Maria Espinoza Gudiño

Expediente 689/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
689/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2017

Partes del expediente

  • Maria Espinoza Gudiño

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que con fundamento en el punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído (por conducto de su apoderada legal o autorizados), a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado, sobre su cuidado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Julieta Mendoza Sánchez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de María Espinoza Gudiño, contra actos del Juez Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres, y de otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 689/2017-E. Ahora bien, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, téngasele por reconocida la personalidad con la que se ostenta la promovente, con la copia certificada del Instrumento Público Notarial número cinco ciento noventa y ocho, de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, expedido por el licenciado Manuel Díaz Rivera, Notario Público Número Treinta de la Undécima Demarcación Notarial, con sede en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. En donde se le otorga poder a Julieta Mendoza Sánchez para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos legales, inclusive de amparo. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es: (.) De la autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama la falta de llamamiento a Juicio de mi representada María Espinoza Gudiño, dentro de los autos del proceso penal número 65/2013, por personal actuante del Juzgado Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres, Puebla. Asimismo de las autoridades señaladas como ordenadoras se reclama todo lo actuado dentro del Proceso Penal número 65/2013, del índice del Juzgado Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres, Puebla, instruida en contra del C. Juan Martín Solano Domínguez y/o Juan Solano Domínguez y/o José Solano Domínguez, como probable responsable del delito de Despojo, en contra del agraviado Simón Sánchez Domínguez, incluyendo la Sección de Ejecución, quebrantándose de esta manera la garantía previa de audiencia consagrada por los artículos 1°.,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, se reclama de las responsables ejecutoras, la SECCIÓN DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA DILIGENCIA DE DESOCUPACIÓN Y ENTREGA QUE AL EFECTO HAYAN GIRADO DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, ASÍ COMO TODAS SUS CONSECUENCIAS LEGALES, mediante la cual se ponga en posesión al tercero interesado Simón Sánchez Domínguez. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo: La Ejecución del Mandato emitido por la Autoridad señalada como responsable ordenadora. (.) Y, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que la quejosa es tercero extraña a procedimiento, pues no es parte dentro del proceso penal 65/2013, del índice del Juzgado Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres, Puebla, que se instruye en contra de Juan Martín Solano Domínguez o Juan Solano Domínguez o José Solano Domínguez, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de despojo, en perjuicio de Simón Sánchez Domínguez o Simón Solano Domínguez. Del capítulo de conceptos de violación, la quejosa establece que: "el acto reclamado proviene de un Juez competente en cumplimiento a una sentencia dictada en un proceso penal"; por lo que se está en presencia de la ejecución (orden de restitución) de la sentencia dictada en la causa penal 65/2013, del índice del Juzgado Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de datos de identificación, rubro y texto, siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Precisado lo anterior, debe decirse que la demanda de cuenta deviene notoriamente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). De las normas transcritas en párrafos precedentes, se infiere la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su esfera jurídica, esto es, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, dicho en sentido contrario, el juicio de amparo no procede cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del quejoso, pues el máximo Tribunal del país, ha establecido que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo. En tal virtud, la sentencia dictada en la causa penal 65/2013 del índice del Juzgado Penal de San Juan de los Llanos, Puebla, con residencia en la ciudad de Libres, a Juan Martín Solano Domínguez o Juan Solano Domínguez o José Solano Domínguez, que condena la restitución del bien inmueble, que en esta instancia constitucional defiende la quejosa, identificado como solar urbano, lote once, de la manzana catorce, del poblado de San José Alchichica, Municipio de Tepeyahualco, Puebla, y que fue instrumento en la comisión del delito de despojo, es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el sentenciado (Juan Martín Solano Domínguez o Juan Solano Domínguez o José Solano Domínguez), el Ministerio Público y al ofendido (Simón Sánchez Domínguez o Simón Solano Domínguez), no así a quien alega tener derechos posesorios y de propiedad sobre ese bien, por lo que si éste estima que se le afectó en tales derechos, debe hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual no se le deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un Juez penal el pronunciarse sobre quién tiene mejor derecho para poseer el inmueble a cuyo decomiso se condenó, por ser una cuestión de naturaleza civil. Por tales razones, resulta incorrecta la pretensión de la parte quejosa, en el sentido de que a través del juicio de amparo, el juez de la causa penal le constituya o reconozca derechos de propiedad sobre el bien que refiere. Con base en lo expuesto, se concluye que la quejosa, quien se ostenta como tercero extraña al procedimiento penal, no está legitimada para acudir al juicio de amparo, ya que la sentencia reclamada que condenó al inculpado al decomiso del bien inmueble que defiende en la presente instancia constitucional, no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 61, fracción XXI y 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo. Norman el criterio de la suscrita jueza Federal, en lo conducente, las consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2004-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 126/2005, de rubro y texto siguientes: TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido. Es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "... "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: "... "c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; "... "VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. ..." Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece en su numeral 107, fracción VI, lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De los anteriores preceptos transcritos deriva que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. Es importante resaltar en este sentido, que tanto la Constitución en su artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, como el artículo 107, fracción VI, de su ley reglamentaria, aluden a una afectación a las personas extrañas a juicio. Esto significa que en el amparo promovido por personas extrañas a juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso por parte del acto reclamado, principio que es consagrado por el artículo 5o. de la Ley de Amparo (antes transcrito), así como por el artículo 107, fracción I, constitucional, al disponer: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. Ahora bien, como se indicó, la quejosa se ostentó tercero extraña a un procedimiento penal donde se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al inculpado a la reparación del daño, consistente en la restitución de un inmueble, respecto del cual la peticionaria de garantías alegó tener derechos de propiedad y posesión, de los que se le pretende privar, sin haber sido oída ni vencida en esa causa criminal. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo, citados en líneas precedentes, para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y, en la especie, el acto reclamado es la sentencia emitida en un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se determinó la responsabilidad del inculpado en la comisión de un delito y como consecuencia de ello se le condenó a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que dicho fallo no le ocasiona perjuicio a quien se ostenta como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque el Juez penal se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo, a quien condenó a la reparación del daño como pena pública; y si bien ésta consistió en la restitución a la parte ofendida del inmueble desposeído, su efecto es declarativo no constitutivo de derechos de propiedad ni de posesión sobre el mismo, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad o de posesión respecto de ese bien, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cual el encausado fue procesado y condenado y, como consecuencia, se le impuso la pena de restituir el inmueble desposeído al ofendido en esa causa penal. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Sin embargo, la comisión del hecho delictuoso, una vez demostrada la culpabilidad, da origen también a otra relación que se refiere a la reparación del daño causado a la víctima, conformando ambos aspectos, en el sistema jurídico mexicano, la pena. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; y, como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con su cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarlos en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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