Maria Elena Griselda Peña Hurtado

Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Elena Griselda Peña Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le envió el original del juicio 1005/2023, así como el expediente agrario 582/2017, e informa que ordenó continuar con el trámite relativo al juicio de amparo directo 105/20263, promovido por María Elena Griselda Peña Hurtado, respecto del diverso acto reclamado en el citado amparo directo. Atento lo anterior, dado que el dieciséis de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio y se dio cumplimiento a la misma, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el presente juicio y el respectivo incidente de suspensión. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ya resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo directo ********************, y en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, remítansele los autos originales del presente juicio, así como el tomo de pruebas, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda respecto del diverso acto reclamado en el citado amparo directo. En virtud de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1005/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta con la promoción registrada bajo el número 16853 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Se tiene a Leonel Cifuentes Maldonado, como autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tal y como se advierte de la constancia que antecede, sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 12905. Por haber sido reconocido como autorizado en términos amplios de la parte quejosa, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito del citado autorizado y como lo solicita, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que refiere el promovente en su ocurso de cuenta, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones. Asimismo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales, instrumental pública de actuaciones, presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa; así como con las documentales exhibidas por la tercero interesada Estela Peña Hurtado, y por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidos y desahogados por razón de su propia y especial naturaleza los referidos medios probatorios. Toda vez que no hay más medios de convicción pendientes de admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que solo los formuló la parte tercera interesada Estela y Alicia, ambas con apellidos Peña Hurtado. El juez acuerda: Se tiene a las citadas terceras por expresándolos y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés ante la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad (foja 19), María Elena Griselda Peña Hurtado, por su propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese órgano jurisdiccional, que estimó violatorios de los derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 constitucionales. Por lo anterior, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio T.U.A 36/154/2023 depositado el veintisiete de febrero del año en curso en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (foja 15), remitió la demanda original y una copia de la misma, así como el expediente 582/2017 y las constancias de emplazamiento. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la registró con el número de amparo directo 105/2023 (foja 15) y en resolución de veinte de julio del mismo año (foja 4), se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la quejosa reclamó: La sentencia definitiva emitida el ocho de julio de dos mil veinte, dentro del expediente 582/2017; y, La notificación de dos de julio de dos mil veintiuno que se le realizó de esa sentencia definitiva, la cual se tilda de ilegal, porque dicha actuación hace alusión a que se notifica una sentencia del juicio 582/2016 y además alude a diversa data (dieciocho de noviembre de dos mil veinte). Por esa razón, el citado tribunal de alzada se declaró incompetente para conocer del acto reclamado relativo a la notificación y consideró que por ser de estudio preferente, un juez de distrito debería primeramente analizar las cuestiones relacionadas con la notificación reclamada y debería reservar jurisdicción a ese tribunal colegiado respecto de la sentencia definitiva que sí es de su competencia; por ello, que una vez que concluyera el juicio de amparo indirecto, debería devolverse el asunto a esa alzada para resolver lo que legalmente corresponda. Segundo. Turno, avocamiento y admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado, quien la registró con el número 1005/2023 y previa prevención, en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la admitió a trámite (foja 158), otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Magistrada responsable y requirió el informe justificado a la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. De la misma forma, en ese auto reconoció el carácter de terceras interesadas a Estela Peña Hurtado y a Alicia Peña Hurtado, por lo que convalidó el emplazamiento realizado por la magistrada responsable y sólo ordenó notificarles personalmente dicho auto de avocamiento. Finalmente, en esta misma fecha tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con sede en el municipio de Zamora, Michoacán, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en: Acto reclamado: * La notificación de dos de julio de dos mil veintiuno que se le realizó respecto de la sentencia definitiva emitida el ocho de julio de dos mil veinte dentro del expediente 582/2017, la cual tilda de ilegal, porque dicha actuación hace alusión a que se notifica una sentencia del juicio 582/2016 y además alude a diversa data a la que corresponde la sentencia emitida en ese controvertido (dieciocho de noviembre de dos mil veinte). Acto que atribuyó a la Magistrada y Actuaria adscritas al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. La magistrada responsable manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, de acuerdo a lo señalado en el informe justificado que obra a foja 15. De la misma forma, opera la presunción de certeza, en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, respecto del acto que se atribuye a la Actuaria del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, pues a pesar que fue debidamente emplazada como se aprecia del acuse que obra a foja 165, no rindió su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó al informe justificado la magistrada responsable, consistente en el expediente agrario de origen, el cual obra por separado en un tomo de pruebas. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional a la autoridad responsable. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Es aplicable, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página dos mil quinientos cuarenta y seis, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2013461, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Se sostiene lo anterior, en razón que la notificación de dos de julio de dos mil veintiuno que se le realizó a la quejosa, respecto de la sentencia definitiva emitida el ocho de julio de dos mil veinte dentro del expediente 582/2017, la cual tilda de ilegal, porque dicha actuación hace alusión a que se notifica una sentencia del juicio 582/2016 y además alude a diversa data a la que corresponde la sentencia emitida en ese controvertido; quedó sustituida procesalmente por la diversa notificación que la actuaria responsable realizó el ocho de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, en su escrito de demanda de amparo la quejosa reconoció, con relación a la notificación reclamada, que si bien a foja 152 del expediente agrario de origen, obra una notificación que se le realizó a una persona que ella autorizó para el efecto de oír y recibir notificaciones personales, dicha notificación se hizo respecto de un expediente 582/2016 y además, de una diversa sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte: Esa notificación a la que hace alusión la quejosa, que fue la que se le practicó el dos de julio de dos mil veintiuno y que constituye la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, ordenó estudiar en este amparo indirecto, es la siguiente: Sin embargo, en el caso se estima que dicha notificación quedó sustituida procesalmente, ya que una revisión de las constancias que integran el expediente agrario de origen, revelan que, derivado del requerimiento que el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, realizó el seis de marzo del año en curso, para que se agregara la actuación que acreditara la notificación del acto reclamado a la quejosa María Elena Griselda Peña Hurtado; mediante proveído de seis de marzo de la misma anualidad, la magistrada responsable ordenó a la actuaria de su adscripción que dentro del término de veinticuatro horas, agregara a los autos la cédula de notificación de la sentencia de ocho de julio de dos mil veinte que se realizó a la peticionaria del amparo. Derivado de ello, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, la actuaria adscrita procedió a realizar la notificación de la sentencia de ocho de julio de dos mil veinte pronunciada en el expediente 582/2017, a la aquí quejosa María Elena Griselda Peña Hurtado, en los términos siguientes: Por tanto, este órgano de control constitucional considera que el juicio de amparo en que se actúa es improcedente en contra de la notificación realizada a la quejosa el dos de julio de dos mil veintiuno respecto de la sentencia definitiva emitida el ocho de julio de dos mil veinte dentro del expediente 582/2017, pues es evidente que dicho acto ya no surtirá sus efectos por haber sido substituido procesalmente por la diversa notificación que de la propia sentencia se le realizó a la peticionaria del amparo, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, pues esta última actuación actuarial incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En consecuencia, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo contra el aludido acto reclamado. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Quinto. Devolución de los autos para la substanciación del amparo directo. En atención a lo ordenado en la determinación de veinte de julio de dos mil veintitrés, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro del amparo directo 105/2023, en el sentido que una vez que se resolviera lo relativo a las cuestiones relacionadas con la notificación reclamada, debería reservarse jurisdicción a ese tribunal colegiado respecto de la sentencia definitiva que sí es de su competencia y devolverse una vez que se concluyera este juicio de amparo indirecto, para que esa alzada resolviera lo que legalmente corresponda. Por tanto, en estricto acatamiento a lo ya resuelto por el citado tribunal de alzada, se ordena que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se remitan los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, a efecto de que se determine lo que en derecho corresponda respecto del diverso acto reclamado en el amparo directo 105/2023. En atención a ello, en su oportunidad fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, solicítese al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que de no tener inconveniente alguno, remita el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que emita al efecto. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Elena Griselda Peña Hurtado, contra el acto y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítanse los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, a efecto de que se determine lo que en derecho corresponda respecto del diverso acto reclamado en el amparo directo 105/2023, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1005/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta con la promoción registrada bajo el número 14671 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Al respecto el juez provee: Se tiene por recibido el oficio del secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que toma conocimiento de la fecha señalada para la audiencia incidental y solicita la devolución del juicio agrario ******************** para estar en condiciones de rendir su informe previo; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Igualmente, se tiene por hecha la anterior relación y dado que el presente incidente guarda estado para ser resuelto, emítase la interlocutoria correspondiente. Abierto el periodo probatorio la secretaria hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El Juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que ninguna de las partes formuló alegatos, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. El quejoso ********************señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán; y, 2. Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán. Acto reclamado: Omisión de notificarle la sentencia dictada el ********************, así como el auto dictado el********************, que declaró ejecutoriada la sentencia referida, esto, dentro del juicio agrario número ********************. Segunda. La autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en el oficio de cuenta, solicita la devolución del juicio agrario ******************** para estar en condiciones de rendir su informe previo; sin embargo, constituye hecho notorio para este juzgado que dentro juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión la autoridad responsable, al momento de rendir su informe justificado (del cual se ordena glosar copia certificada al presente incidente), manifestó que es cierto el acto reclamado, dado que dictó sentencia en el expediente ********************. Certeza que se hace extensiva a la diversa autoridad responsable Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 en el Estado de Michoacán, pues pese a que no rindió su informe previo, la autoridad ordenadora aceptó la existencia de los actos reclamados y está en su carácter de ejecutora puede materializar los actos en cualquier momento. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistente en la omisión de notificarle la sentencia dictada el ********************, así como el auto dictado el********************, que declaró ejecutoriada la sentencia referida, esto, dentro del juicio agrario número ******************** por lo que para proveer sobre la misma se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda además, al contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Luego, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Es decir, esencialmente el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente evitando se le causen a las partes perjuicios con motivo de la ejecución del acto; y de igual modo, que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que la materia de la suspensión la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo. Así, contra dichos actos y sus consecuencias jurídicas es improcedente conceder la medida cautelar que nos ocupa, al ser propio del estudio que se haga en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan el presente cuaderno incidental; y si bien, en la actualidad, la sola naturaleza del acto de autoridad no es suficiente para decidir sobre la suspensión del acto, pues existe la posibilidad de conceder una suspensión con efectos restitutorios provisionales, acorde al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de la Materia, ello está condicionado a que la materia de la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En ese sentido, no se aprecian efectos específicos del acto reclamado que sean susceptibles de ser paralizados por una suspensión, toda vez que los mismos tienen el carácter de consumados, ello, toda vez que a la fecha ya se encuentra archivado el expediente agrario número ********************. No obstante lo señalado, si lo que pretende la parte quejosa es que se diera efectos restitutorios para que se le restituya la afectación que refiere con motivo de la omisión por parte de la responsable de notificarle la sentencia dictada el ********************, así como el auto dictado el********************, que declaró ejecutoriada la sentencia referida, ello no sería posible jurídicamente. Lo anterior pues, en el caso, la materia de la suspensión implicaría que se le provea sobre los actos que reclama, lo cual coincidiría totalmente con la materia de fondo del juicio de amparo, de modo que se corre el riesgo de dejarlo sin materia y, por ende, no procede la suspensión a que se refiere el segundo párrafo del precepto invocado. Apoya por analogía jurídica, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estatuye: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a ******************** la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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