MARIA ENRIQUETA JUAREZ PEREZ y Otros.

Expediente 198/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
198/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • MARIA ENRIQUETA JUAREZ PEREZ y Otros.
  • CESAREO JUAREA PEREZ y Otros.
  • Cesareo Juarea Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando, el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora por el juez responsable; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando, que realizó las anotaciones en el expediente penitenciario de la aquí quejosa, en el sentido que se le concedió el amparo y que se encuentra en espera de que la autoridad responsable ordenadora dé cumplimiento a la ejecutoria amparadora; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 58 a 74), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal 456/2015, que se instruye en contra de los quejosos; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar de manera particular con qué pruebas se demostraron cada uno de los elementos del delito de daño en propiedad ajena, pues la sola transcripción de la versión de la pasivo, de los testimonios de cargo, de la inspección ocular en el lugar de los hechos y el dictamen de avalúo, no son suficientes para demostrarlos, sino que es necesario, además de otorgarles valor probatorio, explique con razonamientos jurídicos la forma en cómo se ejecutó la destrucción o deterioro de la cosa mueble ajena en perjuicio de la agraviada, a efecto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, debiendo destacar los elementos probatorios que evidencia que el objeto mueble o inmueble es ajeno a los inculpados. Incluso debe precisar si se trata de daños en propiedad ajena, o bien de daños en casa propia en perjuicio de otro (ya que en sus declaraciones se ostentaron con derecho sobre el inmueble, lo cual deberá valorar). b) Deberá estudiar y valorar de manera pormenorizada las declaraciones ministeriales de los inculpados María Enriqueta Juárez Pérez, Marcelino Juárez Pérez, y Cesáreo Juárez Pérez (fojas 120 a 123, 143 a 144, 148 a 149 del tomo de pruebas), en las que negaron los hechos manifestando que la dueña del bien inmueble objeto del delito es Margarita Pérez de Jesús, quien vive y es esposa del de cujus José Juárez Pacheco de quien se denunció la sucesión en el expediente citado, y para demostrar su dicho ofrecieron el testimonio de Margarita Pérez de Jesús; la copia del acta de matrimonio celebrado entre José Juárez y Margarita Pérez y los diversos recibos de pago de agua del inmueble localizado en la calle 80 poniente 1718 de la ciudad de Puebla, posteriores al deceso de José Juárez Pacheco (fojas 380 a 385 ídem), y el escrito de alegatos que fue recibido por el juzgado responsable el veintidós de enero de dos mil dieciséis (fojas 386 a 390 ídem); al haber sido ofrecidos por la defensa de los inculpados para robustecer su negativa. La anterior considerando que los argumentos que vertió la autoridad responsable no son suficientes para desestimarlos, además de incongruentes el estudio que vertió respecto de las declaraciones de los inculpados, lo que es importante se realice, dado que la falta de análisis valoración de las probanzas contradictorias o de descargo en el procedimiento penal, podría ocasionar que se siguiera todo un proceso contra un acusado, no obstante que con apoyo en las mismas podría haber quedado libre de responsabilidad desde ese momento y no tener que esperar hasta la sentencia definitiva, después de haber sido sometido a proceso con el consiguiente perjuicio que ello conlleva. c) En el estudio de la probable responsabilidad penal, el grado de participación que cada uno los inculpados, esto es, la acción que cada uno ejecutó en los hechos que se les imputa, dependiendo de las pruebas que obran en la causa penal de origen." (fojas 71 vuelta a 72 vuelta). Resolución que el once de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 124 a 128). Ahora bien, mediante oficio 6569 de nueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 188 a 199), la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 456/2015 de su índice, en la cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, así como la diversa de quince de julio del mismo año, con la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 199). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, hace el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena en perjuicio de otro en forma dolosa, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del acervo hereditario de la sucesión intestamentaria a bienes de José Juárez Pacheco, representado por Cruz Juárez Pérez. Resolución en la cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo estableció los elementos del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena doloso, así como los medios de prueba con los cuales se acreditan los mismos. Asimismo, estableció que el bien inmueble afecto es ajeno con base al nombramiento de albacea expedido por el Juzgado Segundo de lo Familiar en el expediente 582/2013, con la copia certificada de la escritura pública número cinco mil setecientos noventa y siete de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, así como copia certificada de todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Juárez Pacheco, al referir que de dichas documentales no se advierte que se haya realizado una declaratoria de herederos en la que sea reconocida a favor de los quejosos su derecho sobre parte o en la totalidad del bien (fojas 193 vuelta y 194). Por otra parte, procedió a estudiar y valorar de manera pormenorizada las declaraciones ministeriales de los inculpados, aquí quejosos María Enriqueta Juárez Pérez, Marcelino Juárez Pérez y Cesáreo Juárez Pérez, así como el testimonio de Margarita Pérez de Jesús (fojas 194, 196 vuelta a 198); la copia del acta de matrimonio celebrada entre José Juárez y Margarita Pérez (fojas 194) y los diversos recibos de pago de agua del inmueble localizado en la calle 80 Poniente número 1718 de la ciudad de Puebla, así como el escrito de alegatos que fue recibido por el juzgado responsable el veintidós de enero de dos mil dieciséis (foja 198 vuelta). Y, por otra parte, estableció el grado de participación de los aquí quejosos en el delito que les imputa, en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, al referir que fueron copartícipes y autores materiales al demostrarse que al llegar al predio afecto empezaron a trazar y rascar para poner cimientos y muros y colocaron cadenas y que dicho muro lo pegaron al muro de la propiedad de los denunciantes, y dañaron el tubo de la bomba de agua (foja 199). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Sin embargo, en la resolución que se analiza el juez responsable incurre en una incongruencia, pues si bien, como se indicó en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, hace el estudio del cuerpo del delito de daño en propiedad ajena en perjuicio de otro en forma dolosa, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, también lo es que en el resolutivo segundo de dicha determinación establece que decreta contra los aquí quejosos María Enriqueta Juárez Pérez, Cesáreo Juárez Pérez y Marcelino Juárez Pérez, auto de formal prisión por el delito de DAÑO EN CASA PROPIA EN PERJUICIO DE OTRO DE FORMA DOLOSA, previsto y sancionado por el artículo 414, fracción III, en agravio del acervo hereditario de la sucesión intestamentaria a bienes de José Juárez Pacheco, representado por Cruz Juárez Pérez (foja 199). De lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS DECRETADOS EN LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de enero, así como las diversas de quince de julio y nueve de agosto del mismo año, con las que pretendió dar cumplimiento; remitiendo a esta autoridad las constancias que así lo justifiquen. Y, una vez que se cuente con la anterior requerido este juzgado federal proveerá lo conducente respecto si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de once de julio de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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