Maria Elena Sánchez Montes de Oca

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Maria Elena Sánchez Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 16 a 25), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de mayo de dos mil dieciocho. 2. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Por acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con el número 8496 (fojas 36 a 45) la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó el cumplimiento del fallo protector, y al efecto remitió copia certificada de la resolución dictada el dos de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente ****. De la citada documental se desprende que la autoridad responsable: Dejó insubsistente la resolución reclamada de siete de mayo de dos mil dieciocho. En su lugar, dictó otra en la que, con libertad de atribuciones, analizó la totalidad de los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo; con lo que da cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad Lo anterior se corrobora, con lo expuesto en el considerando cuarto de la resolución de dos de agosto actual, que determinó en lo que interesa: A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Centro III, los argumentos en estudio resultan infundados, atento a las siguientes consideraciones. Mediante sentencia de 17 de marzo de dos 2016, se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para que dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que: Ahora bien, la autoridad demandada a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, emitió el oficio ***de 8 de marzo de 2018, para dar cumplimiento a la sentencia definitiva (consultable a fojas 192 a 211), en el cual se desglosa el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas la parte actora desde el 1° de enero de 2006 hasta el año 2018; de tales consideraciones, esta Juzgadora arriba a la conclusión de que es infundada la queja interpuesta por el demandante, pues la resolución en comento, se advierte que la autoridad realizó el cálculo de los incrementos a la pensión de la ahora quejosa, señalando a detalle el procedimiento y elementos empleados para ello, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada en autos. Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza la cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo (inciso a) del resumen de agravios), dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los valores fue más alto y entonces aplicarlo para el incremento correspondiente, pues de la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad señala que aplica el mencionado porcentaje en virtud de ser mayor, haciendo para tal efecto una comparación entre el incremento porcentual sufrido por el índice Nacional de Precios al Consumidor, respecto del porcentaje de incremento sufrido por los trabajadores en activo, por lo que lejos de causarle algún perjuicio al actor esto le beneficia. Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad (incisos b) y c) del resumen de agravios), en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo lo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de incremento otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró el actor, utiliza los reportados por la dependencia en la cual laboró la ahora actora, los cuales como ya quedó establecido confrontó con los incrementos otorgados de acuerdo al Índice Nacional del Precios al Consumidor; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento, máxime que los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración (inciso d) del escrito del resumen de agravios), no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que de debieron aplicar. Ahora bien, por lo que hace al argumento de la actora en el cual señala que sus derechos pensionarios nacieron a partir del momento en que se obtuvo la misma, e incluso, los relativos al año anterior (inciso g) del resumen de agravios), debiéndose pagar incremento el mismo año en que se otorgó la pensión, el mismo resulta infundado, pues no existe precepto legal que apoye su argumento, de ahí que resulte correcto que se compute el aumento a partir del año posterior al otorgamiento de la misma, por así desprenderse del numeral 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en relación con el diverso 8°, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En otro orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos tendientes a controvertir el cálculo de la cuota diaria y la gratificación anual, los mismos resultan infundados, puesto que en la sentencia no se condenó a la autoridad demandada al cálculo de la pensión, sino únicamente a sus incrementos (incisos e) y f) del resumen de agravios). Finalmente del análisis a la resolución que provocó la queja, se advierte que las operaciones realizadas por la autoridad se encuentran realizadas correctamente, pues conforme a la formula señalada en la resolución y tomando en consideración las cantidades y porcentajes aplicados, se advierte que los montos que obtuvo la autoridad concuerdan con las operaciones realizadas; asimismo, por lo que respecta al señalamiento relativo al pago de las diferencias, tal como se desprende de la resolución, la autoridad demandada ha pagado correctamente la pensión, pues lo ha realizado con los aumentos correspondientes, sin que exista diferencia a favor de la actora; finalmente, si tal como lo señala el actor consideraba que los cálculos no fueron determinados correctamente, le correspondía la carga de la prueba, sin que obre en autos prueba idónea con la cual el actor acredite su dicho, por tanto, sus argumentos en estudio no constituyen más que meras afirmaciones carentes de sustento legal En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra, en la que con libertad de atribuciones, analizó de manera completa los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo con lo que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas.

  2. Principal

    Agréguense los oficios signados por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por los cuales, respectivamente acusa recibo del oficio 11560/2018, que se le envió para notificarle el auto en que causó ejecutoria la sentencia y se le remitió el expediente *** de su índice, y en cumplimiento a la misma remite copia certificada de la resolución dictada el dos de los actuales en el juicio de origen. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado con las constancias recibidas a la quejosa y a la autoridad tercera interesada -mediante oficio-, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; una vez transcurrido dicho plazo se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.

  3. Principal

    Visto el sitio oficial de internet http://www.tfjfa.gob.mx/servicios/dinh2018/, perteneciente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que la Sala Regional del Centro III del citado organismo, disfruta de su periodo vacacional, mismo que inició el dieciséis de julio de dos mil dieciocho y concluye el treinta del mismo mes y año, por lo que se interrumpió el plazo de tres días otorgado para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el cual se reanudará el treinta y uno de los corrientes, en ese sentido, estese en espera de que la citada responsable informe lo que corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que haya transcurrido dicho plazo este órgano jurisdiccional emita los requerimientos correspondientes a fin de lograr el acatamiento del fallo protector.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la magistrada presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Lo anterior en el término de tres días, en el entendido de que deberá allegar a esta instancia las constancias con las que lo acredite; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En consecuencia, devuélvase las constancias allegadas por la autoridad responsable, consistentes en el expediente original del juicio de nulidad número ****de su estadística, así como una carpeta auxiliar a fin de que se encuentre en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector.

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