María Elena Ramírez Robledo

Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
697/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • María Elena Ramírez Robledo

Actuaciones

  1. Principal

    ....Visto el estado procesal de los presentes autos y, toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera, término que transcurrió del dos al seis de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Mixto Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; atento a ella, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 697/2021-II. De análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra los actos de autoridad algún recurso o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: "Lo constituye el acuerdo de fecha 24 de junio del año 2021 dos mil veintiuno, el cual fue emitido por el C. JUEZ MIXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, dentro del expediente número de 82/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre Reivindicación." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que el artículo 696, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, establece lo siguiente: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley." . De los artículos trascritos se colige, que en contra de la determinación de un Juzgador de no admitir el recurso de apelación, procede el recurso de queja, por el que puede ser revocada o modificada; luego, si la peticionaria del amparo señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que el Juez de origen determinó no admitir el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia definitiva emitida el tres de junio de la presente anualidad, emitida dentro del juicio sumario civil 82/2020 del índice el Juzgado Mixto Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, es indudable que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, pues de conformidad con el artículo 696, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, debió impugnar dicho acto reclamado a través del recurso de queja, a fin de colmar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que si no se agota ese medio de impugnación, el juicio de amparo que se promueva en contra del aludido auto resulta improcedente en términos del citado numeral. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis XI.T.Aux.C.2 C, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, visible en la página 1860, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "APELACIÓN. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE DESECHAR DICHO RECURSO POR EXTEMPORÁNEO, AUN CUANDO NO EXISTA NORMA JURÍDICA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 699, 704, 705 y 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, se advierte que el Juez de primera instancia tiene facultades para desechar el recurso de apelación, entre otros supuestos, cuando no se haga valer oportunamente, en razón de que del contenido de las normas jurídicas citadas, deriva que: si el apelante no señala y aporta las constancias, en el término legal, el recurso no será admitido; la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, por escrito, dentro de nueve días si la sentencia fuere definitiva y dentro de seis si fuere auto o interlocutoria; en el auto que se pronuncie respecto del escrito de interposición del recurso, el Juez expresará si lo admite en ambos o en un solo efecto; y, el recurso de queja procede contra la denegación de apelación. Lo anterior significa que los supuestos normativos contemplados en los preceptos mencionados, para que tengan una aplicación coherente y funcional, deben interpretarse en el sentido de que facultan al Juez para desechar el recurso de apelación cuando, entre otros requisitos de procedibilidad, no se interponga oportunamente, puesto que aunque ninguna de dichas normas expresamente establece la facultad del juzgador para desechar el medio de impugnación de referencia, es procedente interpretar, a contrario sensu, que si el citado artículo 704 establece el término en que debe interponerse la apelación, es válido concluir que si ésta no se presenta en ese lapso, el Juez está facultado para desecharla por extemporánea pues, de no interpretarlo así, se llegaría al absurdo de que nunca tendría aplicación la procedencia de la queja contra la denegada apelación, sin que sea obstáculo para ello, que la Sala de segunda instancia también pueda desecharla en definitiva cuando el Juez la hubiera admitido indebidamente." Así como la tesis número XV.3o.24 C, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1664, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DENEGADA APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 709, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. El artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que contra la denegada apelación procede el recurso de queja, es decir, la parte a quien perjudique la decisión del Juez de no dar entrada al recurso de apelación, tiene la posibilidad de recurrirla mediante el referido medio de impugnación y, por tanto, puede corregirse y ordenarse su admisión mediante la resolución respectiva, cuyos efectos pueden ser los de confirmar, revocar o modificar el acto impugnado de tal manera que, al no agotarse el recurso de queja antes de la promoción de la demanda de amparo, no se cumple con el principio de definitividad que anima al juicio de garantías." En esas condiciones, la peticionaria de amparo debió promover el recurso correspondiente antes de acudir al juicio constitucional, a fin de agotar el principio de definitividad, necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia, ya que a través del recurso de apelación bien pudo obtener la revocación del auto reclamado. De donde se sigue que si la inconforme dejo de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se actualice en el caso ningún supuesto de excepción, a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, previamente transcrito. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ..., en esta ciudad y autorizando para tal efecto a ..., quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 6950122, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a GABRIELA ARELLANO MOLINA y EFRÉN PURECO REYES, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinte de julio dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Mixto Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; atento a ella, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 697/2021-II. De análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra los actos de autoridad algún recurso o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: "Lo constituye el acuerdo de fecha 24 de junio del año 2021 dos mil veintiuno, el cual fue emitido por el C. JUEZ MIXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, dentro del expediente número de 82/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre Reivindicación." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que el artículo 696, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, establece lo siguiente: "Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley." . De los artículos trascritos se colige, que en contra de la determinación de un Juzgador de no admitir el recurso de apelación, procede el recurso de queja, por el que puede ser revocada o modificada; luego, si la peticionaria del amparo señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que el Juez de origen determinó no admitir el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia definitiva emitida el tres de junio de la presente anualidad, emitida dentro del juicio sumario civil 82/2020 del índice el Juzgado Mixto Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, es indudable que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, pues de conformidad con el artículo 696, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, debió impugnar dicho acto reclamado a través del recurso de queja, a fin de colmar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que si no se agota ese medio de impugnación, el juicio de amparo que se promueva en contra del aludido auto resulta improcedente en términos del citado numeral. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis XI.T.Aux.C.2 C, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, visible en la página 1860, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "APELACIÓN. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE DESECHAR DICHO RECURSO POR EXTEMPORÁNEO, AUN CUANDO NO EXISTA NORMA JURÍDICA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 699, 704, 705 y 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, se advierte que el Juez de primera instancia tiene facultades para desechar el recurso de apelación, entre otros supuestos, cuando no se haga valer oportunamente, en razón de que del contenido de las normas jurídicas citadas, deriva que: si el apelante no señala y aporta las constancias, en el término legal, el recurso no será admitido; la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, por escrito, dentro de nueve días si la sentencia fuere definitiva y dentro de seis si fuere auto o interlocutoria; en el auto que se pronuncie respecto del escrito de interposición del recurso, el Juez expresará si lo admite en ambos o en un solo efecto; y, el recurso de queja procede contra la denegación de apelación. Lo anterior significa que los supuestos normativos contemplados en los preceptos mencionados, para que tengan una aplicación coherente y funcional, deben interpretarse en el sentido de que facultan al Juez para desechar el recurso de apelación cuando, entre otros requisitos de procedibilidad, no se interponga oportunamente, puesto que aunque ninguna de dichas normas expresamente establece la facultad del juzgador para desechar el medio de impugnación de referencia, es procedente interpretar, a contrario sensu, que si el citado artículo 704 establece el término en que debe interponerse la apelación, es válido concluir que si ésta no se presenta en ese lapso, el Juez está facultado para desecharla por extemporánea pues, de no interpretarlo así, se llegaría al absurdo de que nunca tendría aplicación la procedencia de la queja contra la denegada apelación, sin que sea obstáculo para ello, que la Sala de segunda instancia también pueda desecharla en definitiva cuando el Juez la hubiera admitido indebidamente." Así como la tesis número XV.3o.24 C, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1664, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DENEGADA APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 709, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. El artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que contra la denegada apelación procede el recurso de queja, es decir, la parte a quien perjudique la decisión del Juez de no dar entrada al recurso de apelación, tiene la posibilidad de recurrirla mediante el referido medio de impugnación y, por tanto, puede corregirse y ordenarse su admisión mediante la resolución respectiva, cuyos efectos pueden ser los de confirmar, revocar o modificar el acto impugnado de tal manera que, al no agotarse el recurso de queja antes de la promoción de la demanda de amparo, no se cumple con el principio de definitividad que anima al juicio de garantías." En esas condiciones, la peticionaria de amparo debió promover el recurso correspondiente antes de acudir al juicio constitucional, a fin de agotar el principio de definitividad, necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia, ya que a través del recurso de apelación bien pudo obtener la revocación del auto reclamado. De donde se sigue que si la inconforme dejo de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se actualice en el caso ningún supuesto de excepción, a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, previamente transcrito. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ..., en esta ciudad y autorizando para tal efecto a ..., quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 6950122, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a GABRIELA ARELLANO MOLINA y EFRÉN PURECO REYES, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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