María Enriqueta García

Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • María Enriqueta García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de tres de febrero del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación será glosada y surtirá los mismos efectos que el cuaderno principal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Certificación. En Hermosillo, Sonora a tres de febrero de dos mil veintitrés, el suscrito secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifica y hace constar que se notificó personalmente al promovente el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el proveído de dieciocho de enero del año en curso, mediante el cual se le previno a fin de que cumpliera con el requerimiento formulado en el referido proveído, por lo que el plazo de cinco días concedido, transcurrió del veintisiete de enero al dos de febrero del año en curso, sin que se advierta que a la fecha lo haya cumplido; lo anterior, se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido en su integridad el plazo de cinco días que se concedió al promovente, para que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jenniffer Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido en su integridad el plazo de cinco días que se concedió al promovente, para que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Certificación. En Hermosillo, Sonora a tres de febrero de dos mil veintitrés, el suscrito secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifica y hace constar que se notificó personalmente al promovente el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el proveído de dieciocho de enero del año en curso, mediante el cual se le previno a fin de que cumpliera con el requerimiento formulado en el referido proveído, por lo que el plazo de cinco días concedido, transcurrió del veintisiete de enero al dos de febrero del año en curso, sin que se advierta que a la fecha lo haya cumplido; lo anterior, se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido en su integridad el plazo de cinco días que se concedió al promovente, para que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jenniffer Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que ha transcurrido en su integridad el plazo de cinco días que se concedió al promovente, para que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de enero del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese expediente con la demanda firmada por Jesús Aidan Samaniego Moreno, en representación de María Enriqueta García, contra el acto atribuido al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese bajo el número 66/2023 A-III, que corresponde. 2. Prevención de la demanda. Previo a proveer respecto de la citada demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108 fracción I, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba materialmente ante este juzgado, la copia certificada del documento con el que acredite que al momento de presentar la demanda de amparo era apoderado o representante legal de la parte quejosa y no sólo autorizado como lo menciona en la demanda que se atiende. Así se exige, pues en torno al documento exhibido consistente en copia certificada del acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el presidente del tribunal señalado como autoridad responsable, en el expediente 385/2009, relativo al juicio de responsabilidades administrativas de su índice, únicamente se advierte que el promovente fue autorizado conforme a lo previsto por el artículo 205 del Código Fiscal del Estado de Sonora, esto es, para el trámite e interposición de recursos ordinarios referentes al citado juicio administrativo del que deriva el acto aquí reclamado. Tiene puntual aplicación por las razones que en ella se contienen, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal que sigue: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual manera, son aplicables, por las razones que en ellas se contienen, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos respectivamente, son del tenor literal siguientes: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Registro digital: 2001581; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Común, Administrativa; Tesis: 2a./J. 90/2012 (10a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176; Tipo: Jurisprudencia. "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA. Los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben interpretarse en las coordenadas del principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe estimarse que si en la demanda de amparo directo el promovente se ostenta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio -conforme al cual carece de facultades para promover dicha demanda- y omite exhibir documento alguno que lo acredite como su representante legal o apoderado, el juzgador deberá prevenirlo para que subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo, pues este modo de actuar permite salvaguardar de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, pues no se inhibe por un error en la acreditación de la personería de la parte quejosa el examen de constitucionalidad del asunto sometido a su jurisdicción. No obstante, al desahogar la prevención deberá probarse que al momento de presentar la demanda de amparo el autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, era apoderado o representante legal de la parte quejosa cuando promovió el juicio de amparo y no sólo autorizado en términos del artículo citado del Código de Comercio." Registro digital: 2011873; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Común, Civil; Tesis: 1a./J. 15/2016 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 642; Tipo: Jurisprudencia. Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para ello, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, su demanda se tendrá por no presentada. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 4. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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