María Emma Calderón Ortíz

Expediente 42/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
42/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • María Emma Calderón Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 294 signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 861/2022, por medio del cual se le remitió el toca de apelación I-401/2019; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 35, signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, como lo solicita, infórmesele que en proveído de quince de enero de dos mil veinte, se desechó la presente demanda de amparo y en diverso de veintiocho del mismo mes y año, se declaró firme dicho auto. En tales condiciones, devuélvasele el testimonio del toca de apelación I-401/2019, por ser innecesario que siga obrando en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercera interesada, el acuerdo y/o resolución de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil veinte. Visto el oficio número 49, signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo que presentó ***, por su propio derecho, contra actos de la autoridad oficiante, misma que remite para que este juzgado provea lo conducente a su admisión o desechamiento... Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: ...No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "... la RESOLUCIÓN de fecha 26 veintiséis de Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, dentro del Toca número I-401/2019". Asimismo, de la demanda se advierte que la parte quejosa fue notificada de la resolución reclamada el veintisiete de noviembre del año pasado, dado que así lo manifestó la promovente en el capítulo V de dicho ocurso y en el apartado correspondiente a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expresó en la misma, lo que se corrobora con las constancias del toca I-401/2019, que en copia certificada remitió el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de las cuales a foja ciento treinta y dos obra la notificación por instructivo que en esa fecha se le hizo a la quejosa de la resolución que reclama. Por tanto, si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, hasta el catorce de enero de dos mil veinte, y turnada en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, como se advierte de la papeleta y sello correspondientes que obran a fojas uno y dos del cuaderno de amparo, es incuestionable que transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, para acudir a esta instancia federal, toda vez que éste inició el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y feneció el seis de enero de dos mil veinte, descontando de dicho lapso los días treinta de noviembre; uno, siete, ocho, catorce y quince de diciembre; cuatro y cinco de enero de dos mil veinte, que correspondieron a sábados y domingos; el seis de diciembre, declarado inhábil por el Poder Judicial del Estado, así como del diecinueve de diciembre del año próximo pasado al tres de enero del año en curso, por comprender el segundo período vacacional de dos mil diecinueve; y por ende, inhábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así como en la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Lo anterior, porque como ya se dijo, la referida promovente fue notificada del acto que reclamó desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, como se advierte de la manifestación que realizó de manera literal y que enseguida se transcribe: ".interpuse RECURSO DE APELACIÓN el cual se registró bajo el número de Toca I-401/2019 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia el cual dictó resolución con fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, confirmando la resolución recurrida, la cual me fue notificada con fecha 27 veintisiete de noviembre del mismo mes y año". Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dado que el promovente expresamente reconoce que fue notificada del acto reclamado desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, debe estimarse consentido de manera tácita el acto reclamado, por no haberse promovido la demanda de amparo dentro del término legal que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. No es obstáculo a lo anterior, que la demanda haya sido presentada ante la autoridad responsable el seis de enero del presente año, esto dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque la referida legislación no contiene precepto legal alguno que autorice que la demanda de amparo indirecto se presente por conducto de la autoridad responsable; máxime que en el caso, de la aludida demanda se advierte con toda claridad que ésta no se promovió como amparo directo, sino en la vía indirecta o biinstancial, tanto es así que la misma la dirigió al "Juez de Distrito en Turno" y la quejosa señaló "[.] vengo a promover AMPARO INDIRECTO [.]"; por tanto, no había razón para que la presentara ante la sala responsable, y al no existir equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para promover el juicio de amparo de que se trata. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/289, visible en la página 1282, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171796, la cual es del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto". Por lo que, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Avenida Gertrudis Sánchez número 864, colonia Gertrudis Sánchez, en esta ciudad y autorizando para tal efecto con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Gricelda Santos Rafael, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se encontró el registro de la cédula profesional 08740648, que la faculta como licenciada en derecho, no así a Rosalba Romero Molina, quien únicamente podrá imponerse de los autos, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remite como complemento a su informe de ley, el testimonio del toca de apelación I-401/2019, por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservar por separado y tener a la vista de la Secretaría al momento de resolver. Notifíquese personalmente.

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