María Elma Herrera Martínez
Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Elma Herrera Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por los cuales acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Se requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita constancia fehaciente que acredite la entrega del cheque ********************, a la parte quejosa. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Se da vista a parte quejosa. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa con copia del cheque referido, el cual se encuentra a su disposición en ventanilla de las oficinas de la autoridad vinculada a fin de que se le haga entrega del documento financiero; y, en tal caso lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad vinculada. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
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Auto. Hermosillo, Sonora, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio.********************Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se vincula a la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirva informar a este juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento total que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados en ese sentido; cuyos efectos se transcriben a continuación:********************"(...) ********************2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio -********************-, hasta el último descuento que haya realizado." ********************Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente:********************"AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO."********************Notifíquese; y por oficio a la autoridad vinculada.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.********************Jennifer ********************
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Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.*********** Solicitud de prórroga. Agréguese el oficio remitido por el asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aunado a que solicita prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo. ***********En relación con lo anterior, es importante destacar que el artículo 192 de la Ley de Amparo prescribe, por regla general, que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. *********Asimismo, estatuye que si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, siempre y cuando la autoridad demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; aspecto éste último que no se encuentra plenamente satisfecho en el caso. *********Bajo esa línea, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para otorgar la prórroga solicitada por el plazo de diez días, habida cuenta que a la fecha no ha demostrado el cumplimiento a cabalidad, de ahí que, en términos de los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, únicamente se le conceda el plazo genérico de tres días para cumplir con el fallo constitucional. **********Apercibimiento. Adviértase a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. **********Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: *******"AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." **********Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
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Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con catorce minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Igualmente, se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en autos; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se soslaya que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, respecto a la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental ofertada por la parte quejosa, así como las documentales ofrecidas por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto, e instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1344/2023; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado, María Elma Herrera Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por proveído de cuatro de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción.. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, el siguiente: El descuento sobre el monto del importe relativo al pago de la jubilación a partir de julio de dos mil veintitrés y subsecuentes, con motivo de la aplicación del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (en lo sucesivo ISSSTESON), por concepto de "Servicio Médico". Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), no obstante que por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, aceptan parcialmente lo reclamado y su inconstitucionalidad; ello, en razón de que, de los propios argumentos que opone en su informe, se desprende la existencia del reclamo planteado por la quejosa. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Es así, más aún que el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien, existe un departamento encargado de realizar la deducción que refiere la parte quejosa, dicho instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión que se otorgue, deba contener las deducciones debidamente legitimadas, y la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide el instituto quien otorga el pago pensionario a la aquí quejosa, entidad de la cual es responsable su director y, por tanto, su representante en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON. Además, la veracidad del acto que se reclama se corrobora con la prueba documental exhibida por a la parte quejosa, relativa al recibo de pago de nómina de su pensión y la diversa, aportada por el propio jefe de la Unidad Jurídica del instituto responsable, correspondiente al dictamen pensionario de la peticionaria y al recibo de nómina por pago de pensión; documentos a los que se otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causas de improcedencia -infundadas- En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el jefe de la Unidad Jurídica del instituto responsable, hace valer la causal de improcedencia que deriva del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento expreso y tácito del reclamo controvertido, pues substancialmente argumenta que la quejosa tuvo conocimiento del descuento que se le efectúa desde el primer pago pensionario que se le hizo. Lo anterior resulta infundado. Así se considera, pues no existe en autos prueba apta alguna de la que se desprenda que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno del reclamo constitucional en fecha distinta a la que refiere en su demanda bajo protesta de decir verdad, esto es, el diez de agosto de dos mil veintitrés; de modo que si la demanda de amparo fue presentada el treinta y uno del mes y año referidos, resulta claro que no había transcurrido el término de quince días que para su presentación prescribe el numeral 17 de la ley de la materia, que cita la autoridad responsable. De ahí que no se puede sostener lo afirmado por la responsable, en cuanto a que desde entonces la quejosa haya tenido la certeza del descuento por el servicio médico previsto en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora que reclama en este juicio de amparo. Pues en forma alguna se demuestra que haya tenido conocimiento de la aplicación de dicho precepto legal en otra data; de tal modo que debe prevalecer en el presente asunto, lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en relación con el conocimiento pleno de los actos reclamados. Por tanto, al no estar acreditado que la parte impetrante de amparo haya tenido conocimiento completo del acto reclamado de forma que lo consintiera -pues no se advierte que conociera el sustento legal de la deducción-, de ahí que para determinar si la presentación de la demanda fue oportuna, debe atenderse a la fecha de conocimiento manifestada por la promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, a saber, el diez de agosto de dos mil veintitrés. Bajo esa óptica, es infundada la causal de improcedencia por extemporaneidad. La decisión alcanzada es acorde con los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS, en la que estableció que el primer acto de aplicación de una norma es susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito, en caso de que la parte inconforme no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquél en que tuvo pleno conocimiento del mismo, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos motivo de impugnación y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente, lo cual no se desprende fehacientemente del recibo de pago en el caso. Dado que no existen diversas causales de improcedencia, y este juzgador no advierte alguna que de manera oficiosa se actualice; por tanto, se procederá enseguida a analizar el fondo del asunto. Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que la parte quejosa tiene el carácter de pensionada ante el ISSSTESON, y recibe una pensión mensual menos una deducción, la cual tiene fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En el caso particular, la parte quejosa reclama el referido descuento que establece el precepto legal mencionado, en específico su fracción I, por un cargo del siete por ciento sobre el monto de la pensión que percibe, por concepto de servicio médico. Refiere, que la aplicación del artículo que tilda de inconstitucional infringe el derecho humano a la salud y a cualquier otra garantía que atente contra su dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, dado que las autoridades deben interpretar las leyes favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Explica que al realizarse los descuentos de la pensión que recibe del ISSSTESON, con aplicación y sustento del artículo 25 fracción I, de la Ley del ISSSTESON, le condicionan a pagar una cuota a fin de que pueda disfrutar del resto de prestaciones que otorga la Ley y ello le otorga un trato igual como jubilado que a los trabajadores en activo, lo cual no se encuentra justificado, por lo cual se vulneran en su perjuicio los principios de igualdad; citando como apoyo la tesis jurisprudencial P./J.27/2016, con registro 2012803, de rubro: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1º. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Substancialmente resulta fundado el concepto de violación sintetizado, y suficiente para conceder el amparo solicitado. Es así, pues el descuento a los pensionados o pensionistas, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, en términos de la fracción I del Artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, vulnera el derecho a la seguridad social, ya que dicha norma local, conforme al criterio del Alto Tribunal, establece una medida contraria a los derechos a la igualdad y no discriminación, reconocidos en los artículos 116, fracción VI y 123, apartados A, fracción XXIX y B, fracción XI, de la Constitución Federal, al no estar constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados para contribuir a las prestaciones de seguridad social, a las cuales ya cotizaron como trabajadores en activo, por lo que debe cesar su aplicación por parte de la autoridad administrativa. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro dice: "DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J.27/2016 (10a.)]" Además, en la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de octubre de dos mil quince, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, consideró entre otros aspectos, lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar un porcentaje de su pensión percepción para diversos usos. (Artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California) El artículo impugnado literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. "Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: "I. Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y "II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. "Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. "Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." La parte actora considera que el artículo 16, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que se vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social, y los principios de previsión social y equidad, al obligarse a los pensionados al igual que los trabajadores en activo a un porcentaje de sus respectivas percepciones para cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes. Lo anterior, argumentan, implica un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica ya que su economía no se ve afectada al poder incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumenta el salario mínimo general de la zona. Agrega el argumento de que la finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados. Lo anterior es fundado, ya que la norma reclamada aplica deducciones a los trabajadores en activo así como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente. De un análisis de los artículos constitucionales y convencionales citados por el promovente, se advierte que los mismos se refieren de manera principal al principio de igualdad y no discriminación y en específico al artículo 123, donde se establecen las bases mínimas para la seguridad social, fijándose los rubros mínimos que ésta debe de cubrir, que incluyen el concepto de jubilación. Por su parte, este Tribunal encuentra que los artículos 26, 28 y 29 del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,(12) establecen que la edad prescrita para acceder a las prestaciones de vejez no deberá exceder de una cierta edad (75 años) y que tiene un mínimo de años de cotización. Todos los demás elementos que se contienen en el apartado B del artículo 123, se refieren a derechos, garantías y bases mínimas de los trabajadores en activo, tales como: duración de la jornada diaria, días de descanso, vacaciones, escalafón, salarios, etcétera, los cuales no aplican ya a los jubilados o pensionados. Así, resulta evidente para este Tribunal que la situación de trabajador en activo es un rango de edades y de años laborales en los que el trabajador se desarrolla con ciertos derechos y expectativas que en el momento en el que su vida laboral activa termina desaparecen. En el caso de Baja California, todo trabajador al servicio del Estado debe aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, que sirve para cubrir seguro médico y de maternidad, y otras prestaciones de seguridad social. Por su parte, los pensionados y pensionistas deberán cubrir al instituto un porcentaje de su pensión -cuyas cuotas serán determinadas en las leyes correspondientes- que será destinado para cubrir diversos gastos y servicios del instituto. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, este Tribunal Pleno determinó que el descuento de montos de las pensiones que corresponden a los pensionados para el mantenimiento del fondo de pensiones es inconstitucional ya que genera una situación desigual entre el trabajador en activo y el pensionado. Tenemos que a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, ya que su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización y ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, por lo que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Finalmente, la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, en este caso por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión o, es durante el transcurso de su vida activa y no cuando ya está en esa condición de pensionado, esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Se advierte que el artículo 2o., fracciones XI y XII, de la ley impugnada hace una distinción entre pensionados y pensionistas, al determinar que los primeros son los trabajadores retirados definitivamente, mientras que los segundos son las personas que reciben el importe de una pensión, originada por tener el carácter de familiar o dependiente económico del trabajador fallecido o pensionado fallecido.(13) Esta distinción no modifica el análisis de igualdad a realizar, toda vez que ambas categorías están constituidas por beneficiarios que tienen el derecho a recibir una pensión en términos de ley por el simple hecho de que el trabajador realizó las aportaciones correspondientes al régimen de pensiones. Por tanto, se entiende que el reclamo aplica para los beneficiarios de una pensión, independientemente de si se trata del trabajador jubilado directamente o de alguno de sus beneficiarios. Desde esta perspectiva, los pensionados o pensionistas se encuentran en situaciones distintas a los trabajadores en activo, y no existe una justificación constitucional que permita que a estos individuos que se encuentran en situaciones distintas se les trate de la misma manera, cobrándoles para el pago de sus mismas pensiones. El artículo 1o. de la Constitución, en sus párrafos primero y quinto, establecen el principio de igualdad y no discriminación el cual, para ser limitado o configurado por parte del legislador mediante la generación de un trato desigual para personas iguales o igual para personas desiguales, tienen que encontrar una justificación constitucionalmente legítima, en especial cuando la distinción entre tipos de sujetos es realizada por la misma Constitución, como en el caso ya analizado del artículo 123. Sin embargo, este Tribunal considera que esta justificación no se encuentra en la Constitución Federal, ni es posible desprenderla de las convenciones aplicables al caso que se analiza. No se desconoce que la reforma se haya justificado por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones, lo que posteriormente se avaló por el Congreso Local en el procedimiento legislativo, si bien es una situación de suma gravedad sobre la cual se deben encontrar soluciones, no constituye una finalidad constitucional legítima para limitar o desaparecer la distinción analizada entre jubilados o pensionados y trabajadores en activo y generar un trato igual en lo que corresponde a las aportaciones para el fondo de pensiones del Estado. La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. Cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, el mismo aporta una cantidad para el día en que se pensione, y este sistema está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira lo que se crea es un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas.(15) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretenda hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. Los pensionados aportaron durante toda su vida para recibir un beneficio en forma de una pensión por retiro, razón por la cual no es posible exigir que sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros servicios, tal y como lo hacían cuando tenían el estatus de trabajadores. La circunstancia de establecer la obligación a los pensionados o pensionistas de contribuir al propio sistema de pensiones va en contra la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido que consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En este sentido, los costos para sostener el sistema (servicios, pensiones, gastos administrativos, etc.) deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. Esto significa que se debe excluir del régimen a los pensionados y pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. De este modo, al existir una clara diferencia entre trabajadores en activo y los pensionados/pensionistas y no encontrarse una justificación constitucionalmente legítima para un trato que no reconozca esta diferencia, este tribunal considera que este concepto de invalidez es fundado y, por tanto, debe declararse la invalidez del párrafo tercero y párrafo cuarto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Ver votación 5 (.) Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 19/2015 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que indica "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", y 122, fracción II, en la porción normativa que señala "pensionados y pensionistas", de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; así como de los diversos 2, fracción II, en la porción normativa que cita "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 9 y 11, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción I, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social; y de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa que refiere "así como el que debe cubrir el pensionado o pensionista", 7 y 9, fracción I, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.), cuyo rubro y texto a continuación se citan: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De la ejecutoria y jurisprudencia reproducidas se advierte que el Pleno del Máximo tribunal del país retomó el criterio que sustentó al resolver la acción de inconstitucionalidad 101/2014, en el sentido de que en un sistema de pensiones solidario por beneficio definido, resulta violatorio de los principios de igualdad y de previsión social, obligar al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, porque su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Además, que la aportación que el trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, por solidaridad en cuentas colectivas, para el posterior pago de estos montos de pensión, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no cuando está en la condición de pensionado; esto es, un pensionado no aporta para su propia pensión o jubilación o para los trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condición. Dicho criterio, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo hizo extensivo a todas las cuestiones atinentes a servicios que incluye el régimen obligatorio para los trabajadores en activo, como son los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, y demás prestaciones o servicios de seguridad social señaladas en la ley. Lo anterior, porque estableció que al ser la ley examinada, de beneficio definido conforme a las fórmulas en ella contenidas, tornaba muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuento sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión fijados previamente. Precisó que cuando un trabajador está en activo y recibiendo un salario, aporta una cantidad para el día en que se pensione, sistema que está establecido para crear un fondo solidario para sufragar pensiones y servicios; y cuando el trabajador se retira, se crea un derecho a obtener una pensión, que en el presente caso se vería reducida al volverle a pedir al pensionado o pensionista una cantidad para un sistema de pensiones del que él ya no está participando activamente, sino pasivamente. Por ello, el Alto Tribunal estableció que al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Lo anterior, al margen de que los porcentajes de descuentos para una y otra categoría sean distintos, porque el problema de constitucionalidad reside en que se le aplican descuentos a pensionados o pensionistas, lo que se considera contrario a la racionalidad del sistema de retiro por beneficio definido, el cual consiste en aportar para recibir una pensión definida en el momento del retiro. En ese contexto, el Alto Tribunal del País sostuvo que los costos para sostener el sistema como son los servicios previstos en la ley -entre los que se encuentra el servicio médico-, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo; lo cual significa que se debe excluir del régimen a los pensionados o pensionistas de forma absoluta, ya que de lo contrario éste se convierte en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario. Situación que llevó al Tribunal Pleno a declarar la invalidez de las normas reclamadas y, por extensión, de todas aquéllas en que se viera reflejada la obligación de los pensionados o pensionistas de realizar aportaciones para sostener de manera integral el sistema de pensiones y las prestaciones o servicios de seguridad social que ello conlleva. Ahora, en el presente caso, la Ley del ISSSTESON participa del carácter solidario en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, lo cual se advierte de sus artículos 16 y 21, conforme a los cuales, en su financiamiento confluyen las aportaciones del trabajador y el Estado-patrón. Asimismo, el sistema de jubilaciones y pensiones en el Estado de Sonora, al igual que en el Estado de Baja California, también es de beneficio definido, pues conforme a los artículos 59 y 59 Bis de la Ley del ISSSTESON, el derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en la propia ley y satisfacen los requisitos correspondientes, y los montos otorgados por este concepto se incrementarán solamente en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Además, para garantizar el monto de las pensiones y jubilaciones así como el otorgamiento de los demás servicios o prestaciones de seguridad social a que son acreedores sus beneficiarios, se constituye el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, el cual es administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación está prevista en el acto jurídico de su constitución. En ese contexto, conforme a la Ley del ISSSTESON cabe concluir que una vez que el trabajador en activo cumple los requisitos señalados para obtener el derecho a una pensión, se hace acreedor a la obtención de la percepción respectiva, que se cuantifica en función de la antigüedad en el servicio público y al monto de las cotizaciones enteradas al instituto; sin posibilidad alguna de obtener ingresos adicionales y aspirar a aumentar su categoría como sucede en tratándose de los trabajadores en activo, aunado que la obtención de esa pensión es incompatible con el desempeño del trabajo remunerado. Ahora, el artículo 25 de la Ley del ISSSTESON establece lo siguiente: "Artículo 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I. Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será hecho por el Instituto; II. Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que corresponda. Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.". Como se advierte, la citada porción normativa impone al pensionado la obligación de aportar el siete por ciento de su pensión para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. En ese contexto, de acuerdo con las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, las cuales resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional, debe concluirse que con la imposición de la citada obligación se violan en perjuicio de la parte quejosa los principios de igualdad y previsión social establecidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, de la Ley Fundamental, por cuanto que, al margen de las diferencias de las cuotas impuestas entre los trabajadores en activo y pensionados, se otorga un trato similar a personas que se encuentran en situaciones jurídicas distintas. Situación que amerita la exclusión absoluta de la parte quejosa del régimen que la obliga a aportar un porcentaje de su pensión para destinarlo a la prestación del seguro de enfermedades no profesionales y maternidad o servicio médico, ya que de lo contrario, éste se convertiría en un sistema circular que desvirtúa su carácter solidario, según razonó el más Alto Tribunal del País. Finalmente, resulta relevante dejar sentado que el presente fallo es congruente con las ejecutorias dictadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en los amparos en revisión 667/2018 y 633/2018, respectivamente, en los cuales esencialmente declararon la inconstitucionalidad del artículo aquí reclamado respecto del cobro del servicio médico a los pensionados y jubilados del ISSSTESON, con base en los razonamientos condensados en la jurisprudencia P./J. 27/2016. Igualmente, cabe destacar que el Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, llegó a la conclusión de que los efectos de la concesión de la protección constitucional respecto del artículo declarado inconstitucional, debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquél en el que cronológicamente se aplicó por primera vez a la parte quejosa el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que tuvo conocimiento de que se materializó en su perjuicio. Así, dicho Pleno argumentó que, lo anterior, además es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a partir de la fecha en que la parte inconforme manifestó que tuvo pleno conocimiento de la individualización de la norma general en su perjuicio. Decisión En tal virtud, como el artículo 25, fracción I, de la Ley del ISSSTESON resulta violatorio de los principios de igualdad y previsión social contenidos en los artículos 1 y 123, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) cuatro por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedora del acto de individualización en su perjuicio - diez de agosto de dos mil veintitrés -, hasta el último descuento que haya realizado. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que como lo estableció la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 124/2017 y reasunción de competencia 147/2019 anteriormente mencionados, es factible conceder el amparo en contra de la aplicación subsecuente de los descuentos periódicos al monto de una pensión de seguridad social, al revertirle la característica de ser inminentes, por ser actos reclamados expresamente en el presente juicio, cuya inconstitucionalidad quedó evidenciada. Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no le causarían mayor beneficio al ya otorgado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Elma Herrera Martínez, respecto del acto señalado en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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