María Estefany Rodea Sánchez

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • María Estefany Rodea Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIONES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y REMISIÓN ARCHIVO MATERIAL

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de febrero del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Once de Noviembre de dos mil veintidós. Veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (ordenó dejar de aplicar el descuento). Catorce de febrero del año en curso (efectuó el pago de la devolución del descuento). Quince de febrero del año en curso. Diecisiete de febrero del presente año (autorizado de la quejosa). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La aplicación del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, para los siguientes efectos: "[.] lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Araceli Quiroz Carbajal, para el efecto de que, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho violado, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, la responsable Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1. Deje de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de Araceli Quiroz Carbajal, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo: y, 2. Devuelva en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que la quejosa Araceli Quiroz Carbajal, manifestó bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del descuento reclamado (doce de mayo de dos mil veintidós- pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad al desahogar la prevención relativa, máxime que de considerar una fecha anterior, ello podría constituir un consentimiento tácito respecto de la aplicación realizada en dichos pagos de pensión-), así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la sentencia protectora. [.]." Así, el once de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un oficio sin número que contenía el diverso 207C0401520101L/dP/9939/2022, suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a través del cual, informó que ya no se aplicará en la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de entregar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, aplicando el porcentaje mínimo, esto es de 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicada para los servidores públicos en activo, y que se efectuaría la devolución a la quejosa de la diferencia que resultó de aplicar la cuota del 6% a la del 4.625% desde el doce de mayo de dos mil veintidós, a partir de la segunda quincena de enero de dos mil veintitrés, sin que hubiera lugar a tener por cumplida la ejecutoria de amparo, hasta en tanto se hubiera efectuado el pago en una sola exhibición de la devolución de dicho porcentaje, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días contado a partir de la segunda quincena de enero del año en curso, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran el cumplimiento condigno. Después, en fecha quince de febrero pasado, se recibió un oficio sin número, signado por el Encargado de la Subdirección de lo Contencioso de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en el que informó que en la primera quincena del presente mes y año, se llevó a cabo la devolución del importe que resultó como diferencia en omitir aplicar el artículo 33 de la ley de dicha dependencia, y al efecto adjuntó copia certificada del comprobante de pago por nómina al número de cuenta 0286665364, por la cantidad de $9,739.53 (nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 53/100 M.N), en favor de la quejosa Araceli Quiroz Carbajal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de Araceli Quiroz Carbajal, la obligación de entregar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, y ordenó aplicar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada. Asimismo, devolvió en una sola exhibición únicamente la diferencia que resultó entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que la quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del descuento reclamado (doce de mayo de dos mil veintidós), así como la diferencia que resultó de los subsiguientes descuentos realizados. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo (con anexo) promovida por ********************y ********************, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 210/2023-III. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La inadmisión de la prueba consistente en la recomendación ********************emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el juicio administrativo ********************del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la inadmisión de la prueba consistente en la recomendación ********************emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el juicio administrativo ********************del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que los quejosos obtengan una resolución favorable, en el expediente ********************del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que los ahora quejosos no obtengan una resolución favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la inadmisión de la prueba consistente en la recomendación ********************emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el juicio administrativo ********************del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por si tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la inadmisión de la prueba consistente en la recomendación ********************emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el juicio administrativo ********************del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia P./J.6/94, autorizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************y ********************, por derecho propio, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por otro lado, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a ********************, a efecto de que por su conducto se notifique a la parte quejosa. En diverso contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado. Además, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a ********************y ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a las otras personas que menciona, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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