María Ester López Bedolla

Expediente 945/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
945/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2015

Partes del expediente

  • María Ester López Bedolla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ***********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto ***, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Visto el ocurso de cuenta, mediante el cual la parte quejosa ***********, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres de noviembre actual, lo que hace exhibiendo las copias de traslado que exige el artículo 110 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se tiene a la supracitada quejosa demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el entendido que la demanda de que se trata ya se encuentra registrada con el número 945/2015. Ahora, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***********, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada, la sentencia relacionada con el recurso de revocación, de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, pronunciada dentro del toca de apelación 489/2015-C, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por virtud de la cual confirmó el auto recurrido (que admitió recurso de apelación interpuesto por el ahora tercero interesado, contra la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto del año en curso). Así mismo, de los antecedentes del acto reclamado expuesto por la quejosa en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes datos relevantes del caso. "Ante el Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, el señor Ángel Garnica Pizano promovió Juicio Ordinario Civil número C668/2012, el cual seguidos los trámites de estilo, se resolvió mediante sentencia interlocutoria de fecha 17 de agosto del año en curso; misma que por contener inconsistencia, fue motivo de aclaración por auto fechado el día 25 de agosto, notificado a las partes al día siguiente. Sin hacer caso al trámite de la aclaración, el ahora tercero interesado promovió recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el juez de la instrucción, quien una vez integrado el testimonio respectivo, lo envió para continuar con su tramitación al Supremo Tribunal de Justicia del estado, siendo turnado a la Segunda Sala Civil de dicho organismo quien, mediante auto de fecha 2 de octubre del año 2015 la admitió a trámite, bajo el argumento, entre otros, de que el recurso se había hecho valer en tiempo. Auto en contra del cual me inconformé mediante Recurso de Revocación, que como he dicho, fue decidido mediante la resolución que aquí señalo como "El acto reclamado" y es causante de los conceptos de violación que en seguida se exponen, no sin antes decir que la resolución contiene los siguientes puntos resolutivos; "PRIMERO.- En los términos del considerando tercero de esta ejecutoria, se CONFIRMA el auto recurrido.-.-.-SEGUNDO.- Notifíquese personalmente." De lo anteriormente narrado, se desprende que el controvertido civil se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso de dicho procedimiento. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Son aplicables al particular por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 38/2001, legible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 2001, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Así como la tesis IV.2o.C.53 K, visible en la página 2372 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, octubre de 2008, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado. Igualmente, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en la resolución reclamada únicamente se confirmó el auto que admitió a trámite el recurso de apelación planteado por el ahora tercero interesado, contra la resolución interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil quince, que fue aclarada en auto de veinticinco de agosto del año en curso, resolución que no constituye la última dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." También es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." Máxime si se toma en consideración que con la resolución reclamada, probablemente no se cause perjuicio alguno a la impetrante, pues al darle trámite y resolver el recurso de apelación planteado por su contraparte, existe la posibilidad de que la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil quince, sea confirmada; y ninguna afectación a su esfera jurídica se actualizaría con ese resultado; en cambio, si en la resolución de segunda instancia se dicta en forma adversa a los intereses de la quejosa, entonces estará en posibilidad de impugnar mediante juicio de amparo indirecto, esa decisión, y a su vez hacer valer como violación procesal lo que ahora reclama. De ahí que no se le deje en estado de indefensión. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, lo que en el caso no ha sucedido, pues en la especie, como ya se ha dicho, únicamente se confirmó el auto de dos de octubre de dos mil quince, que admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el ahora tercero interesado, contra la resolución interlocutoria de diecisiete de agosto del año en curso, aclarada en auto de veinticinco del mismo mes y año, según se advierte de los antecedentes del acto reclamado, proporcionados bajo protesta de decir verdad por la peticionaria de amparo. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como legalmente corresponde el escrito que suscribe ********, por medio del cual pretende cumplir con el requerimiento contenido en auto de tres de noviembre del año en curso, que se hizo para que la promovente proporcionara los datos ahí descritos y exhibiera copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. No obstante, únicamente exhibe el original del ocurso de cuenta; por tanto, subsiste el requerimiento así como el apercibimiento contenidos en el mencionado auto de tres de los corrientes. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el término de concedido en el multicitado acuerdo de prevención, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación personal que se le haga de este proveído, en el entendido que al haberse interrumpido dicho plazo en el cuarto de los cinco días concedidos, aun cuenta con dos días; ello en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, la que se encuentra pendiente de publicación, cuyo rubro y texto expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ********* contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, capital, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 945/2015. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a **********, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Aclare cuál es el nombre correcto de la promovente ********o **********; ello en atención a que el escrito de demanda lo suscribe **********, es decir, el segundo nombre no contiene la letra "h", intermedia; mientras que en la trascripción que obra en la foja 6 del mismo escrito, se advierte que la persona condenada a pagar fue *********, (el segundo nombre con la letra "h" intermedia). Dentro del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, precise quiénes son las partes actora y demandada, así como cuál fue la acción intentada y las prestaciones reclamadas. Ello en atención que de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado no se advierten tales antecedentes y los mismos son de carácter indispensable en todo escrito de demanda. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por **********, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, puesto que los hechos que le incumben son de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número ****, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Así mismo, que del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia; es decir, una para la autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público adscrita, una para la tercera interesada y dos para glosarse a los cuadernos del incidente de suspensión. Apercibido el promovente que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. En otro orden, se tiene a la promovente señalando los estrados de este Juzgado como domicilio para oír notificaciones; y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que cuenta con cédula profesional que lo acredita como profesional del derecho, inscrita en el Sistema que para tal efecto se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación; y a ********** en términos restringidos del invocado numeral, por no encontrarse en ese supuesto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano