María Esperanza Aguirre Andrade
Expediente 858/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Esperanza Aguirre Andrade
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio mediante el cual se le remitió el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. Asimismo, téngase a dicha autoridad informando que previo a aceptar la competencia planteada por este juzgado y en su caso, resolver sobre la admisión de la demanda de amparo directo registrada con el número 900/2018, requirió diversas constancias a la autoridad responsable. Por tanto, una vez que esto ocurra, este juzgado proveerá en relación al archivo del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rogelio García Churape y Edgar Omar Barajas Flores en cuanto apoderados de María Esperanza Aguirre Andrade, carácter que se les reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, en virtud de la copia cotejada del instrumento notarial que acompañaron a la demanda, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 858/2018. Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, determinó improcedente el recurso de revocación hecho valer por el ahora quejoso contra el auto de dieciséis de agosto del año en curso, en el que el juez responsable decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil 744/2018, de su índice. Ahora bien, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el amparo directo procede, entre otras, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, salvo que la ley les permita la renuncia de los recursos. En el presente caso, se advierte que el quejoso comparece a reclamar la sentencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, determinó improcedente el recurso de revocación hecho valer por el ahora quejoso contra el auto de dieciséis de agosto del año en curso, en el que el juez responsable decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil 744/2018, de su índice, con la cual se pone fin al juicio natural. Una vez establecido lo anterior y para explicar la incompetencia mencionada es necesario traer a contexto el contenido por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: [.] II. Los tribunales colegiados de circuito; [.]". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo [.]". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]". Del numeral 170 transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Atento a lo anterior, se declina la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rogelio García Churape y Edgar Omar Barajas Flores en cuanto apoderados de María Esperanza Aguirre Andrade, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Remítase la demanda original de amparo al Tribunal Colegiado antes mencionado, solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la determinación que al respecto pronuncie. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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