Maria Esther Moran Lezama
Expediente 843/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Esther Moran Lezama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, a través del cual acusa recibo del propio 3763/2022, con el que se remitió a dicho órgano jurisdiccional el tomo de pruebas relativo al juicio contencioso administrativo 1269/16-10-01-3-OT, mismo que adjunto la responsable a su informe de ley.
- Principal
Se avoca a conocimiento Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, con el que acusa recibo del propio 1456/2022, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Esther Mora Lezama. Remisión de tomo de pruebas Como lo solicita la oficiante, remítasele el tomo de pruebas relativo al juicio contencioso administrativo 1269/16-10-01-3-OT, que el presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad remitió al momento de rendir su informe de ley. Se solicita atentamente acuse de recibo. Archivo y valoración del expediente Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, toda vez que este juzgado determinó declinar el conocimiento de la demanda planteada.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de doce de enero del presente año, reiterado en el diverso proveído de veinticuatro del mes y año en cita; pues al efecto, proporciona, bajo protesta de decir verdad, la información solicitada y exhibe documentales para acreditarlo. Incompetencia por razón de territorio Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta, se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda, y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 1. El siete de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva dentro el expediente ********** del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual se le reconoció, en favor de la parte quejosa, el derecho a un incremento en su cuota pensionaria y al pago retroactivo de las diferencias que existieren en su favor. 2. Que a la fecha las autoridades demandadas no han cumplido cabalmente con dicha sentencia. 3. Que el catorce de julio de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de queja que la parte quejosa promovió en contra de un oficio emitido por la autoridad demandada con el que pretendió cumplir con la sentencia dictada en el juicio subyacente, la que se declaró infundada, resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa ********** acude a esta instancia constitucional y reclama la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente ********** del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual declaró infundada la queja por defecto en la ejecución de la sentencia de nulidad, interpuesta por la parte promovente respecto de la cuantificación de su pensión. Además, la parte quejosa manifestó que su domicilio particular se ubica en calle **********, estado del mismo nombre, lo cual acreditó con las documentales adjuntas a su escrito de cuenta. Bajo ese contexto legal, si la parte quejosa tiene su domicilio particular en Puebla y, esencialmente, se duele de la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, este juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la parte agraviada implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve la parte quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Bajo ese tenor, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos; por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En efecto, a pesar de que el acto reclamado es una resolución que declaró cumplida la sentencia dictada en el aludido juicio de nulidad, al haberse determinado que es infundada la queja interpuesta por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva; sin embargo no cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 60/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL.". Sino que se está en presencia de un supuesto análogo al de la diversa jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la foja 95, tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO". Al resolver la contradicción de tesis 176/2009 -cuya ejecutoria dio lugar al criterio mencionado en último término-, la Segunda Sala del alto tribunal determinó que si el acto reclamado se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos, es claro que este acto no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer, antes bien, se controvierte una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone, de ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no pueda considerarse como un acto positivo, sino como uno negativo. Que conviene advertir las consecuencias del indicado acto a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables. Agregó que es importante esta diferencia porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo [abrogada] y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del indicado numeral. Que es de explorado derecho que la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos se traduce en un pago de forma incorrecta hacia el pensionado, proveniente de la autoridad facultada para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y bajo esta consideración, aunque el acto reclamado se ubique en su forma de expresión como un acto negativo (no pago), lo cierto es que en virtud de sus consecuencias es positivo si se toma en cuenta que implica la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión de manera completa, es decir, correctamente cuantificada, inclusive, en virtud de esa negativa la autoridad actúa en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso al pagarle de forma incompleta su pensión (pago parcial, fragmentado o disminuido), por lo que es claro que el acto reclamado se asemeja por su forma de expresión a una negativa simple, sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse. Concluyó que no constituye un obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia acerca de que el acto reclamado no se haya hecho consistir materialmente en la falta de pago de la pensión respectiva, pues es indudable que esa es una consecuencia directa e inmediata de la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos y que no es aplicable al caso el tercer párrafo del artículo 36 de la [abrogada] Ley de Amparo. Que dilucidado que el acto reclamado es ejecutable, resta distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del precepto citado. Expuso que de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado y que tanto la anterior ley, como la vigente [en ese momento], ligan el pago de pensión al domicilio del pensionado, situación que atiende a una lógica natural por ser razonablemente el lugar en el que cobra y disfruta de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Que puede afirmarse válidamente que la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a la pensión tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad. De modo que, dijo, si de acuerdo con lo expuesto la indebida cuantificación de la pensión por no haberse aplicado los aumentos respectivos, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de derechos de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en su domicilio, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación al caso la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la [abrogada] Ley de Amparo: "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente". Que cuando se reclame la indebida cuantificación de la pensión respectiva o como técnicamente se le denominó en los amparos de los que derivó esa contradicción: "la aplicación retroactiva de las reformas a lo previsto en el párrafo tercero el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, así como las reformas al indicado precepto legal que entraron en vigor a partir del primero de enero de dos mil do", debe considerarse competente conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, primer párrafo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvo ejecución tal acto. Añadió que no es obstáculo para arribar a la indicada conclusión la circunstancia de que no se señale como acto reclamado de manera destacada la falta de pago material de la pensión respectiva, porque tal situación es consecuencia (ejecución) natural de aquel acto reclamado, tomando en consideración que la incorrecta cuantificación de la pensión no significa falta de ejecución, pues en todo caso las pensiones cuyo ajuste se reclaman se pagan en un lugar distinto del [entonces] Distrito Federal y, de concederse el amparo ordenando otorgar los incrementos, la resolución tendría ejecución en un lugar distinto del que se emite esa decisión por la autoridad ordenadora en acatamiento de la sentencia respectiva. Que esa conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales y la forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el Distrito Federal los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no sólo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales. Los postulados expuestos dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la foja 95, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Como se indicó, el acto reclamado lo constituye la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno, que declaró infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ********** del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; la cual determinó la procedencia del incremento de la pensión de la quejosa. Por lo que de concederse el amparo y considerarse que hubo defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad y, por ende, que los incrementos de la pensión no se efectuaron de manera correcta y que deben pagarse las diferencias respectivas; es indudable que los efectos de la resolución reclamada serían de naturaleza positiva y con ejecución material; aunado a que el pago correspondiente se llevaría a cabo en el domicilio de la quejosa ubicado en Puebla, Puebla. Máxime que el presente asunto versa sobre la pensión de una adulta mayor y por su especial situación debe facilitarse su acceso a la justicia en el lugar en el que se encuentra y ponderarse la condición especial de sus derechos a efecto evitar su traslado a un lugar diverso al de su residencia para atender las cuestiones relacionadas con el presente juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis I.11o.C.39 K (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1939, libro 80, noviembre de 2020, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ADULTOS MAYORES. LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD OCASIONADA POR LA DISMINUCIÓN DE LA MOTRICIDAD Y LA PÉRDIDA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DERIVADAS DE LA AVANZADA EDAD DE LAS PERSONAS, OBLIGA A QUE EN JUICIO SE LES TENGA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, A EFECTO DE LLEVAR SU DEFENSA EN UN PLANO DE IGUALDAD. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se desarrolló el Programa Nacional Gerontológico 2016-2018, con la finalidad de reunir los objetivos, estrategias y acciones encaminadas a proporcionar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, para brindarles las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. El citado estudio arrojó datos respecto a la dependencia disfuncional de terceros, dado el deterioro que sufren las personas adultas mayores. A ese respecto, se señaló que existe un deterioro natural de la salud de las personas adultas mayores, con relación a otros grupos de edad más jóvenes, caracterizado por una disminución de la motricidad y la pérdida de sus capacidades cognitivas derivadas de la avanzada edad. Además, se precisó que la exclusión social de dichas personas, los ingresos insuficientes y las elevadas tasas de vulnerabilidad por carencias sociales aceleran ese proceso natural y aumentan su dependencia funcional. Se adujo que se debe considerar que el deterioro cognitivo y la disminución de la motricidad traen aparejados problemas sociales y económicos que impactan en la dependencia de las personas adultas mayores con terceros y generan costos de asistencia médica y social, siendo más vulnerables las personas con menos recursos o que viven en las zonas menos afluentes -Organización Mundial de la Salud, dos mil dieciséis- y, por lo tanto, las personas aquejadas y aquellas a quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, legal y económico. Se establece que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición -ENSANUT, dos mil doce-, las limitaciones asociadas con discapacidad para personas adultas mayores aumentan con la edad. Lo anterior pone de relieve que, a mayor edad, aumenta la disminución de la motricidad y la pérdida de las capacidades cognitivas de las personas, por lo que es claro que en una persona de muy avanzada edad -más de noventa años- por el proceso natural del envejecimiento, existe una presunción grave de que se encuentra disminuida en dichas capacidades. Ahora bien, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país sino, además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, en diversas recomendaciones, observaciones, asambleas y conferencias desarrolladas a nivel internacional, también se consagran los derechos de los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de vida particulares; protección que también se advierte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. Las citadas disposiciones adquieren particular relevancia, pues no puede pasar inadvertido que el artículo 1o. constitucional determina que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Carta Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En esa tesitura, si se aprecia que una persona no sólo es adulta mayor -calidad que se adquiere al cumplir sesenta años de edad-, sino que cuenta con una muy avanzada edad -más de noventa años-, existe una grave presunción de que su capacidad motora y cognitiva se encuentra disminuida, por lo que el juzgador debe tener en cuenta la consideración especial que hacia sus derechos ha sido garantizada tanto en la legislación local y federal del país como en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Lo cual también lleva a presumir que la capacidad de defensa de esa persona adulta mayor está disminuida, pues existe la presunción grave de que sus capacidades físicas y cognitivas se encuentran disminuidas en comparación con personas de menor edad, lo que obliga a que en juicio se les tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Por ello, la apreciación de la litis, la interpretación de las normas aplicables y la valoración de las pruebas ofrecidas debe hacerse en seguimiento de los principios emanados de las normas internacionales y legales mencionadas". En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en la ciudad de Puebla, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tiene ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, residente en San Andrés Cholula, Puebla. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, residente en San Andrés Cholula, Puebla, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Cabe precisar que lo aquí resuelto es similar al criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, al resolver el conflicto competencial 10/2021, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicio Federal en el estado de Puebla, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del dieciocho de febrero del dos mil veintidós.
- Principal
Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de doce del presente mes y año, se requirió a la quejosa ****** en los siguientes términos: "[.] Atento a lo anterior, y dado que la documental que aporta la quejosa para acreditar su domicilio, tiene varios años que fue expedida, requiérase a dicha parte procesal para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, exhiba a este órgano jurisdiccional diverso documento con el que acredite su domicilio particular, como puede ser copia de su credencial para votar". [.] Sin que a la fecha haya cumplido con tal determinación, no obstante haber sido legalmente notificada, el día trece de enero de dos mil veintidós, según constancia que obra en autos. Requerimiento Atento a lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la aludida quejosa o cualesquiera de sus autorizados, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, cumplan con el requerimiento señalado en párrafos precedentes. Con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se les impondrá, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil veinte.
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