María Elena Vilchis Salgado

Expediente 1252/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1252/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • María Elena Vilchis Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado por ************, ostentándose apoderado jurídico de **********, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, completó los antecedentes del acto reclamado y precisó la etapa procesal en que se encuentra el juicio sumario civil hipotecario *********. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"." Establecidas las premisas anteriores, se tiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".A) DEL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; La resolución de fecha 05 cinco de septiembre del año en curso, por la falta de aplicación de los artículos 49, 674 y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que expresa que las manifestaciones realizadas por mi representada, en virtud de desvirtuar la admisión del recurso de revocación admitido en el auto de fecha 09 nueve de agosto del 2023 dos mil veintitrés; resultan INFUNDADAS. ." Esto es, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 358/2022, por medio de la cual se desvirtuaron sus manifestaciones tendentes a objetar la admisión el recurso de revocación hecho valer por la parte actora en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que la responsable negó la solicitud de la actora de señalar fecha y hora para la audiencia de remate por virtud de encontrarse valuado el inmueble motivo de la garantía hipotecaria, pues era necesario la designación de un perito tercero en discordia. Precisado lo anterior, según se anticipó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues al acto reclamado no constituye la última resolución dentro del período de ejecución del juicio sumario civil hipotecario número ***********. Para tener una mejor comprensión de este tópico es conveniente invocar los artículos antes mencionados, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos normativos reproducidos, en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, el quejoso podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Lo anterior, se explica en el siguiente mapa conceptual: Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor del accionante. Lo antes explicado puede representarse en el siguiente esquema: Cabe señalar que esa regla de procedencia rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley cuya inconstitucionalidad se reclame, pues ese acto procesal tiene como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse. De manera que mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o en su caso, del remate. Como es de verse, en el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 358/2022, por medio de la cual se desvirtuaron su manifestaciones tendentes a objetar la admisión del recurso de revocación interpuesto por la parte actora, contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable determinó que previo a la audiencia de remate del inmueble hipotecado, era necesaria la designación de perito tercero en discordia. De ahí que es evidente que el acto reclamado fue dictado en ejecución de sentencia, es decir, no tiene autonomía, pues tiene como fin último el cumplimiento de la cosa juzgada, allí que dicho auto no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de tal manera que lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Se insiste, dicho acto fue dictado en vía de ejecución en el juicio sumario civil hipotecario número *******, hipótesis respecto de la cual, por disposición expresa del párrafo segundo, fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, solo procede el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que es dable reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; conclusión que adquiere mayor relevancia ponderando que la aludida determinación reclamada en el juicio extraordinario, se encuentra inmersa en el procedimiento que constituye la materia de ejecución de sentencia, por lo que, al ser el presente acto de los que no gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y no ser de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entonces, debe estarse a los supuestos contenidos en el numeral de referencia. Dicho de otra manera, en torno a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto de que se trata, el cual persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra actos dictados en ejecución de sentencia o convenio, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pues en ese momento es factible impugnar las violaciones procesales que hayan tenido lugar antes de la última resolución, ya que por los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación relativa. Del tópico, tanto la tesis I.8o.C.22 K (10a.), visible en la página dos mil ciento quince, del Tomo IV, Enero de 2018, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA." Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Además, la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que se trata de una determinación intermedia vinculada con el cumplimiento del fallo emitido en el procedimiento de origen, que constituye verdad legal, respecto de la cual, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo al caso la Jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por otra parte, resulta necesario puntualizar que si bien el juicio constitucional por regla general procede contra la "última resolución" dictada en la fase de ejecución de la sentencia o en el procedimiento de remate, existe una excepción a ese requisito pues procederá el amparo contra actos dictados en esas fases cuando sean de imposible reparación, es decir, que trasgredan derechos sustantivos del quejoso, siempre y cuando sean ajenos a la cosa juzgada. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que serán actos de esa naturaleza aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse, por haberse consumado la violación al derecho del que se trate. Sirve de apoyo al caso la tesis P. LVII/2004, visible en la página nueve, del Tomo XX, Octubre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "AUTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así, un derecho sustantivo es el que se deriva de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. En este contexto, son de imposible reparación los actos que puedan afectar derechos fundamentales de índole sustantiva destinados a regir al exterior del juicio, como la propiedad, la integridad personal, la libertad, entre otros. En esos supuestos, el carácter irremediable del acto procesal estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en los derechos materiales del interesado. A manera de ejemplo se citan la interlocutoria que desestima de carácter firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa que tienda a detener o a interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción pago o la de prescripción del derecho de ejecución, o bien, la interlocutoria de apelación que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial. De modo gráfico se expone lo anterior mediante el siguiente esquema: Por lo tanto, se afirma que el acto señalado como reclamado en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, acota la procedencia el juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente, es decir, no goza de autonomía frente a la cosa juzgada, más bien, persigue como fin último, precisamente el cumplimiento de esta. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que el acto reclamado, no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural [última resolución], y en consecuencia, la parte quejosa, aún se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden momento en que se dicte la última resolución del citado procedimiento. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado por ************, ostentándose apoderado jurídico de **********, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, completó los antecedentes del acto reclamado y precisó la etapa procesal en que se encuentra el juicio sumario civil hipotecario *********. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"." Establecidas las premisas anteriores, se tiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".A) DEL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; La resolución de fecha 05 cinco de septiembre del año en curso, por la falta de aplicación de los artículos 49, 674 y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que expresa que las manifestaciones realizadas por mi representada, en virtud de desvirtuar la admisión del recurso de revocación admitido en el auto de fecha 09 nueve de agosto del 2023 dos mil veintitrés; resultan INFUNDADAS. ." Esto es, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 358/2022, por medio de la cual se desvirtuaron sus manifestaciones tendentes a objetar la admisión el recurso de revocación hecho valer por la parte actora en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que la responsable negó la solicitud de la actora de señalar fecha y hora para la audiencia de remate por virtud de encontrarse valuado el inmueble motivo de la garantía hipotecaria, pues era necesario la designación de un perito tercero en discordia. Precisado lo anterior, según se anticipó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues al acto reclamado no constituye la última resolución dentro del período de ejecución del juicio sumario civil hipotecario número ***********. Para tener una mejor comprensión de este tópico es conveniente invocar los artículos antes mencionados, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los preceptos normativos reproducidos, en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, el quejoso podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Lo anterior, se explica en el siguiente mapa conceptual: Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor del accionante. Lo antes explicado puede representarse en el siguiente esquema: Cabe señalar que esa regla de procedencia rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley cuya inconstitucionalidad se reclame, pues ese acto procesal tiene como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse. De manera que mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o en su caso, del remate. Como es de verse, en el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 358/2022, por medio de la cual se desvirtuaron su manifestaciones tendentes a objetar la admisión del recurso de revocación interpuesto por la parte actora, contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable determinó que previo a la audiencia de remate del inmueble hipotecado, era necesaria la designación de perito tercero en discordia. De ahí que es evidente que el acto reclamado fue dictado en ejecución de sentencia, es decir, no tiene autonomía, pues tiene como fin último el cumplimiento de la cosa juzgada, allí que dicho auto no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de tal manera que lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Se insiste, dicho acto fue dictado en vía de ejecución en el juicio sumario civil hipotecario número *******, hipótesis respecto de la cual, por disposición expresa del párrafo segundo, fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, solo procede el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que es dable reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; conclusión que adquiere mayor relevancia ponderando que la aludida determinación reclamada en el juicio extraordinario, se encuentra inmersa en el procedimiento que constituye la materia de ejecución de sentencia, por lo que, al ser el presente acto de los que no gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y no ser de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entonces, debe estarse a los supuestos contenidos en el numeral de referencia. Dicho de otra manera, en torno a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto de que se trata, el cual persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra actos dictados en ejecución de sentencia o convenio, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pues en ese momento es factible impugnar las violaciones procesales que hayan tenido lugar antes de la última resolución, ya que por los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación relativa. Del tópico, tanto la tesis I.8o.C.22 K (10a.), visible en la página dos mil ciento quince, del Tomo IV, Enero de 2018, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA." Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Además, la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que se trata de una determinación intermedia vinculada con el cumplimiento del fallo emitido en el procedimiento de origen, que constituye verdad legal, respecto de la cual, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo al caso la Jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por otra parte, resulta necesario puntualizar que si bien el juicio constitucional por regla general procede contra la "última resolución" dictada en la fase de ejecución de la sentencia o en el procedimiento de remate, existe una excepción a ese requisito pues procederá el amparo contra actos dictados en esas fases cuando sean de imposible reparación, es decir, que trasgredan derechos sustantivos del quejoso, siempre y cuando sean ajenos a la cosa juzgada. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que serán actos de esa naturaleza aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse, por haberse consumado la violación al derecho del que se trate. Sirve de apoyo al caso la tesis P. LVII/2004, visible en la página nueve, del Tomo XX, Octubre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "AUTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así, un derecho sustantivo es el que se deriva de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. En este contexto, son de imposible reparación los actos que puedan afectar derechos fundamentales de índole sustantiva destinados a regir al exterior del juicio, como la propiedad, la integridad personal, la libertad, entre otros. En esos supuestos, el carácter irremediable del acto procesal estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en los derechos materiales del interesado. A manera de ejemplo se citan la interlocutoria que desestima de carácter firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa que tienda a detener o a interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción pago o la de prescripción del derecho de ejecución, o bien, la interlocutoria de apelación que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial. De modo gráfico se expone lo anterior mediante el siguiente esquema: Por lo tanto, se afirma que el acto señalado como reclamado en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, acota la procedencia el juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente, es decir, no goza de autonomía frente a la cosa juzgada, más bien, persigue como fin último, precisamente el cumplimiento de esta. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que el acto reclamado, no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural [última resolución], y en consecuencia, la parte quejosa, aún se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden momento en que se dicte la última resolución del citado procedimiento. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ********************, ********************, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., ostentándose apoderado jurídico de ..., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.37.30.32.33.34.30.38.33.34., a nombre del citado apoderado; carácter que este órgano jurisdiccional le reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el poder general para pleitos y cobranzas digitalizada que anexa al escrito de demanda, es copia fiel, íntegra e inalterada de su original, en términos de lo dispuesto por la fracción VI, artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1252/2023. Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "A) DEL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; a. La resolución de fecha 05 cinco de septiembre del año en curso, por la falta de aplicación de los artículos 49, 674 y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que expresa que las manifestaciones realizadas por mi representada, en virtud de desvirtuar la admisión del recurso de revocación admitido en el auto de fecha 09 nueve de agosto del 2023 dos mil veintitrés; resultan INFUNDADAS. En la inteligencia que procede la vía constitucional en contra de ese auto dictado en juicio sumario civil hipotecario, de manera directa, toda vez que se impugna la incorrecta interpretación y aplicación de los artículos citados con motivo del acto concreto de aplicación y en que se apoyó el juez en el auto en cita; con fundamento además en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Complete de manera precisa y cronológica los antecedentes del acto reclamado, por virtud a que de los mismos no se advierte en qué etapa procesal se encuentra el juicio sumario civil hipotecario ********************. Lo anterior es así, toda vez que de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, no se desprende si el juicio sumario civil hipotecario ********************, se encuentra en trámite, si se emitió la sentencia correspondiente, o bien si se encuentra en etapa de ejecución; de ahí que, deberá completar de manera precisa y cronológica los antecedentes; situación que justifica la necesidad de que sea la misma parte quejosa la que indique con precisión el requisito fundamental que impone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que todo los anterior deberá narrarlo bajo protesta de decir verdad respecto de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos bajo protesta de decir verdad resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. ... Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ... Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. ... Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que, de cumplir con la presente prevención mediante escrito físico y de ser posible, deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, las cuales dan un total de dos copias, salvo que lo haga de manera electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. ... Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard ********************, número ********************, Fraccionamiento ********************, en ********************, ******************** y autorizando para recibirlas, así como toda clase de documentos y para que se impongan de los autos a ********************, ********************, ******************** y ********************, toda vez que en esos términos fueron autorizados. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico, así como el número de teléfono, que menciona en su escrito inicial de demanda, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., ostentándose apoderado jurídico de ..., contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.37.30.32.33.34.30.38.33.34., a nombre del citado apoderado; carácter que este órgano jurisdiccional le reconoce de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el poder general para pleitos y cobranzas digitalizada que anexa al escrito de demanda, es copia fiel, íntegra e inalterada de su original, en términos de lo dispuesto por la fracción VI, artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1252/2023. Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "A) DEL JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; a. La resolución de fecha 05 cinco de septiembre del año en curso, por la falta de aplicación de los artículos 49, 674 y 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que expresa que las manifestaciones realizadas por mi representada, en virtud de desvirtuar la admisión del recurso de revocación admitido en el auto de fecha 09 nueve de agosto del 2023 dos mil veintitrés; resultan INFUNDADAS. En la inteligencia que procede la vía constitucional en contra de ese auto dictado en juicio sumario civil hipotecario, de manera directa, toda vez que se impugna la incorrecta interpretación y aplicación de los artículos citados con motivo del acto concreto de aplicación y en que se apoyó el juez en el auto en cita; con fundamento además en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Complete de manera precisa y cronológica los antecedentes del acto reclamado, por virtud a que de los mismos no se advierte en qué etapa procesal se encuentra el juicio sumario civil hipotecario ********************. Lo anterior es así, toda vez que de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, no se desprende si el juicio sumario civil hipotecario ********************, se encuentra en trámite, si se emitió la sentencia correspondiente, o bien si se encuentra en etapa de ejecución; de ahí que, deberá completar de manera precisa y cronológica los antecedentes; situación que justifica la necesidad de que sea la misma parte quejosa la que indique con precisión el requisito fundamental que impone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que todo los anterior deberá narrarlo bajo protesta de decir verdad respecto de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos bajo protesta de decir verdad resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. ... Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ... Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. ... Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que, de cumplir con la presente prevención mediante escrito físico y de ser posible, deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, las cuales dan un total de dos copias, salvo que lo haga de manera electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. ... Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Boulevard ********************, número ********************, Fraccionamiento ********************, en ********************, ******************** y autorizando para recibirlas, así como toda clase de documentos y para que se impongan de los autos a ********************, ********************, ******************** y ********************, toda vez que en esos términos fueron autorizados. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico, así como el número de teléfono, que menciona en su escrito inicial de demanda, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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