María Elena Valle Lazcano
Expediente 1507/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elena Valle Lazcano
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda signada por María Elena Valle Lazcano, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1507/2023-V, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: Las determinaciones emitidas en la audiencia del veintiséis de septiembre del dos mil veintitrés, en el juicio agrario con número de expediente 56/2023, del índice del Tribunal Agrario del Distrito Diez, promovido por Mariano Romero Miranda contra María Elena Valle Lazcano (aquí quejosa), mediante los cuales -acorde a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa-, la responsable: 1) Tuvo a la parte demandada -aquí quejosa- por ausente y no compareciendo a la audiencia. 2) Tuvo ratificada la demanda. 3) Declaró la contumacia procesal de María Elena Valle Lazcano y perdido su derecho de contestar la misma y ofrecer pruebas en el juicio. 4) No se pronunció sobre la incompetencia por razón de materia -civil y no agraria-, para conocer del asunto, planteado por la demandada. 5) Admitió las pruebas de la parte actora. 6) Señaló nueva fecha para la audiencia. Por tanto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Lo anterior, debido a que, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b)1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, el acto reclamado por la parte quejosa, que es la audiencia celebrada el veintiséis de septiembre del dos mil veintitrés, en el juicio agrario 56/2023, del índice del Tribunal Agrario del Distrito Diez, en la que la responsable tuvo a la parte 1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" demandada -aquí quejosa- por ausente y no compareciendo a la audiencia, así como ratificada la demanda, declaró la contumacia procesal de María Elena Valle Lazcano y perdido su derecho a contestar la misma y ofrecer pruebas en el juicio, no se pronunció sobre la incompetencia por razón de materia -civil y no agraria-, para conocer del asunto, planteado por la demandada, admitió las pruebas de la parte actora y señaló nueva fecha para la audiencia respectiva; no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que las determinaciones tomadas en dicha audiencia implican, e todo caso, infracciones de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. Atendiendo a que con tales determinaciones, con su emisión, per se, no implica que se transgredan derechos fundamentales que generen consecuencias de imposible reparación, en virtud de que los referidos pronunciamientos efectuados por la responsable, no ocasionan consecuencias que dejen sin defensa a la parte quejosa en el procedimiento de origen, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues, precisamente al emanar de un procedimiento seguido en forma de juicio, únicamente producen el efecto de someter a las partes al procedimiento jurisdiccional y dar continuidad al mismo, juicio en el cual inclusive podría emitirse una sentencia en sentido favorable a sus intereses, o pudiera concluirse el mismo por diversa causa, de modo que las consecuencias que pudiera llegar a tener dichos pronunciamientos pudieran no trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, no puede estimarse que en este momento, exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que se considera que los acuerdos reclamados no son susceptibles de cuestionarse a través de amparo indirecto. A lo anterior, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/92, emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, octava época, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, contenido en la tesis 2a. L/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1095, de registro digital 2006548, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. Sirve de apoyo también, en lo conducente, la tesis 3a. 20/90, registro 207226, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Enero-Junio de 1990, página 236, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." No se soslaya que la autoridad responsable en la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, no se pronunció sobre la incompetencia por razón de materia -civil y no agraria-, para conocer del asunto, planteado por la aquí quejosa (parte demandada en el juicio de origen), cuestión de la que la promovente se duele de manera destacada; sin embargo, dicha omisión constituye -también- una violación procesal reclamable en amparo directo; de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; (...) VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; (...) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; (...) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Es aplicable a lo anterior, por identidad de criterio, la tesis XXI.2o.C.T.32 C (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2068, Décima Época, registro digital 159884, de rubro y texto: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE TRAMITAR LA EXCEPCIÓN RELATIVA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 1114 del Código de Comercio establece que las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o declinatoria y que tratándose de las suscitadas entre los tribunales de un mismo Estado, se resolverán por el respectivo tribunal de alzada; asimismo, en su fracción II establece que la declinatoria se propondrá ante el Juez que se considere incompetente. De ahí que si el Juez de primera instancia omite tramitar la citada excepción, ello constituye una violación procesal impugnable en amparo directo, en términos de la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, sin que pueda considerarse que dicha omisión debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, pues éste procede en todo caso contra la resolución de alzada que dilucide la competencia. Así como la tesis XI.1o.A.T.48 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1176, Novena Época, registro digital 163869, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA INCOMPETENCIA PROPUESTA POR UNA DE LAS PARTES O EL PRONUNCIAMIENTO HECHO HASTA EL DICTADO DEL LAUDO, POR EXCEPCIÓN PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que la cuestión de competencia que es rechazada o aceptada debe reclamarse en amparo indirecto, como se advierte de las tesis de jurisprudencia P./J. 55/2003, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA." y 2a./J. 19/99, de rubro: "COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO."; publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVIII, septiembre de 2003, página 5 y IX, marzo de 1999, página 93, respectivamente; ello, por cuanto a que procede el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, al considerar que en esta resolución -que rechaza la incompetencia planteada y reitera la competencia- se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional, lo que constituye una regla general; sin embargo, tiene una excepción, que consiste en que cuando la autoridad jurisdiccional no se pronuncia respecto de la incompetencia propuesta por una de las partes, entonces procede el amparo directo, o bien, si hace dicho pronunciamiento hasta el laudo, ello con base en la aplicación analógica de la tesis jurisprudencial 2a./J. 7/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.", publicada en el mismo medio de difusión, Tomo IX, febrero de 1999, página 169." Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio en cita, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese personalmente a la parte quejosa de este proveído en el domicilio precisado en el escrito de demanda, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado. Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 primer párrafo de la Ley de la materia, a Obed De León Meléndez, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se aprecia que su cédula profesional se encuentra registradas en dicho sistema2; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del citado numeral, a las demás personas que refiere. Con relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, quien actúa asistido de Erandi Paulina Fuentes Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
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