María Elvia Hernández García

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • María Elvia Hernández García
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de uno de marzo del año en curso por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el escrito de ********************, en representación de su menor hijo ********************, por medio del cual informa que a su menor hijo le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus COVID-19. Por tanto, dicha información se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el uno del mes y año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de los apoderados de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento realizado al auto dictado el veintidós de febrero del año en curso, informan que el menor quejoso Daniel Hernández Hernández, si se presentó el día veintisiete de octubre y veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno para la aplicación de la primera y segunda dosis, respectivamente, de la vacuna contra el virus COVID-19, de la farmacéutica Pfizer, anexando copia donde se advierte el consentimiento de la madre para dicha aplicación. Ahora bien, del estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que el trece de octubre de dos mil veintiuno María Elva Hernández García, en representación de su menor hijo Daniel Hernández Hernández, comparecieron a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: La omisión de aplicar al menor Daniel Hernández Hernández la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Ahora bien, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se tuvo a los apoderados de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, informando que a las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el menor quejoso acompañado de sus familiares podría acudir a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número uno, ubicada en Calle Plan de Ayutla número 78, colonia Chapultepec Sur de esta ciudad, para el efecto de que le fuera aplicada la primera vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, previamente la autorización signada por alguno de sus progenitores. De la misma forma, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio en que se actúa, el trece de diciembre del dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio firmado por la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, mediante el cual, informaron que el menor quejoso Daniel Hernández Hernández, si se presentó el día veintisiete de octubre del año en curso para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. De igual forma, en esta fecha se recibió el oficio de las citadas autoridades responsables en el cual informan que el menor quejoso Daniel Hernández Hernández, se presentó el día veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno para la aplicación de la segunda dosis, de la vacuna contra el virus COVID-19, de la farmacéutica Pfizer, anexando copia donde se advierte el consentimiento de la madre para dicha aplicación. Lo expuesto se corrobora con las manifestaciones y constancias que se sirvió allegar la promovente del amparo, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentos públicos. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar al menor Daniel Hernández Hernández la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó al menor quejoso en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito invoca como hecho notorio el auto dictado en esta propia fecha, por el que se decretó el sobreseimiento en el juicio principal del que deriva el incidente en que se actúa, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. De manera preliminar, conviene mencionar que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo expuesto, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración que en el juicio de amparo de donde deriva el incidente en que se actúa se decretó el sobreseimiento, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, resultaría ocioso continuar con la tramitación del incidente hasta resolver sobre la suspensión definitiva, pues ello resultaría contrario al principio de economía procesal ya referido, en perjuicio, como ya se dijo con antelación, del resto de los justiciables de este juzgado, pues no deviene práctico ponderar un interés particular sobre el general; por tanto, se declara sin materia el incidente de suspensión al no existir cuestión sobre la cual resolver. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para el día de hoy para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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