María Elena Villaseñor López
Expediente 765/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 43 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Villaseñor López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase al Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, las documentales consistentes en el cuaderno original del juicio ejecutivo mercantil 935/2018. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL INFORMA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través el cual acusa recibo del diverso 10411, en el que se le solicitó la devolución del exhorto 228/2022-67.D; no obstante no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido tal comunicación y se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.
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Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido al tercero interesado Alejandro Chávez García, en proveído de ocho de marzo de este año, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y se ordena notificar por lista la resolución con engrose de uno de agosto de dos mil veintidós, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. RAZON ACTUARIAL Por otra parte, vista la razón actuarial levantada por el actuario adscrito a este juzgado el dos de agosto de dos mil veintidós, a través del cual refiere la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero con interés Alejandro Chávez García, por sí o a través de quien acredite ser su representante legal; en tal virtud, estese a lo acordado en párrafos anteriores y notifíquese por lista la resolución con engrose de uno de agosto de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo III-765/2020 promovido por María Elena Villaseñor López, contra actos de la Jueza Quinto Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia y Actuaria de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, María Elena Villaseñor López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Quinto Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia y Actuaria de su adscripción, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que, previa prevención, mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, la admitió a trámite; ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; y, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Alejandro Chávez García, del que se ordenó su emplazamiento, lo que tuvo verificativo el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós1. A las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida, por quien se ostenta como tercera extraña, contra actos de naturaleza mercantil emitidos por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo 1 Fojas 395 y 396. General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: ? El indebido requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio 935/2018 del índice de la responsable, promovido por Alejandro Chávez García, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de la aquí quejosa y otra persona, realizado el ocho de octubre de dos mil dieciocho; incluida la diligencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, donde se realizó el embargo de bienes en cumplimiento al proveído de doce anterior. En consecuencia, todas y cada una de las actuaciones, entre ellas, la sentencia y notificación de diez de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados señalaron que eran ciertos. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegó la autoridad responsable Jueza Quinto Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia, pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Previo a determinar lo conducente, se precisan los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Morelia, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alejandro Chávez García, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de Michelle Itzel Herrera Villaseñor, como deudora principal y María Elena Villaseñor López o María Elena V.L., en cuanto aval, entre otras, las siguientes prestaciones: a)El pago de la cantidad de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, derivado de la suscripción de un pagaré. b) El pago de los intereses moratorios al 6% mensual. 2. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó a la actuaria de la adscripción se constituyera en el domicilio de las demandadas les requiriera el pago de lo reclamado; y, en caso de no hacerlo, les embargara bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo requerido; posterior a ello, las emplazara para que en el término de ocho días comparecieran a contestar la incoada en su contra. 3. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el actuario de la adscripción levantó constancia en la que señaló que se constituyó en el domicilio ubicado en Luis M. Campos, número 250, colonia Peña Blanca, en busca de María Elena Villaseñor López y/o María Elena V.L.; precisó que se cercioró de estar en tal lugar, por indicarlo la nomenclatura y número, además por así haberlo manifestado Leonel Herrera, quien dijo ser esposo de la persona buscada, al que le dejó un citatorio para que lo esperara el ocho de octubre de dos mil dieciocho a las catorce treinta horas. Posteriormente, el ocho de octubre de dos mil dieciocho, a las 14:30 horas, levantó constancia actuarial en la que señaló que no encontró a la demandada, pero sí a su sobrina Nadia Mondragón Villaseñor, quien no quiso atender la diligencia de embargo, no obstante, recibió las copias de la demanda, cédula y acta de requerimiento de pago y emplazamiento. 4. Por acuerdo de doce de octubre de dos mil dieciocho, se autorizó nuevamente al actuario para que, en funciones de ministro ejecutor, se constituyera en el domicilio de la demandada, aquí quejosa, le requiriera de pago de las prestaciones reclamadas o en su defecto señalara bienes de su propiedad que las garantizaran. 5. En cumplimiento a lo anterior, el tres de diciembre de dos mil dieciocho, el Actuario de la adscripción, levantó constancia en la que asentó lo siguiente: ".en legal y debida forma nos constituimos en el domicilio señalado en autos como del (la) C. María Elena Villaseñor López y/o María elena V.L., sitio ubicado en el número 250 doscientos cincuenta, de la calle Luis M. Campos, colonia Peña Blanca, con el fin de dar cumplimiento al auto de fecha 12 doce de octubre de 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 935/2018, mismo que ordena constituirnos en el domicilio de la parte demandada, para lo cual se autoriza el auxilio de la fuerza pública y uso de cerrajero en caso de ser necesario para la cumplimentación del auto dictado y referido supralíneas, por lo que una vez constituidos en dicho domicilio: . procedo a tocar la puerta atendiéndome el señor Enrique López Cornejo, IFE LPCREN68071816H700 a quien le hago saber el motivo de mi visita y quien dice ser primo hermano de la demandada y quien nos deja pasar de manera voluntaria al domicilio y comienza a señalar los siguientes bienes: . Acto continuo el suscrito actuario, teniendo a la vista los muebles anteriormente descritos y señalados en nombre de la ley y en cumplimiento al auto que ejecuto, los declaro BIEN y FORMALMENTE EMBARGADOS, hasta en tanto y cuanto basten para garantizar todas y cada una de las prestaciones reclamadas. En uso de la palabra, mi asociado manifiesta que nombra como depositario de lo embargado a Enrique López Cornejo, quien es el primo hermano de la demandada, quien acepta el cargo conferido y protesta su fiel y cumplido desempeño, señalando como domicilio de la depositaria para guarda y custodia de los bienes, este mismo donde se efectúa la presente diligencia." 6. En proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez de la causa declaró precluido el derecho de la demandada para dar contestación a la incoada en su contra. En el mismo proveído abrió el juicio para el desahogo de pruebas, por el plazo de cinco días comunes a las partes, de igual manera, se tuvo a la parte actora desistiéndose de la diversa demandada Michelle Itzel Herrera Villaseñor. 7. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, María Elena Villaseñor López se apersonó al juicio natural, señaló domicilio procesal y autoridades, y ofertó pruebas a su favor2. Lo que se acordó el ocho de enero de dos mil diecinueve por el juez natural3. 8. Una vez que el juicio se siguió por sus etapas procesales, en fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que el resolutor inicial condenó a la demandada, al pago de la suerte principal e intereses moratorios. Hasta aquí la relación de antecedentes relevantes. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. I. Este Juzgado federal advierte de oficio que dentro de la presente instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, del mismo cuerpo de leyes. El primer numeral citado establece: 2 Fojas 31 y 32 del tomo de pruebas. 3 Foja 34 ídem. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita prevé la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de ley de la materia. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas terceras extrañas". El numeral citado dispone que el juicio de amparo procede contra actos fuera o dentro del juicio que afecten a personas terceras extrañas. Ahora, por persona extraña a juicio debe entenderse que es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. Así, la persona que no fue llamada o fue indebidamente llamada a juicio se denomina tercero extraño por equiparación, que de acuerdo con la jurisprudencia, es aquel sujeto que es parte en el juicio natural por ser el demandado, y que no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; por tanto, resulta evidente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." El tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; sin embargo, el hecho de que ese demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del precepto citado. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Cobra aplicación, la tesis VII.3o.P.T.32 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: Registro digital: 162966 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.32 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 3341 Tipo: Aislada "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que - se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio." Por tanto, si de las constancias de autos se advierte que el quejoso, quien se ostenta tercero extraño por equiparación, conoce fehacientemente la existencia del juicio en el que es parte y/o compareció, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, ya no puede ser considerado como persona extraña, pues el conocimiento del contradictorio le da la posibilidad de defenderse dentro de éste. Sirven de sustento, las jurisprudencias que dicen: Registro digital: 189916 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 39/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 93 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Registro digital: 2004274 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En el caso, la quejosa María Elena Villaseñor López señaló como acto reclamado el indebido requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 935/2018 del índice de la responsable, promovido por Alejandro Chávez García, por conducto de sus endosatarios en procuración, en su contra y otra persona, realizado el ocho de octubre de dos mil diecinueve, incluida la diligencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, donde se practicó el embargo de bienes en cumplimiento al proveído de doce anterior, en consecuencia todas las actuaciones, entre ellas la sentencia y notificación de diez de noviembre de dos mil veinte, ostentándose como tercera extraña al procedimiento. En su escrito de demanda, en específico, en el apartado de antecedentes, refirió que hasta el diez de noviembre de dos mil veinte4, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, se enteró que la autoridad responsable había practicado un "embargo en su contra"; sin que la hayan oído y vencido en juicio. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario de origen se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la demandada, aquí quejosa María Elena Villaseñor López, se apersonó al juicio primigenio, señaló 4 Se precisa que la quejosa señaló de manera textual el diez de diciembre de dos mil veinte, sin embargo, se advierte que la demanda la presentó el trece de noviembre del mismo año, por lo que es evidente que no podía conocer del asunto con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que se observa se trata de un mero error mecanográfico, aunado a que en el capítulo de acto impugnado hace alusión a la notificación practicada el diez de noviembre de dos mil veinte. domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizó a dos personas para tales efectos, además de que ofreció diversos medios probatorios, lo que se tuvo por recibido mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve. Esto es, acudió a tal proceso previo al dictado de la sentencia definitiva de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. En esas condiciones, es evidente que al tener conocimiento del juicio, fue que compareció a él y, por ese solo hecho, perdió el carácter de persona extraña al procedimiento natural, pues su comparecencia a juicio, previo al dictado de la sentencia definitiva, evidencia que María Elena Villaseñor López tuvo conocimiento de la existencia del juicio al que se ostenta como tercera extraña por equiparación, tanto es así, que estuvo en aptitud de acudir a él. Con lo anterior es suficiente para determinar que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, a fin de que realmente pudiera estar en condiciones de acudir a ese juicio e integrarse de la relación procesal, tal y como lo hizo el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, además de que estuvo en aptitud de comparecer a hacer valer lo que conforme a su interés conviniera, pero al no inconformarse con la tramitación de éste se tuvo por perdido su derecho. En ese contexto, no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello porque estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa en contra del auto de exequendo (admisorio del juicio ejecutivo mercantil) que al respecto establecen los artículos 1334 y 1340, ambos del Código de Comercio5. Ello en razón de que la cuantía de la suerte principal reclamada en el título ejecutivo base de la acción, fue por la cantidad de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), la que es inferior a la diversa de $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.), que al efecto establece el segundo numeral citado, para la procedencia del recurso de apelación. Esto es, por regla general los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, son impugnables mediante el recurso de revocación. Tampoco interpuso alguno de los incidentes de 5 Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. nulidad de actuaciones previstos en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio6, en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.)14, de rubro y texto: Registro digital: 2000293 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627 Tipo: Jurisprudencia "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE 6 CAPITULO XXVIII De los Incidentes Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1358.- En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo. LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En ese contexto, resulta claro que a la quejosa no puede equiparársele como persona extraña al procedimiento, pues fue sabedora de la existencia del juicio ejecutivo mercantil instada en su contra, por lo menos desde el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en que compareció a apersonarse, señalar domicilio y autorizados, así como a exhibir medios probatorios, lo que le evidencia que tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, y que estuvo en condiciones desde ese momento de acudir a dicho proceso y defender su derecho de audiencia. Ello porque al tener conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio mercantil natural, antes del dictado de la sentencia le permitía conocer las pretensiones reclamadas e, incluso, comparecer a defenderse dentro de éste, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, respecto de todo lo actuado en el procedimiento de origen, y de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia7, en cuyo caso, se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es 7 Dichas disposiciones determinan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". necesario cuestionarse ¿A partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días? Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: ? Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. ? Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. ? Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. Es aplicable la Jurisprudencia que se cita: Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados"8. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercera regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. En el caso se actualiza la regla dos, conforme a la cual el plazo de quince días con que la quejosa contaba para presentar su demanda inició a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedora de la diligencia de exequendo reclamada de ocho de octubre de dos mil 8 Tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931, con registro 165582. dieciocho, incluida la de treinta y uno de diciembre del mismo año, en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Diligencias sobre las que, al menos desde el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, debe considerarse que tuvo conocimiento, al apersonarse al proceso, como se explicó. En ese sentido, comenzó a correr el plazo al día siguiente al en que se ostentó sabedora de dicha diligencia requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; esto es el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; por ende, el plazo de quince días hábiles a que refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, feneció el veinticinco de enero de dos mil diecinueve9. Luego, si la demanda de amparo se presentó el trece de noviembre de dos mil veinte, esto es, un poco más de un año y diez meses después de concluido el plazo el plazo de quince días hábiles con que contaba la quejosa para presentarla, es evidente que su presentación resultó extemporánea. De ahí que, al no tener el carácter de tercera extraña por equiparación y haber promovido de manera extemporánea su demanda de amparo, consintió tácitamente el acto impugnado, por esa razón se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: 9 Sin contar del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diecinueve, por corresponder al segundo periodo vacacional del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como doce, trece, diecinueve y veinte de enero del mismo año, por ser sábados y domingos. Registro digital: 196930 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 95 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En ese sentido, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, del mismo cuerpo de leyes, así como la diversa contemplada en la fracción XIV del primer numeral citado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución reclamado de la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, pues no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es ilustrativa, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito10, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Villaseñor López, por propio derecho, en contra de los actos precisados en el considerando tercero de la presente ejecutoria y por los motivos expuestos en el sexto. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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