María Elfega Tinoco Mandujano
Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elfega Tinoco Mandujano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-783/2021 promovido por María Elfega Tinoco Montejano, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y Actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con Residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, María Elfega Tinoco Montejano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y Actuario de su adscripción, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Previos requerimientos, mediante auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto; se ordenó requerir sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se reservó el emplazamiento de los terceros interesados. Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a Felipe Gaona Arreola y Joan Sebastián Heredia Valencia, de los que se ordenó su emplazamiento, lo que tuvo verificativo el veinte de enero de dos mil veintidós1. A las diez horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. 1 Fojas 65 y 66. Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia civil (mercantil), promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados por la quejosa, quien se ostenta tercera extraña a juicio, en la presente instancia constitucional al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y al Actuario de su adscripción, consisten en: ? Las órdenes de embargo de veinticuatro de junio y seis de julio, ambos de dos mil veintiuno, ordenadas en el juicio ejecutivo mercantil oral 275/2020 del índice de la responsable ordenadora; y, su ejecución, que se verificó el quince de julio de dos mil veintiuno, sobre bienes que, dice, son de su propiedad. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán y Actuario de su adscripción, al rendir sus informes justificados, señalaron que eran ciertos los actos reclamados, por lo que se acredita su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con los documentos y dos discos compactos que la autoridad responsable ordenadora acompañó a su informe justificado, relativos al expediente ejecutivo mercantil oral número 275/2020 de su índice. Pruebas a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales. Se precisa que los discos ópticos referidos también se consideran como documentales públicas. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También se cita, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2022595 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 18/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba." (subrayado añadido). CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Para mayor claridad del presente asunto conviene relatar los siguientes antecedentes: 1. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, Felipe Gaona Arreola, por conducto de sus endosatarios en procuración Alberto Gabriel Gutiérrez García y Beatriz Isdeny Gaona Méndez, demandó en la vía ejecutiva mercantil oral de Joan Sebastián Heredia Valencia las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $2,515,000.00 (dos millones quinientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, derivado de diversos pagarés que, afirmó, suscribió el demandado. b) El pago de intereses moratorios desde la fecha de vencimiento de los títulos ejecutivos base de la acción, hasta el pago total del adeudo a razón de un 5% mensual. c) El pago de gastos y costas. 2. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la entonces Jueza de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Tacámbaro, admitió a trámite la demanda, ordenó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del demandado, lo emplazara y le indicara que en el término de nueve días compareciera a dar contestación a la demanda entablada en su contra. Dicho emplazamiento se entendió con María Elfega Tinoco Montejano. 3. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, el demandado Joan Sebastián Heredia Valencia, señaló como domicilio procesal el ubicado en ".carretera Tacámbaro - Pátzcuaro, en la localidad de La Viña, pertenenciente a este Municipio, y como referencia se encuentra frente a la Empacadora de Aguacate 'Don Goyo'.", y autorizó para recibir todo tipo de notificaciones a María Elfega Tinoco Montejano (aquí quejosa). 4. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al citado demandado dando contestación a la incoada en su contra. 5. Seguido el juicio, el uno de junio de dos mil veintiuno, el ahora Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, dictó sentencia definitiva en la que determinó: i) Que resultó procedente la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil oral ejercitada por los endosatarios en procuración de Felipe Gaona Arreola; ii) Condenó al demandado Joan Sebastián Heredia Valencia al pago de la cantidad de $2,515,000.00 (dos millones quinientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal; iii) También condenó al reo al pago del 2.5% mensual de intereses moratorios, reducidos en el fallo, a partir del dos de diciembre de dos mil diecinueve; y, iv) Autorizó el embargo de los bienes propiedad de la parte demandada y, en su oportunidad, su trance y remate, para que con su producto se realizara el pago al acreedor de las prestaciones reclamadas. 6. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriado el fallo y se concedió a la parte demandada el término de tres días hábiles a fin de que diera cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva. 7. Sin embargo, ante la omisión de la parte demandada, mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se autorizó al actuario del Juzgado para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del reo, le requiriera el pago de la suma condenada en la sentencia definitiva y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad. Diligencia que se pretendió realizar el uno de julio de dos mil veintiuno, sin haber embargo bien alguno; y, verificado con la quejosa. 8. El seis de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable ordenó de nueva cuenta al Actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del demandado, le requiriera del pronto pago y, en caso de no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad para cubrir la suma condenada. Precisó que ante la oposición de la persona con quien se entendió la diligencia para permitir el embargo, autorizaba el uso de la fuerza pública. 9. El quince de julio de dos mil veintiuno, el Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, levantó constancia en la que asentó que se constituyó en el domicilio del demandado -señalado en autos- para dar cumplimiento al proveído de veinticuatro de junio del mismo año, y precisó lo siguiente: "(.) En la localidad de La Viña, Municipio de Tacámbaro, Michoacán, siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del día quince del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, el suscrito Actuario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, licenciado Gustavo Armenta Pulido, en funciones de Ministro Ejecutor, asociado de Alberto Gabriel Gutiérrez García, en cuanto endosatario en procuración de Felipe Gaona Arreola, así como dos elementos de seguridad pública . nos constituimos en legal y debida forma en el domicilio señalado en autos como de Joan Sebastián Heredia Valencia, ubicado en . conocido Carretera Tacámbaro - La Viña, del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, sin número, frente al empaque de aguacate 'Don Goyo' . para el efecto de dar cabal cumplimiento a los autos de fechas 24 veinticuatro de junio y 6 seis de julio, ambos de 2021 dos mil veintiuno, dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil oral número 275/2020, y cerciorado de que efectivamente ese es el domicilio, por los medios legales, tales como en dicho de los vecinos del demandado quienes se encuentran en ambos lados del inmueble en que me constituyo, por lo que una vez que me encuentro en el domicilio antes indicado, se encuentra en el mismo a María Elfega Tinoco Mandujano, quien no se identifica, cuya media filación es de aproximadamente 35 . años de edad, tez clara . es de estatura (sic) complexión delgada, persona con la que me identifico con el gafete expedido a mi favor por el Poder Judicial del Estado, persona al a cual procedo a hacerle saber el motivo de mi presencia y de la presente diligencia; así mismo, se le requiere la (s) cantidad (es) que resultó condenado en sentencia definitiva, dictada (s) con fecha (s) junio 1 . de 2021 . consistente en la cantidad de $2,515,000.00 . haciéndole de su conocimiento que de no hacer el pago en estos momentos de la diligencia tiene el derecho preferente de señalar bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas mediante embargo de las mismas, en caso de no hacer uso de ese derecho, el mismo pasará a la parte actora; a lo que enterada la persona con quien entiendo la diligencia manifiesta: '.en estos momentos no tengo para pagar, mi esposo no está, no señalo nada para su embargo y sí permito el acceso del domicilio para que embarguen'. Acto seguido, en uso de la voz mi asociado manifiesta: (.) señalo para su embargo: 1. Una televisión de pantalla marca SONY, en color negro de aproximadamente 32 . pulgadas, sin serie ni modelo, visible pero que se encuentra fijada en la pared, sin comprobar el funcionamiento. 2. Un refrigerador marca MABE en color plata de dos puertas, de aproximadamente 1.60 metro de altura, modelo RMA1130JMF, serie 1906B716974, funcionando. 3. Un horno de microondas, marca Whirpool, color plata, sin serie, ni modelo visible con veinticinco botones digitales para su funcionamiento. 4. Seis estantes de (ilegible) con cinco planchas de compartimiento para productos, de materia en aluminio, en regulares condiciones en color beige desmontables. 5. Treinta y seis estantes de negocio o para negocio con cuatro plancasde compartimientos para productos; de material en aluminio, en regulares condiciones en color beige desmontables. 6. Cuatro estantes pequeños de negocio o para negocio en cinco planchas de compartimiento para productos, de material en aluminio, en regulares condiciones en color beige desmontables. 7. Una vitrina en color beige con dorado con cristales con un entrepaño de cristal quebrado y con un cristal estrellado, dos puertas en aluminio color beige corredizas. 8. Una vitrina en color plata y beige con cristales de entrepaño al interior en cristal en regulares condiciones con dos puertas corredizas. 9. Un mueble en acerrín prensado usado como punto de cambio en color blanco y rojo, con cinco entrepaños (ilegible). 10. Una báscula marca "rhino", digital serie BAR738590836M, modelo DGN.312.02.2016.2334, funcionando. 11. Una báscula 'Tororey", digital, modelo MFQ-40-, sin serie visible, sin comprobar su funcionamiento. 12. Un televisor analógico, marca "samsung", modelo CL-21Z58ML, sin serie visible, sin comprobar el funcionamiento con seis botones al frente para su funcionamiento. 13. Un carro . para elaborar comida con dos llantas en material de fierro con planca de acero inoxidable con conexiones para gas. 14. Una lavadora de carros en color negro con naranja, marca Generac. (sic) con su pistola . número de motor 210FATO7215060009702. 15. Una lavadora cuadrada marca "Whirpool", color blanco, modelo 8MWTW1725CG3, Serie HL81968227 . 16. Una lavadora redonda marca "IEM", color blanca y roja . modelo CIG20TM, serie 1308M119447. Siendo todo lo que deseo señalar y nombro como depositaria judicial a la ciudadana Beatriz Isdeny García Méndez. Acto seguido le requiero a la persona que nos atiende para que nos entregue los bienes señalados a lo que me manifiesta: 'en estos momento no hago entrega de los bienes, ya que nada de esto es propiedad de mi esposo el señor Joan Sebastián Heredia Valencia", a lo que se hace saber el cargo conferido a la depositaria judicial, misma que manifiesta: 'acepto el cargo y no tomo posesión dada la oposición que manifiesta la esposa del demandado' . y se hace constar que la depositaria judicial no toma posesión de los bienes embargados dada la oposición que manifiesta la persona que nos atiende. Por lo que, en este acto, teniendo los bienes a la vista antes descritos, los declaro bien y formalmente embargados hasta en tanto basten para garantizar la deuda." Enterada de tal situación, la peticionaria acude al amparo ostentándose como tercera extraña en estricto sentido, sobre la base de que, dice, es ajena a la relación procesal del juicio del que emana el acto reclamado y se pretenden afectar bienes de su propiedad, en contravención con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, dado que no se le ha oído en defensa de sus intereses. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables existe imposibilidad jurídica para decidir sobre su constitucionalidad, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Conforme a ese precepto el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien verdaderamente resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. En principio, es oportuno señalar que en la fracción I del artículo 107 de la Constitución2, así como en el diverso 5° de la Ley de Amparo3, se establecieron dos de los principios rectores del juicio de amparo que consisten en la existencia del agravio personal y directo, así como en la instancia de parte agraviada. Dichos ejes del procedimiento constitucional impiden que éste inicie de manera oficiosa, pues resulta indispensable el ejercicio de la acción por parte de una persona debido al ataque del acto de autoridad que considera lesiona sus derechos subjetivos. En otras palabras, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo requiere como requisito de procedencia la 2 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." 3 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." existencia de un menoscabo o vulneración que se concreta en una persona física o moral determinada que sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente. Tal criterio se encuentra en la siguiente tesis: Registro digital: 232899 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, página 45 Tipo: Aislada "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Es decir, se requiere que la afectación sea real y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética; asimismo, que esa persona sea quien ejerza la acción constitucional. De modo que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Entonces, la noción de agravio para que proceda el amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación en su perjuicio. Así, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico y que la Ley de Amparo considera un requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo. No pasa inadvertida para este Juzgado Federal la tesis siguiente: Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho. Tampoco se pierde de vista que en la orden de embargo se ordenó el uso de la fuerza pública en caso de oposición, y que la legislación precisada también prevé la procedencia del amparo por una afectación al interés legítimo que supone la existencia cualificada para combatir determinados actos, que proviene de la afectación a la esfera de derechos del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Resultando intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. Sin embargo, en el caso a estudio, dado que la quejosa promovente del juicio de amparo se ostenta como tercera extraña a juicio natural y reclama la orden de embargo y su ejecución respecto de diversos bienes muebles que afirma son de su propiedad, nos encontramos en una situación diversa a la regulada por la tesis referida y que requiere necesariamente del acreditamiento del interés jurídico. Esto es, la tesis indicada alude al supuesto en que se afecta un inmueble propiedad de la quejosa, tercera extraña a juicio, por la autorización al uso de la fuerza pública y factura de origen. Empero, la aquí quejosa debe acreditar la titularidad del derecho subjetivo de posesión que alude tener sobre esos bienes muebles como uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que, como se ha dicho, tal proceso constitucional tiene como finalidad proteger al individuo de alguna afectación que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima inconstitucionales. En ese sentido, se destaca que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, convencional, legal o contractual) confiere un derecho determinado a un individuo, quien, además, por esa misma norma tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Es decir, esa dualidad implica la existencia de dos presupuestos que conforman el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho subjetivo; y, b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Se cita como apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de rubro y texto: Registro digital: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 60, Diciembre de 1992, página 35 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En conclusión, es evidente que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad combatido le ha causado una afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Por tanto, resulta indiscutible que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la misma ley, obliga al juzgado de Distrito a que antes de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, examine si en el caso concreto se demostró el interés jurídico del promovente. Lo anterior porque es un presupuesto indispensable para el examen de fondo sobre la acción constitucional; es decir, debe existir un derecho subjetivo tutelado que sea transgredido por la actuación de una autoridad y que faculte a su titular para acudir al tribunal correspondiente a demandar el cese de dicha trasgresión. De lo mencionado puede concluirse que la parte quejosa debe necesariamente ser titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de ello resultó afectado en su interés jurídico, ya en su patrimonio o en su persona. En este sentido, es preciso determinar quiénes son partes materiales en el proceso y qué debe entenderse por tercero extraño en el mismo. Al respecto, la doctrina explica que le reviste el carácter de parte material a toda persona (física o moral) que reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquélla frente a la cual se reclama dicha satisfacción. Es decir, son partes quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión. Por el contrario, un tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o reo. Puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes si es llamado a ello, o bien, cuando tenga conocimiento de cualquier resolución que dicte alguna autoridad judicial que pueda causarle cierto perjuicio irreparable. En tanto que un extraño a juicio es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución del mismo, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura, el tercero extraño por equiparación, que jurisprudencialmente ha sido asimilado a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó a juicio por no saber de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Se cita como apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Con relación a esta última figura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño", son las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación, las que deben tomarse en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, y que debe verificarse si tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. Expuso también que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). De modo que la quejosa es tercera extraña en estricto sentido al juicio de origen y acude en defensa de bienes que dice se pretenden afectar en aquel asunto, esto es, tiene absoluta falta de vinculación al proceso, pues no forma parte de la controversia en ninguna calidad jurídica. Lo anterior bajo el argumento de que, con motivo de la orden de requerimiento de pago y embargo decretada en el juicio de origen, se pretende privarla de bienes muebles de su propiedad, los que se detallaron en la diligencia de embargo de quince de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil oral 275/2020 del índice de la responsable ordenadora. Sin embargo, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se observa que aun y cuando la quejosa haya afirmado ser la propietaria de los bienes sujetos de embargo, no probó con medios de convicción idóneos la calidad de propietaria de los dieciséis bienes muebles embargados. En ese sentido, para tener por colmados ambos extremos debió exhibir documentación idónea y en original para el efecto de acreditar ser propietaria de los bienes que dice le fueron ilegalmente embargados; y que esos bienes de su propiedad fueron objeto del acto aquí reclamado. Requisitos los cuales son necesarios para acreditar el interés jurídico en el presente sumario constitucional. En ese mismo orden de ideas, se advierte que la quejosa solo exhibió los siguientes documentos: 1. Licencia Municipal del año 2021, emitida por el Presidente y Tesorera, ambos del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, respecto del establecimiento de nombre "MINISÚPER HEREDIA", ubicado en "LOC. LA VIÑA S/N, (FTE AL REST. SOBRE LA CARRETERA), TACÁMBARO, MICH., en el que se precisa como propietaria a Tinoco Montejano María Elfega, con fecha de pago de trece de agosto de dos mil veintiuno y apertura en la misma fecha. 2. Constancia de cumplimiento del plan de contingencias a "Minisúper Heredia", emitida por el Coordinador de Protección Civil Municipal de Tacámbaro, Michoacán de doce de agosto de dos mil veintiuno. 3. Recibo de pago expedido por el Ayuntamiento del Municipio de Tacámbaro, Michoacán, con motivo de la expedición anual de licencias o permisos para expendio de cervezas y bebidas de bajo y alto contenido alcohólico, así como por los dictámenes o vistos buenos de inspección para establecimientos de apertura, con fecha de expedición de trece de agosto de dos mil veintiuno. 4. Factura expedida por "SUNY ABARROTERA" de treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, en la cual se detalla como descripción de producto: "CARTÓN CERVEZA CORONA FAMILIAR 12/9" y "CARTÓN DE CERVEZA CORONA 24/350 ML." 5. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la quejosa, con domicilio en "LOC. LA VIÑA S/N LOC LA VIÑA 61654, TACÁMBARO, MICH" Documentales que no son las pruebas idóneas para demostrar su interés jurídico, en principio porque las indicadas con los números 1, 2, 3 y 4, se trata de documentos que fueron expedidos con posterioridad a la emisión de los actos impugnados, esto es, fueron tramitados después de desahogada la audiencia de embargo de quince de julio de dos mil veintiuno. Con independencia de lo anterior tampoco con dichas documentales se podría acreditar la propiedad de los bienes, en razón de que en todo caso, solo probarían que la quejosa es titular de un derecho para poder operar un establecimiento en el giro referido, pero no para acreditar los bienes muebles que se encuentren en el mismo. Esto porque en todo caso debió exhibir las facturas de los bienes muebles que dice son de su propiedad o diverso elemento probatorio que creara convicción al respecto, al momento de llevarse a cabo la diligencia de embargo. En consecuencia, a las documentales citadas no se les puede dar valor probatorio alguno. En tanto que la credencial de elector evidencia que, ante dicho Instituto Electoral, la quejosa tiene registrado el domicilio ahí señalado. Pero no es idónea para evidenciar que ese lugar es de su propiedad, mucho menos la de los bienes muebles embargados. Por tanto, con ninguna de las pruebas acredita tener el carácter de tercera extraña en estricto sentido, porque en el caso particular debió probar que es propietaria de los bienes muebles referidos. En ese sentido, en el presente juicio no se demostró que el acto de autoridad hubiera afectado algún derecho subjetivo de propiedad de la parte quejosa sobre los bienes muebles citados. Se citan como apoyo a lo anterior, las tesis siguientes. Registro digital: 212600 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: XIV.21 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Mayo de 1994, página 465 Tipo: Aislada "INTERÉS JURÍDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACIÓN DEL. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a). Una persona determinada (principio de instancia de parte); b). Un derecho legítimo de ésta; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Así, si en el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables con datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documento que se le equipare, y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación deberán aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con los que fueron objeto de los actos reclamados, y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de la ejecución del acto reclamado." Registro digital: 237784 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Tercera Parte, página 147 Tipo: Aislada "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACION DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia. Por último, la tesis de jurisprudencia siguiente: Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Además, se precisa que aun y cuando los documentos que anexó a su demanda de amparo consistan en una licencia municipal de funcionamiento, una constancia de cumplimiento de plan de contingencias y dos recibos de pagos, relativos a "Minisúper Heredia", estos sean de fecha posterior a los actos impugnados, también debió acreditar que el sitio donde se instruyó la diligencia en efecto es su domicilio, esto es, de manera exclusiva. En contraposición, de existir constancia reveladora de que en ese domicilio habita también el demandado en el juicio de origen, como aconteció en el asunto, ello porque éste señaló como domicilio procesal el lugar en el cual se llevó a cabo la diligencia de embargo, aunado a que la propia quejosa le refirió al Actuario responsable que no se encontraba -en ese momento- su esposo. En ese sentido, siguiendo las formalidades pertinentes, la autoridad está en aptitud de irrumpir en ese domicilio a efecto de exigir el cumplimiento de una obligación adquirida del efectivamente demandado, lo que así aconteció en el asunto. Por otra parte, se toma en cuenta que la diligencia de quince de julio de dos mil veintiuno, fue entendida con la quejosa en el mencionado domicilio, quien manifestó que el buscado era su esposo y que en ese momento no se encontraba. Por tanto, se infiere que la quejosa, en todo caso, no es la única persona que habita el inmueble referido, sino también el demandado. Luego, tales argumentos también hacen evidente que no aplica al caso la tesis de rubro: " PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO." En esas condiciones, al operar la causal de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de embargo y su ejecución respecto de los de los bienes muebles antes descritos. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo al acto de ejecución igualmente reclamado a la autoridad ejecutora, en razón de que el mismo no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los reclamados a la autoridad ordenadora. Sirve de sustento la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 207616 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 357 "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Elfega Tinoco Montejano, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. SE AGREGAN SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguense a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento los oficios de cuenta, signados por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán y por el diverso Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el despacho de referencia y se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguese a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el despacho 977/2021-540.D, y se acordó lo conducente. No obstante, para efectos de que tenga conocimiento de lo anterior, gírese el oficio correspondiente y envíese vía electrónica a la dirección de correo electrónico 1jmx_tacambaro@ poderjudicialmichoacan.gob.mx, para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. SE AGREGAN SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguense a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento los oficios de cuenta, signados por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán (ahora Juez Mixto) toda vez que en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el despacho de referencia y se acordó lo conducente. En ese sentido, toda vez que el presente asunto se encuentra integrado, se ordena formar un cuadernillo por separado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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