Maria Elizabeth Viveros Sandoval
Expediente 404/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Elizabeth Viveros Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 404/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que constituye hecho notorio, que en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, se tuvo rindiendo el informe previo de la autoridad responsable Ariel Montoya Romero en cuanto Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Asimismo, al rendir su informe previo hizo la precisión de que tomó en cuenta la certificación que realizó la jefa de causa de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ya que de acuerdo al diseño y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio establecido conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, compete a dicha dirección, además de la gestión, planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir un equipo que permita desarrollar con efectividad el Sistema de Justicia, en cuanto órgano administrador, recibir y registrar en una base de datos o programa denominado Sistema Integral de Justicia [SIAJ] las carpetas administrativas, los cuadernos de antecedentes y todo lo que se gestione en ellos, y que los jueces no tienen acceso a esa información, únicamente lo tienen en las causas que les son asignadas por la propia administración. De igual manera, refirió que la región Morelia, se integra por los catorce Jueces de Control y Enjuiciamiento que se indicaron en los oficios que le fueron girados. No obstante, puntualizó que se encuentran regidos por una sola administración de causa, y, a partir de la información proporcionada, comunicó que no existe en la Dirección del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, antecedente registrado de la que se derive orden de aprehensión y/o comparecencia en contra de la parte quejosa. Con el cual se dio vista de manera oportuna a la parte quejosa, sin que haya realizado manifestación al respecto. El Juez acuerda: De manera preliminar, conviene mencionar que el juicio de amparo se constituye bajo el principio de economía procesal, con la finalidad de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, de acuerdo con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable posible para ponderar la efectividad del mismo, con la finalidad de evitar la imposición de formulismos poco prácticos contrarios a la finalidad de la norma, al igual que convertir cualquier irregularidad procesal en un obstáculo insuperable para la continuación del proceso y obtener con ello una resolución práctica sobre la controversia planteada (principio de favorecimiento de la acción). Acorde con lo expuesto, desde una perspectiva de proporcionalidad se debe observar un distinto tratamiento en torno al grado de complejidad o defectuosidad de los diversos asuntos, los vicios o errores en que pudieran incurrir las partes y en relación con las circunstancias concurrentes su trascendencia práctica e incluso la voluntad de los promoventes, permitiendo que éstos en su caso los corrijan o incluso realizar ello de oficio para preservar sus derechos, sin soslayar la igualdad procesal de las partes (principio de subsanación de los defectos procesales); ello, tomando en consideración además a todos los justiciables que ejercen su derecho en específico ante este órgano jurisdiccional. Así, en virtud de lo expuesto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena tomar en consideración la información contenida en el informe previo referido, para resolver el juicio en que se actúa. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 7247, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez provee: Ténganse por recibidos los alegatos vertidos por la Agente adscrita a este órgano jurisdiccional, en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena hacer relación de los mismos en la presente audiencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez provee: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que obra el pedimento presentado de la agente del Ministerio Público de la Federación y se hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito recibido el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el diez siguiente a este juzgado María Elizabeth Viveros Sandoval, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Amalia Herrera Arroyo Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 2. Ana Lilia García Cardona Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 3. Ariel Montoya Romero Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 4. Cristóbal Luviano Tena Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 5. Féliz Francisco Cortés Sánchez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 6. Fernando Hernández Hernández Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 7. Fernando Sánchez Martínez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 8. Jesús Alejandro Sosa Maya Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 9. Manuel Padilla Téllez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 10. María Consuelo López Ramírez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 11. María de la Soledad López Ortiz Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 12. Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 13. Noé Reyes Millán Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 14. Ramón Sánchez Magaña Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 15. Fiscal General del Estado de Michoacán; 16. Coordinador General de Fiscalías Regionales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 17. Titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, 18. Titular de la Fiscalía Regional de Morelia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. 19. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Acto reclamado: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Segundo. Por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 404/2023; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - El pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Tercera. Las autoridades responsables ejecutoras al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, a excepción de las autoridades judiciales quienes fueron omisas en rendir los mismos, aún y cuando fueron debidamente emplazadas al presente juicio tal como se advierte de la constancia de envío vía correo electrónico de dieciocho de abril del presente año, de los oficios respectivos por lo que correspondería presumirles ciertos los actos que se les reclaman en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, tal como se refirió en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye hecho notorio, que en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, se tuvo rindiendo el informe previo en representación de la totalidad de las autoridades judiciales responsables al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Ariel Montoya Romero, quien hizo la precisión de que se tomó en cuenta la certificación que realizó la Jefa de Causa de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ya que de acuerdo al diseño y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio establecido conforme a los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, compete a dicha dirección, además de la gestión, planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir un equipo que permita desarrollar con efectividad el sistema de justicia, en cuanto órgano administrador, recibir y registrar en una base de datos o programa denominado sistema Integral de Justicia [SIAJ] las carpetas administrativas, los cuadernos de antecedentes y todo lo que se gestione en ellos, y que los jueces no tienen acceso a esa información, únicamente lo tienen en las causas que les son asignadas por la propia administración. De igual manera, refirió que la región Morelia, se integra por los catorce Jueces de Control y Enjuiciamiento que se indicaron en los oficios que le fueron girados. No obstante, puntualizó que se encuentran regidos por una sola administración de causa, y, a partir de la información proporcionada, comunicó que no existe en la Dirección del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, antecedente registrado de la que se derive orden de aprehensión y/o comparecencia en contra de la parte quejosa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elizabeth Viveros Sandoval, por inexistencia de los actos reclamados, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 404/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que obra el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público adscrita, asimismo, que ninguna de las demás partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos referidos y se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: 1. Amalia Herrera Arroyo Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 2. Ana Lilia García Cardona Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 3. Ariel Montoya Romero Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 4. Cristóbal Luviano Tena Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 5. Féliz Francisco Cortés Sánchez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 6. Fernando Hernández Hernández Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 7. Fernando Sánchez Martínez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 8. Jesús Alejandro Sosa Maya Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 9. Manuel Padilla Téllez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 10. María Consuelo López Ramírez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 11. María de la Soledad López Ortiz Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 12. Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 13. Noé Reyes Millán Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 14. Ramón Sánchez Magaña Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; 15. Fiscal General del Estado de Michoacán; 16. Coordinador General de Fiscalías Regionales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; 17. Titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, 18. Titular de la Fiscalía Regional de Morelia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. 19. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Acto reclamado: - La orden de cateo y el pretender privar de la libertad a la parte quejosa, así como su ejecución. Segunda. Las autoridades responsables referidas en los párrafos que anteceden al momento de rendir su informe previo manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. En consecuencia, se niega la medida cautelar solicitada toda vez que no existe materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19 publicada en la página ciento treinta y tres, tomo II, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, número de registro 204855 de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por lo expuesto en la resolución, se niega a********************, la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con los informes justificados que rinden las autoridades siguientes: 1. Wilfrido Tapia López Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro; y, 2. Jefe de Departamento de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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