Maria Elena Marquez Pantoja
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Elena Marquez Pantoja
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que contra el auto del treinta de agosto de este año, la parte quejosa no hizo valer el recurso de revisión a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que a la fecha no se ha recibido escrito alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Dado que en autos se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia; por no encuadrar en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en ese acuerdo, ni haber sido objeto de solicitud de acceso a la información ni, por ende, de declaratoria de información reservada alguna; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena destruir el expediente en que se actúa en un plazo de tres años. Concluido ese plazo, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, con la obligación de remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 30 de agosto del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio por el cual rinde informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida, admitida y desahogada las documentales ofertadas por la autoridad mencionada, con dichas constancias se ordena formar un tomo de prueba. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: "El auto de 28 de octubre del año 2022, deducido del juicio ordinario laboral número 3C-163/2021, tramitado ante la hoy responsable que omitió acordar las pruebas ofrecidas y fijar fechas para su desahogo" Ahora bien, del informe justificado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de agosto del año en curso, emitió el acuerdo de pruebas dentro del juicio ordinario número 3C-163/2021. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintitrés), existía el acto reclamado consistente en la omisión acordar las pruebas ofrecidas y fijar fechas para su desahogo; sin embargo el veinticuatro de agosto del año en curso, la autoridad responsable se pronunció al respecto; por lo que el suscrito estima que antes de la presentación de la demanda de amparo tenían vida jurídica los actos reclamados; no obstante, durante la tramitación del juicio constitucional éstos dejaron de tener sus efectos, ya que la responsable realizó lo que el promovente del amparo reclamaba, de esta forma las acciones de la autoridad destruyen por completo el acto reclamado. Por tanto, resulta claro que al haber emitido el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguense el escrito firmado por Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y se tienen por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos en torno al cumplimiento dado por las autoridades responsables, los cuales serán tomados en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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