María Elena Hernández Oñate
Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elena Hernández Oñate
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, devuélvase al Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, las constancias que adjuntó al rendir su informe. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la quejosa..., el proveído de cinco de julio del presente año, por los motivos que expone. Por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena notificar esa determinación, el presente proveído y las subsecuentes que le resulten de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior hasta en tanto señale un diverso domicilio procesal donde se le pueda localizar y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez). Notifíquese. SÍNTESIS DEL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con los anexos que acompaña consistentes en: -El original del juicio de amparo directo 680/2021, que contiene la demanda promovida por María Elena Hernandez Oñate -Expediente original 193/2020 -Una copia de traslado -Un cuadernillo de pruebas referente al expediente 193/2022 (copias simples) y -Seis sobres abiertos De la misiva de cuenta se aprecia que dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto de mérito, por los motivos que ahí se exponen. Al respecto, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión, por tanto, acúsese recibo y con los anexos allegados fórmese los tomos I, II, III, IV y V. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la cual confirma el auto de diez de septiembre del año pasado, dictado en el juicio ordinario civil 193/2020, por el cual el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizó lo siguiente: a) No acordó de conformidad la petición de la parte quejosa en cuanto a señalar fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal, pues consideró que la acción de usucapión debía enderezarse en contra del titular registral del inmueble, por lo que ordenó girar oficio al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera a costa de la parte quejosa el certificado de inscripción relativo al folio electrónico 00009896. b) Ordenó se llamara a juicio, en calidad de litisconsortes pasivos necesarios, a María Consuelo Yáñez Montoya, Humberto Pineda López, Jorge Idelfonso de Jesús Ramírez Méndez, José Alejandro Orozco Cano y Donaciano Ruíz Gonzalez. c) Requirió a las partes para que exhibieran en copia autorizada el convenio de regularización de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, a fin de determinar si el IMEVIS debe ser llamada a juicio. d) Reiteró que queda intocado el emplazamiento realizado a María Consuelo Yáñez Montoya, en su calidad de copropietaria de la sucesión a bienes de Aurelio Cordero Gómez. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En ese contexto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo dispositivo legal dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entendiendo que dicha irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, en donde absolutamente no exista modo de proporcionar los medios de defensa para el impetrante del amparo. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, en virtud a que son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos e n que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso concreto, se desprende que la determinación reclamada declara infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que: a) No acordó de conformidad la petición de la parte quejosa en cuanto a señalar fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal, pues consideró que la acción de usucapión debía enderezarse en contra del titular registral del inmueble, por lo que ordenó girar oficio al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera a costa de la parte quejosa el certificado de inscripción relativo al folio electrónico 00009896. b) Ordenó se llamara a juicio, en calidad de litisconsortes pasivos necesarios, a María Consuelo Yáñez Montoya, Humberto Pineda López, Jorge Idelfonso de Jesús Ramírez Méndez, José Alejandro Orozco Cano y Donaciano Ruíz Gonzalez. c) Requirió a las partes para que exhibieran en copia autorizada el convenio de regularización de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, a fin de determinar si el IMEVIS debe ser llamada a juicio. d) Reiteró que queda intocado el emplazamiento realizado a María Consuelo Yáñez Montoya, en su calidad de copropietaria de la sucesión a bienes de Aurelio Cordero Gómez. Sentado lo anterior, se considera que por lo que hace a las determinaciones identificadas con los incisos b), c) y d), que la finalidad de la autoridad responsable al buscar delimitar la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, en lo único que depara perjuicio a la hoy quejosa, es por cuanto hace a la celeridad de la tramitación del juicio ordinario civil de origen, sin que ello permita considerar que exista implícito un acto de imposible reparación con la emisión del acto reclamado, pues con tal determinación no se vislumbra de manera directa una afectación materialmente sustantiva. Máxime que, que el juez no podía pasar por alto realizar el análisis de la procedencia del litisconsorcio, puesto que es un deber que el proceso le impone de oficio y al que está constreñido a dar cabal cumplimiento al instrumentar el procedimiento, pues precisamente lo que busca con esa decisión, es integrar correctamente la litis, a efecto de evitar posteriores reposiciones de procedimiento. Con base en lo expuesto, es dable señalar que la actuación reclamada no puede ser considerada de imposible reparación puesto que es evidente que los efectos señalados únicamente deparan consecuencias dentro del propio juicio natural, sin que trasciendan a la parte quejosa más allá de lo meramente procedimental. En efecto, quien resuelve no advierte que se cometa alguna violación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la amparista, ya que la determinación reclamada no implica la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad de la quejosa; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, se insiste, afectan solamente derechos adjetivos o procesales. De ahí que, los virtuales perjuicios que pudiera irrogar el acto reclamado, podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio ordinario civil 193/2020, en la cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso de que la autoridad responsable dictara fallo a su favor o, en su defecto, estará en aptitud de hacer valer como agravios, los actos procesales que aquí combate al momento de impugnar dicha resolución en la vía de amparo directo, conforme lo establecido por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Asimismo, resulta aplicable a contrario sensu, la tesis II.1o.C.4 K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." Por otra parte, no se desatiende que por lo que hace a la determinación identificada en el inciso a), el oficio que se ordenó girar al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera el certificado de inscripción del folio real electrónico 00009896 con sus respectivas anotaciones, debe ser sufragado a costa de la quejosa; sin embargo, esa circunstancia tampoco constituye una afectación a sus derechos sustantivos, sino una de tipo adjetivo, ya que el detrimento a su patrimonio está vinculado con sus respectivas cargas procesales que debe asumir al haber ejercitado la acción reconvencional, propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.37/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENOT A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Por ende, se considera que lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia aludida Cabe hacer mención que lo manifiesto y notorio de la causa de improcedencia en estudio es evidente desde el auto de radicación de demanda, pues se cuenta con las constancias que obran en el expediente de origen, las que permiten arribar a la conclusión apuntada sin necesidad de tramitar la totalidad de la secuela procedimental del juicio de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, incluso de carácter personal, la lista que se publica en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Se tiene únicamente como medio de comunicación el correo electrónico y número telefónico indicados, sin que estos constituyan un mecanismo de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese personalmente a la parte quejosa de este proveído en el domicilio particular precisado en su demanda, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado. Asimismo, se tiene autorizada en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, siempre y cuando tenga su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. COPIAS Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídanse las copias solicitadas, previa razón de recibo. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1237, a fin de acordar un día y hora de entrega de dichas copias..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con los anexos que acompaña consistentes en: -El original del juicio de amparo directo 680/2021, que contiene la demanda promovida por María Elena Hernandez Oñate -Expediente original 193/2020 -Una copia de traslado -Un cuadernillo de pruebas referente al expediente 193/2022 (copias simples) y -Seis sobres abiertos De la misiva de cuenta se aprecia que dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto de mérito, por los motivos que ahí se exponen. Al respecto, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión, por tanto, acúsese recibo y con los anexos allegados fórmese los tomos I, II, III, IV y V. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la cual confirma el auto de diez de septiembre del año pasado, dictado en el juicio ordinario civil 193/2020, por el cual el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, realizó lo siguiente: a) No acordó de conformidad la petición de la parte quejosa en cuanto a señalar fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal, pues consideró que la acción de usucapión debía enderezarse en contra del titular registral del inmueble, por lo que ordenó girar oficio al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera a costa de la parte quejosa el certificado de inscripción relativo al folio electrónico 00009896. b) Ordenó se llamara a juicio, en calidad de litisconsortes pasivos necesarios, a María Consuelo Yáñez Montoya, Humberto Pineda López, Jorge Idelfonso de Jesús Ramírez Méndez, José Alejandro Orozco Cano y Donaciano Ruíz Gonzalez. c) Requirió a las partes para que exhibieran en copia autorizada el convenio de regularización de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, a fin de determinar si el IMEVIS debe ser llamada a juicio. d) Reiteró que queda intocado el emplazamiento realizado a María Consuelo Yáñez Montoya, en su calidad de copropietaria de la sucesión a bienes de Aurelio Cordero Gómez. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En ese contexto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo dispositivo legal dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entendiendo que dicha irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, en donde absolutamente no exista modo de proporcionar los medios de defensa para el impetrante del amparo. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, en virtud a que son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos e n que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso concreto, se desprende que la determinación reclamada declara infundado el recurso de revocación hecho valer contra el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que: a) No acordó de conformidad la petición de la parte quejosa en cuanto a señalar fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal, pues consideró que la acción de usucapión debía enderezarse en contra del titular registral del inmueble, por lo que ordenó girar oficio al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera a costa de la parte quejosa el certificado de inscripción relativo al folio electrónico 00009896. b) Ordenó se llamara a juicio, en calidad de litisconsortes pasivos necesarios, a María Consuelo Yáñez Montoya, Humberto Pineda López, Jorge Idelfonso de Jesús Ramírez Méndez, José Alejandro Orozco Cano y Donaciano Ruíz Gonzalez. c) Requirió a las partes para que exhibieran en copia autorizada el convenio de regularización de dieciséis de febrero de dos mil cuatro, a fin de determinar si el IMEVIS debe ser llamada a juicio. d) Reiteró que queda intocado el emplazamiento realizado a María Consuelo Yáñez Montoya, en su calidad de copropietaria de la sucesión a bienes de Aurelio Cordero Gómez. Sentado lo anterior, se considera que por lo que hace a las determinaciones identificadas con los incisos b), c) y d), que la finalidad de la autoridad responsable al buscar delimitar la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, en lo único que depara perjuicio a la hoy quejosa, es por cuanto hace a la celeridad de la tramitación del juicio ordinario civil de origen, sin que ello permita considerar que exista implícito un acto de imposible reparación con la emisión del acto reclamado, pues con tal determinación no se vislumbra de manera directa una afectación materialmente sustantiva. Máxime que, que el juez no podía pasar por alto realizar el análisis de la procedencia del litisconsorcio, puesto que es un deber que el proceso le impone de oficio y al que está constreñido a dar cabal cumplimiento al instrumentar el procedimiento, pues precisamente lo que busca con esa decisión, es integrar correctamente la litis, a efecto de evitar posteriores reposiciones de procedimiento. Con base en lo expuesto, es dable señalar que la actuación reclamada no puede ser considerada de imposible reparación puesto que es evidente que los efectos señalados únicamente deparan consecuencias dentro del propio juicio natural, sin que trasciendan a la parte quejosa más allá de lo meramente procedimental. En efecto, quien resuelve no advierte que se cometa alguna violación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la amparista, ya que la determinación reclamada no implica la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad de la quejosa; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, se insiste, afectan solamente derechos adjetivos o procesales. De ahí que, los virtuales perjuicios que pudiera irrogar el acto reclamado, podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio ordinario civil 193/2020, en la cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso de que la autoridad responsable dictara fallo a su favor o, en su defecto, estará en aptitud de hacer valer como agravios, los actos procesales que aquí combate al momento de impugnar dicha resolución en la vía de amparo directo, conforme lo establecido por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Asimismo, resulta aplicable a contrario sensu, la tesis II.1o.C.4 K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." Por otra parte, no se desatiende que por lo que hace a la determinación identificada en el inciso a), el oficio que se ordenó girar al Instituto de la Función Registral de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que remitiera el certificado de inscripción del folio real electrónico 00009896 con sus respectivas anotaciones, debe ser sufragado a costa de la quejosa; sin embargo, esa circunstancia tampoco constituye una afectación a sus derechos sustantivos, sino una de tipo adjetivo, ya que el detrimento a su patrimonio está vinculado con sus respectivas cargas procesales que debe asumir al haber ejercitado la acción reconvencional, propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.37/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENOT A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Por ende, se considera que lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria la causa de improcedencia aludida Cabe hacer mención que lo manifiesto y notorio de la causa de improcedencia en estudio es evidente desde el auto de radicación de demanda, pues se cuenta con las constancias que obran en el expediente de origen, las que permiten arribar a la conclusión apuntada sin necesidad de tramitar la totalidad de la secuela procedimental del juicio de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, incluso de carácter personal, la lista que se publica en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Se tiene únicamente como medio de comunicación el correo electrónico y número telefónico indicados, sin que estos constituyan un mecanismo de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese personalmente a la parte quejosa de este proveído en el domicilio particular precisado en su demanda, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado. Asimismo, se tiene autorizada en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, siempre y cuando tenga su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. COPIAS Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídanse las copias solicitadas, previa razón de recibo. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1237, a fin de acordar un día y hora de entrega de dichas copias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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