Maria Fernanda Diaz de Rivera de Alba
Expediente 1678/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1678/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Fernanda Diaz de Rivera de Alba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de mayo de dos mil quince (fojas 203 a 219), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa María Fernanda Díaz de Rivera de Alba, para el efecto ".de que el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 773/2005, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados." (foja 218). Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y quien mediante ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil dieciséis resolvió confirmar la sentencia recurrida (fojas 338 a 382). Ahora bien, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, mediante oficio 1158 de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 397), la autoridad responsable Juez Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera del Distrito Judicial de Puebla (en su denominación correcta) transcribió el acuerdo que pronunció el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil 773/2005, promovido inicialmente por el licenciado José Luis Santos Torres, apoderado general de "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima y continuado posteriormente por el licenciado José Fernando Galindo Iturribarria, como apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad denominada "Recuperación de Comercio Exterior", Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, en contra de María Fernanda Díaz de Rivera de Alba, en el que se advierte que hizo lo siguiente: ". éste procede a dejar insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio, marcado con el número 773/2005, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, con fecha Veintiuno de Mayo de Dos Mil Trece, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados; decretándose la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento mencionado, ordenándose girar atento oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y cancele el embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en el número QUINIENTOS VEINTIOCHO GUIÓN CUATRO (528-4), DE LA RECTA CHOLULA, PUEBLA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL "SANTA CATARINA" DEL MUNICIPIO DE CHOLULA, PUEBLA, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Entidad, bajo la Partida número 623, Tomo 79, del Libro Uno, de fecha Diez de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Dos." Luego, mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora debido a que el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla omitió remitir la anotación marginal correspondiente de cancelación de embargo (por ser actos estrechamente vinculados al emplazamiento que se ordenó dejar insubsistente) (fojas 413 a 415). Por oficio SFA/DGRPP/RPPCHOL/2226/2016, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio informó a esta autoridad haber dado cumplimiento a lo requerido bajo el folio real electrónico 141596 relativo a la cancelación de anotación de embargo que le fue solicitada por oficio 1159, expediente 773/2015 del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros de la ciudad de Puebla, remitiendo las constancias correspondientes (fojas 437 y 455 a 458). Dichas constancias, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos..."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA "RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVES DE SUS APODERADOS LEGALES EL PROVEIDO DE CINCO DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de mayo de dos mil quince (fojas 203 a 219), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa María Fernanda Díaz de Rivera de Alba, para el efecto ".de que el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Puebla deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 773/2005, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados." (foja 218). Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y quien mediante ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil dieciséis resolvió confirmar la sentencia recurrida (fojas 338 a 382). Ahora bien, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, mediante oficio 1158 de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 397), la autoridad responsable Juez Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera del Distrito Judicial de Puebla (en su denominación correcta) transcribió el acuerdo que pronunció el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil 773/2005, promovido inicialmente por el licenciado José Luis Santos Torres, apoderado general de "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima y continuado posteriormente por el licenciado José Fernando Galindo Iturribarria, como apoderado general para pleitos y cobranzas de la sociedad denominada "Recuperación de Comercio Exterior", Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, en contra de María Fernanda Díaz de Rivera de Alba, en el que se advierte que hizo lo siguiente: ". éste procede a dejar insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio, marcado con el número 773/2005, a partir del emplazamiento realizado a la quejosa, con fecha Veintiuno de Mayo de Dos Mil Trece, así como los actos anteriores a ella, tales como el requerimiento de pago y el embargo, al encontrarse estrechamente vinculados; decretándose la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento mencionado, ordenándose girar atento oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y cancele el embargo trabado sobre el bien inmueble ubicado en el número QUINIENTOS VEINTIOCHO GUIÓN CUATRO (528-4), DE LA RECTA CHOLULA, PUEBLA, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL "SANTA CATARINA" DEL MUNICIPIO DE CHOLULA, PUEBLA, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Entidad, bajo la Partida número 623, Tomo 79, del Libro Uno, de fecha Diez de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Dos." Luego, mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora debido a que el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla omitió remitir la anotación marginal correspondiente de cancelación de embargo (por ser actos estrechamente vinculados al emplazamiento que se ordenó dejar insubsistente) (fojas 413 a 415). Por oficio SFA/DGRPP/RPPCHOL/2226/2016, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio informó a esta autoridad haber dado cumplimiento a lo requerido bajo el folio real electrónico 141596 relativo a la cancelación de anotación de embargo que le fue solicitada por oficio 1159, expediente 773/2015 del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros de la ciudad de Puebla, remitiendo las constancias correspondientes (fojas 437 y 455 a 458). Dichas constancias, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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