, no pueda ser reparado el hecho de que el juez natural continúe conociendo del juicio, como consecuencia de haberse declarado improcedente la recusación con causa referida, pues tal cuestión surgida dentro del juicio natural, puede hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo, por no ser de imposible reparación". En consecuencia, la resolución reclamada sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario José Carlos Ibáñez Méndez, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente de desahogar la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las nueve horas con cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, visto su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio por medio del cual se le devolvieron las copias certificadas del expediente 465/2006 en cuatro anexos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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