Maria Elena Ruiz García

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Maria Elena Ruiz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.********************CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el amaro promovido por ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 319/2020, promovido por María Elena Ruiz García, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO: Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veinte, ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad, Michoacán, y remitido posteriormente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el veintidós de mayo de dos mil veinte, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, María Elena Ruiz García promovió demanda de amparo indirecto contra el Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".la omisión de recibirme la solicitud de órdenes de protección que en base a la Ley por Una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres del Estado de Michoacán le realice, donde le argumente en mi escrito que mi vida corre peligro ya que he sido violentada por el agresor ahí señalado y según se lo exprese en mi narrativa que agrego a la presente marcada como anexo 1, uno." Actos que en el decir de la quejosa son violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinte, el juez auxiliar proveyó sobre la recepción de la demanda de amparo y ordenó su remisión, por lo que el veintidós del mes y año en cita este juzgado la tuvo por recibida ordenó registrar el asunto como el expediente VII-319/2020, y se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado respectivo; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo, en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: La omisión de recibir la solicitud hecha por la aquí quejosa en relación a las órdenes de protección que en base de la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres del Estado de Michoacán le realizó. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como de las constancias que acompañó al mismo, se advierte que no es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de recibir la solicitud hecha por la aquí quejosa en relación a las órdenes de protección que en base de la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres del Estado de Michoacán le realizó. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable remitió copia certificada de la carpeta de investigación con número de caso único 1006202017806, número de expediente 04233/UATP/ZIT/2020, de entre las que se destacan la comparecencia del abogado de la ahora quejosa el ocho de mayo de dos mil veinte, en la que se recibió la solicitud de órdenes de protección. Así como acta para realización de actos de urgencias, abierto con motivo de la solicitud, formulada por la aquí quejosa María Elena Ruiz García, para otorgarle la protección a la aquí quejosa respecto de los hechos denunciados por la misma, por conducto de su abogado Juan Córdova Palacios. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". En esos términos, si de las constancias que la responsable remitió, se advierte que a través del auto de ocho de mayo de dos mil veinte, el Agente responsable tuvo por recibida la comparecencia del abogado de la aquí quejosa, levantando el Acta para realización de actos de urgencia en favor de la quejosa, instruyendo al Director de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo llevara a cabo las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados por la aquí quejosa. De lo anterior se evidencia que, el acto reclamado consistente en la omisión de recibir la solicitud hecha por la aquí quejosa en relación a las órdenes de protección que en base de la Ley por una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres del Estado de Michoacán le realizó, resulta inexistente, toda vez que al momento de la presentación de la demanda (veintiuno de mayo de dos mil veinte) no existía tal omisión; ya que contrario a lo expresado en el escrito inicial de demanda, el ocho de mayo del año en curso, se recibió su escrito de solicitud de órdenes de protección, esto es, antes de la presentación del amparo. De ahí que no existe la omisión que pretende hacer valer la parte quejosa, en el sentido de que la responsable, había sido omisa en recepcionar dicho ocurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 5105/90, del tenor siguiente: Tesis: 4a. XV/92 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207841 Cuarta Sala Tomo IX, Junio de 1992 Página 99 Tesis Aislada (Común) "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le imputa, sin que el quejoso logre desvirtuar la negativa, el acto debe considerarse inexistente y decretarse el sobreseimiento; y no es razón fundada para estimar lo contrario, el que de acuerdo con ciertas disposiciones de la ley, corresponda a la propia autoridad realizar el acto, pues la demostración de la existencia del acto reclamado no deriva del precepto legal que faculta a la autoridad señalada como responsable para que lo ejecute, toda vez que la circunstancia de que sea cierto o no ese acto, es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas adecuadas, y no una cuestión jurídica relacionada con la competencia o atribuciones de la autoridad. Amparo en revisión 5105/90. Representaciones Ortíz, S.A. 11 de mayo de 1992. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés." De igual forma es de invocarse la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo." Por lo tanto, tomando en consideración que el acto omisivo aquí reclamado al momento de la presentación de la demanda no existía, por así corroborarse con las pruebas que obran en el sumario, entonces lo que procede es sobreseer por lo que ve a dicho acto en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, robustece a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se lee: Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Amparo en revisión 182/92. Elizabeth Cantú Rodríguez de García. 19 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Ninfa María Garza Villarreal. Amparo en revisión 246/91. Instituto Femenino de Formación y Cultura, S.C. 24 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo. Amparo en revisión 232/90. María de los Angeles Guerrero Meza. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Ruiz García, respecto de la omisión reclamada a la autoridad señalada como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 319/2020, promovido por Maria Elena Ruiz García, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con los informes previos rendidos por: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Comisario de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Dichos informe se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa, ofreció como medios de convicción diversas pruebas documentales que obran en autos, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede, con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 319/2020; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por oficio 592/2020, de veintidós de mayo de dos mil veinte, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante el cual remitió el original de la demanda de amparo promovida por María Elena Ruiz García, a este órgano jurisdiccional por razón de turno, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. 2.- Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Teniendo en consideración que la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la omisión del Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Hidalgo, Michoacán, de recibir la solicitud de orden de protección. SEGUNDO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el Comisario de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se advierte niega la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte, la impetrante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que la peticionaria del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integra del informe previo rendidos por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO.- SE PROVEE SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIVA. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se advierte que actuando en auxilio de la Justicia Federal, mediante proveído veintiuno de mayo, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por MARÍA ELENA RUIZ GARCÍA, y en ese propio auto, con apoyo entre otros, en el artículo 125 de la Ley de Amparo, al estimar que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por haberlo solicitado a la parte promovente, le concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, girando la comunicación correspondiente al Director de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para que ordenara la presencia de elementos policíacos en el domicilio de la quejosa. Teniendo en consideración que la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la omisión del Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de Hidalgo, Michoacán, de recibir la solicitud de orden de protección; y por lo tanto, se satisface el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo, pues la impetrante solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causarían a la promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se determina que SUBSISTEN LOS EFECTOS LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIVA concedida por el órgano auxiliar. Ello, hasta en tanto se notifique a la responsable, la sentencia ejecutoriada que se dicte dentro del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión Asimismo, se CONCEDE a María Elena Ruiz García la SUSPENSIÓN DEFINITIVA para los siguientes efectos: Que el Agente del Ministerio Público responsable, proporcione la medida de protección solicitada por la parte quejosa, en los términos que estime conducentes y de acuerdo a sus facultades. Ello, sin perjuicio de que subsista la medida suspensiva decretada por el órgano auxiliar, en virtud de que ambas determinaciones son susceptibles de coexistir. SIN GARANTIA Sin que se estime necesario fijar garantía en el presente incidente de suspensión, toda vez que en la especie, no se advierte que la tramitación del presente juicio de amparo, le pueda generar daños y perjuicios de carácter económico a la persona a quien se le reconozca el carácter de tercero interesado en este juicio de garantías. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a María Elena Ruiz García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos preciados en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a María Elena Ruiz García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos y para los efectos preciados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. REMITE LAS DOCUMENTALES REQUERIDAS. Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación u Atención Temprana I, con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, a través del cual cumple con el requerimiento hecho mediante auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable anexó a su oficio consistente en copia certificada de la carpeta de investigación con número de caso único 1006202017806, número de expediente 04233/UATP/ZIT/2020, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm

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