Maria Elena Ruiz Pérez
Expediente 325/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Elena Ruiz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio, mediante el cual se le devolvieron los autos originales del toca civil I-44/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Elena Ruíz Pérez, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Finalmente, devuélvase al juez responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019 QUE EN SINTESIS DICE: "...Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Elena Ruíz Pérez, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Finalmente, devuélvase al juez responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe..."
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el primero de los oficios que remite el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se le remitieron las constancias que allegó al presente juicio en apoyo a su informe justificado. Por otra parte, se tiene por recibido el segundo de los oficios de cuenta suscrito por el Magistrado en cita, mediante el cual solicita prórroga para estar en condiciones de cumplir con la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de diez días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar emita otra en la que, con base en las consideraciones de esta ejecutoria, ordene reponer el procedimiento en el incidente de cumplimiento de convenio promovido dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento 5/2007, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, hasta el auto inicial, a efecto de que se requiera a la promovente Gabriela Jiménez Soto para que aclare su ocurso de demanda incidental. c) Hecho lo anterior, y a partir de la conducta procesal de la actora incidentista determine lo que corresponda legalmente." Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, porque no se combate por vicios propios, sino como consecuencia del acto emitido por la sala ordenadora". Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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