María Elias Ojeda

Expediente 1013/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1013/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • María Elias Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por el cual acusa recibo del oficio por el cual se envió el expediente original del juicio de amparo 1013/2019-VI-A, de nuestro índice y diez copias de la demanda de amparo; así mismo, informa que aceptó la competencia declinada por este tribunal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, presentada por **********. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por , en contra de actos del juez Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el sistema integral de seguimiento de expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1013/2019-VI-A. Declina competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve del incidente no especificado sobre revisión de medida cautelar; además, dicha medida la mantiene interna en el Centro Estatal de Reinserción Social, ubicado en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, lugar en el cual no ejerce su competencia territorial este juzgado. En ese contexto, la competencia de los jueces de Distrito, por razón de territorio, se encuentra delimitada al tenor de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los artículos transcritos se puede colegir que existen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, para determinar en cuál supuesto se ubica cada asunto, es necesario que se examine de modo integral la demanda de amparo y las demás constancias integrantes del juicio de amparo respectivo, para que de dicho examen sea posible establecer si el acto reclamado tiene o no ejecución material y, en caso positivo, determinar en donde se llevará a cabo tal ejecución. Por tal motivo, de conformidad con las reglas apuntadas, se puede establecer que el legislador estableció la competencia de un Juzgado de Distrito en función de la ejecución del acto reclamado, por ello, será competente el juez Federal en cuya jurisdicción se esté ejecutando el acto reclamado -prisión preventiva-, cuyos efectos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Entonces, en el caso particular el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, lugar en que localiza el Centro Estatal de Reinserción Social, pues es precisamente en dicho lugar donde se encuentra privada de la libertad la ahora quejosa con motivo de la determinación asumida en la resolución del incidente no especificado de revisión de medida cautelar que ahora reclama. De manera que en tal supuesto se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción donde se esté ejecutando el acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con el cuarto párrafo de la fracción XVI, del punto de Acuerdo Cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, son los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quienes ejerce su jurisdicción territorial en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en el cual tiene ejecución la medida cautelar de prisión preventiva que ahora se reclama. Por tal motivo, toda vez que en el territorio (municipio de Valle de Santiago, Guanajuato) en el cual tiene ejecución el acto que ahora se reclama, no ejerce su jurisdicción este juzgado; entonces, el suscrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Por identidad jurídica, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 633, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Cabe señalar, que en similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 16/2018 de su índice, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito y el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, y en consideración lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, y por ende ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, dejando en su lugar cuaderno de antecedentes que se integre con copia certificada de las constancias respectivas. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado **********, quien está debidamente acreditado como abogada al contar con registro único ante el Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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