María Elena García

Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 55 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
500/2021
Año
2021
Actuaciones
55
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • María Elena García
  • María Elena García y Otros.
  • T.L. T. M.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Elena ..., por medio del cual interpone recurso de inconformidad, en contra del auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, por el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno, de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico2 del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1237. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. I. SE AGREGA COMPARECENCIA Agréguese la comparecencia de cuenta, por medio de la cual, la parte quejosa ratifica su escrito registrado con el folio 13262; en ese sentido, visto nuevamente el ocurso en mención, se tienen por hechas las diversas manifestaciones que vierte la parte quejosa, en atención a la vista otorgada en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, las cuales serán tomadas en consideración más adelante. II. SE ANALIZA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Ahora bien, en atención a la certificación que antecede y toda vez que feneció el término concedido a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado determinó otorgar el amparo solicitado por la parte quejosa, para que el Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos realizara lo siguiente: "Emita una determinación relacionada con las medidas cautelares decretadas en los juicios 1375/2019 y su acumulado 1520/2019, así como en el arábigo 12/2021, en la que con libertad de jurisdicción, ratifique las previamente decretadas; o bien, decrete nuevas medidas, siempre y cuando en cualquiera de las decisiones que adopte, tome en consideración todas las pruebas y manifestaciones aportadas por los padres de la menor y por su abuela paterna, en todos aquellos procesos; en la inteligencia que, de considerarlo necesario, para emitir cualquiera de esas decisiones, deberá ordenar el desahogo de las pruebas que estime pertinentes para conocer el contexto de la relación que tiene la menor con sus padres y familiares." Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, medio de impugnación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 68/2022, de su índice, resolvió: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado y autoridad precisados en el considerando cuatro de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos en representación de la menor de identidad reservada, en términos del considerando quinto de la sentencia recurrida" En ese tenor, por auto de once de julio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se tuvo como hecho notorio la circular No. 02/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la que se decretó la transformación y cambio de sede del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, y se extinguen los Juzgados Sexto, Noveno y Décimo Familiar del mismo distrito judicial; asimismo se advirtió que el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, conocería de los asuntos radicados en el Juzgado Noveno Familiar de ese distrito judicial, por lo que se requirió a aquél el cumplimiento a la sentencia. Así, mediante proveído de doce de abril de la presente anualidad, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; resolución contra la cual, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad. Luego, mediante la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 19/2023, dicho órgano resolvió: ".Es FUNDADO el recurso de informidad interpuesto por MARÍA ELENA GARCÍA, por sí y en representación de la menor T.L.T.M."; y, al respecto estableció lo siguiente: ".Del anterior cuadro comparativo, se aprecia que el juez acató parcialmente el fallo protector, pero únicamente el identificado con el numeral uno, en tanto: Dictó las medidas cautelares (de protección) en los autos acumulados, para lo cual especificó sus números actuales y previos, a saber, 18668/2022, antes 1375/2019; 1520/2019, ahora 18813/2022; y, 12/2021, hoy 21195/2022; de modo que si se ordenó un nuevo pronunciamiento sobre las medidas de protección a la infanta, esto sí se acató; al ratificar las emitidas previamente, sin soslayar que de igual forma ordenó recabar de oficio periciales en psicología de todos los miembros del grupo familiar y escucha de la infanta. No obstante, no se respetaron los efectos sintetizados con los arábigos dos y tres, pues fue ambiguo y genérico que la autoridad responsable hiciera remisión expresa a las medidas precisadas en una audiencia del incidente de suspensión, cuando estaba obligado a exponer en forma concreta, las medidas delimitadas de protección que refrendaba. Ello, partiendo de que se ordenó especificar lo atinente a cada sumario acumulado; a explicar de manera pormenorizada, no solo que la custodia de la menor continuará con la abuela por lazos efectivos entre ambas, sino desprenderlo de las opiniones psicológicas y la escucha de la menor (respecto del que nada se dijo); exponer el monto por alimentos, las órdenes de restricción a ambos padres para acercarse al domicilio de abuela y nieta; resguardo de esta en el domicilio de la custodia, por lo cual debió quedar debidamente precisado, si reiteró la autorización del auxilio policiaco, la suspensión temporal de convivencias, la orden de protección y auxilio en caso de amenaza y agresión. Por ende, al no señalar expresamente en el auto de cumplimiento, las medidas de protección reiteradas, previo razonamiento de las causas de esa decisión, vinculada con los medios probatorios contenidos en los tres expedientes acumulados, así como las recabadas de oficio (periciales en psicología y escucha de la infanta), no se cumple con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones pronunciadas, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando estas aparecen en documento distinto. De suerte tal que no es suficiente que el juzgador responsable ratificara las medidas cautelares previamente emitidas, porque no las señaló expresamente en el auto de acatamiento ni especificó si era en relación a los tres sumarios, aunado a que esa libertad de jurisdicción se constriñó a que en cualquiera de las decisiones asumidas, reiterar o dictar nuevas medidas de protección, ponderara todas las pruebas y manifestaciones aportadas por los padres de la menor y por su abuela paterna, en todos esos procesos acumulados, lo que no ha sucedido; de ahí que se debe considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra totalmente cumplida." En ese sentido, cabe destacar que mediante proveído de veintiuno de junio de este año, se requirió al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México responsable, para que acatara en sus términos la resolución de catorce de junio del año en curso, dictada en el recurso de inconformidad 192023 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a efecto de que realizara lo siguiente: a) Expusiera en forma concreta cuáles son las medidas de protección que reitera, previo razonamiento de las causas de esa decisión, vinculada con los medios probatorios contenidos en los tres expedientes acumulados, así como las recabadas de oficio (periciales en psicología y escucha de la infanta). b) Explicara de manera pormenorizada, que la custodia de la menor de edad quejosa continuará a cargo de su abuela, no sólo con motivo de los lazos afectivos entre ambas, sino que debería desprenderlo de las opiniones psicológicas y la escucha de la menor llevada a cabo en el asunto de origen. c) Precisara cuál es el monto por concepto de alimentos a favor de la menor, asimismo, se pronuncie sobre las órdenes de restricción de ambos padres para acercarse al domicilio de abuela y nieta, el resguardo de ésta en el domicilio de la custodia; lo anterior, dado que la responsable reiteró la autorización del auxilio policiaco, la suspensión temporal de convivencias, la orden de protección y el auxilio en caso de amenaza y agresión. d) En el entendido que debía señalar expresamente las medidas de protección ratificadas el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, de manera fundada y motivada. En ese sentido, cabe destacar que conforme a la copia certificada del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 18668/2022 (antes 1375/2019) y sus acumulados 18813/2022 (antes 1520/2019) y 21195/2022 (antes 12/2021) relativos a las controversias del estado civil de las personas y del orden familiar, del índice de la autoridad responsable, por auto de once de julio de la presente anualidad, NO SE TUVO POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR, en el que en esencia se advirtió: 1. Que si bien la responsable expuso cuáles eran las medidas de protección decretadas que reiteró -guarda y custodia a favor de la abuela de la menor y régimen de visitas y convivencias supervisado con su madre- y efectuó el razonamiento de las causas de su decisión, vinculándolas con los medios probatorios recabados de oficio opiniones psicológicas y la escucha de la menor llevada a cabo en el asunto de origen. No obstante ello, la responsable NO tomó en cuenta ni relacionó de manera expresa en su decisión, las diversas pruebas y manifestaciones vertidas por los padres de la menor y por su abuela paterna, en los procesos de origen -18668/2022, 18813/2022 y 21195/2022- como lo estableció la Superioridad en la foja 20 reverso, de la resolución de inconformidad 19/2023. 2. La responsable determinó que la guarda y custodia provisional de la menor de edad quejosa continuaría a cargo de su abuela, con motivo del resultado de la prueba pericial en materia de psicología que desahogaron los progenitores de la menor, y su abuela paterna, así como el resultado de la escucha de menor. Sin embargo, NO relacionó su decisión con los resultados que arrojaron las pruebas periciales en materia de psicología de los progenitores, o bien, algún indicio que permitiera inferir porqué la menor de edad debía quedar a cargo de su abuela paterna, a fin de robustecer su decisión. 3. La responsable estableció una pensión alimenticia provisional a cargo de los demandados -progenitores de la menorpor la cantidad de un día y medio de salario mínimo general vigente en la entidad, esto es, punto setenta y cinco días, por cada uno, la cual debía ser exhibida en el Juzgado. No estableció los días en que debía exhibirse el monto respectivo, ni los apercibimientos en caso de omisión para los deudores alimentarios. 4. Finalmente, se concluyó que la autoridad NO se pronunció sobre las órdenes de restricción o no, de ambos padres para acercarse al domicilio de la abuela paterna, así como las consecuencias de hacerlo y, en su caso, las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad; ello dado que la menor, señaló que era maltratada por su madre e incluso de las pruebas psicológicas realizadas, se obtuvo que lo conveniente era que la convivencia con ella fuera de manera supervisada. Ahora bien, mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo a la responsable remitiendo las constancias con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que, de un análisis realizado a la resolución emitida el catorce de agosto de dos mil veintitrés por ésta, en la que refirió atender los puntos antes descritos, se observó lo siguiente: 1. Respecto al primer punto, si bien la responsable refirió que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se ordenó recibir las pruebas ofrecidas por las partes y las de oficio, procediendo al desahogo de éstas últimas, consistentes en la pericial en psicología y la escucha de menor, mismas que fueron tomadas en consideración al imponer las medidas de protección decretadas - guarda y custodia a favor de la abuela de la menor y régimen de visitas y convivencias supervisado con su madre-; lo cierto es que hizo alusión a diversas pruebas ofrecidas por las partes, de las que únicamente se limitó a mencionar que algunas se tuvieron por desiertas por causas imputables a los oferentes, sin que realizara mayor pronunciamiento o hiciera una relación de éstas, exponiendo de manera clara y concreta, que pruebas de las ofrecidas por las partes, tomó en consideración y cuáles no, para emitir su decisión, y respecto a las no tomadas en cuenta, justificara el motivo por el cual así lo determinó. 2. Respecto al punto segundo, refirió que conforme al desahogo de la escucha de menor verificada el catorce de octubre de dos mil veintidós, de la que derivó el conocimiento de la forma en que era violentada la infante por su progenitora y que en el desahogo de la prueba de psicología familiar, cuya opinión quedó materializada mediante dictamen de veintisiete de enero del año en curso; la responsable ratificó la medida cautelar referente a la guarda y custodia provisional a favor de la abuela, sin que expusiera los motivos por los cuales adoptó dicha decisión, como le fue requerido. 3. En lo atinente a la ratificación, de la medida cautelar consistente en la pensión alimenticia provisional a cargo de los progenitores de la menor, por la cantidad de un día y medio de salario mínimo general vigente en la entidad, esto es, punto setenta y cinco días, por cada uno, que deberán depositar en una cuenta de la abuela paterna María Elena García, dentro de los primeros cinco días de cada mes, fijó el apercibimiento que en caso de omisión para los deudores alimentarios, se procederá a imponer medidas de apremio de las que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles; y agotando éstas, se procederá a su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con las consecuencias que ello implica. 4. Finalmente, respecto a las órdenes de restricción, para los progenitores del menor, estableció las siguientes: 1. La prohibición a los responsables y a las personas que estén de acuerdo con ellos, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, en que se encuentre María Elena García y la menor. 2. La referente a autorizar que la menor se resguarde en el domicilio ubicado en calle Sierra Canela, manzana 27, lote 10-F, Fraccionamiento Joyas de Cuautitlán, 54880, municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. 3. La de prohibir a los demandados intimidar o molestar a la infanta, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar, incluyendo a la persona a cuyo cargo se concede la guarda y custodia provisional. 4. La de protección y auxilio policial a la denunciante María Elena García, así como en favor de la menor, y que para ello se girara oficio a la autoridad pública de los municipios de Ecatepec Melchor Ocampo, así como a la policía estatal. 5. La que concede un régimen de visitas y convivencias supervisado, a favor de la progenitora de la menor, en el centro de convivencias de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Con el apercibimiento que si la persona custodia no cumple con este régimen de visitas, en primer término, se le impondrán medidas de apremio que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles y, en un segundo término, se procederá a dejar sin efecto la guarda y custodia que tiene a su favor, en el entendido que la responsable determinará quién es la persona idónea que deba hacerse cargo del cuidado de la menor. Ahora, si bien se desprende que la responsable se pronunció sobre las órdenes de restricción de ambos padres para acercarse al domicilio de la abuela paterna y decretó un apercibimiento para la persona a cargo de la custodia de la menor, esto es, para María Elena García, lo cierto es que NO apercibió a los progenitores en caso de incumplimiento a las demás medidas de restricción decretadas; asimismo, tampoco refirió la forma en que se garantizará y verificará el cumplimiento de dichas medidas de protección impuestas, a efecto de salvaguardar la integridad de la menor y su abuela. Por tanto, al advertirse en el auto de mérito que la ejecutoria de amparo NO SE ENCONTRABA CUMPLIDA CABALMENTE, se requirió a la responsable nuevamente, a efecto de que la acatara en sus términos. En ese contexto, mediante promoción registrada con el número 12856, la autoridad responsable remitió las constancias con las que acreditó dar total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; de las que se desprende lo siguiente: 1. Respecto al primer punto, se advierte que la responsable realizó una descripción y relación de las pruebas ofrecidas por las partes en los procesos de origen -18668/2022, 18813/2022 y 21195/2022-, exponiendo de manera clara y concreta qué pruebas tomó en consideración y cuáles no, para emitir su decisión, justificando la razón de ello. 2. Por cuanto hace al punto dos, la responsable relacionó su decisión de ratificar la medida provisional de decretar la guarda y custodia de la menor de edad a cargo de su abuela paterna María Elena García, con los resultados obtenidos en las pruebas periciales en materia de psicología realizadas a los progenitores y la abuela paterna de la menor, así como el resultado de la escucha de la infante, destacando que conforme al dictamen pericial en materia de psicología familiar emitido por el experto en la materia, resultó evidente que la persona idónea para cuidar de la menor es María Elena García, en virtud de que en tal pronunciamiento, el experto nunca refirió que la progenitora es la persona que estuvo a cargo de la crianza de su hija, además, observó un menor apego con su progenitora en relación con el apego con su abuela paterna, asimismo, advirtió identificación y adecuada comunicación de la menor con ésta última; aunado a que, al desahogar la prueba de escucha de la menor -de manera oficiosa-, la infanta expresó la manera en que fue violentada por su progenitora, por lo que se concluyó que existe presunción relevante respecto de que la menor fuera maltratada por su progenitora; admiculando así ambas pruebas, para un mayor sustento en la decisión tomada. 3. Ahora bien, por cuanto a las órdenes de restricción que la responsable decretó, se desprende que apercibió a los progenitores de la menor en caso de incumplimiento para cada una de las partes, respecto de cada una de las órdenes de restricción decretadas, garantizando de esta manera el cumplimiento a dichas medidas a fin de salvaguardar la integridad de la menor y de su abuela. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que no existe acto pendiente por realizar, se estima que en las determinaciones de veintiocho de junio, catorce y veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se acataron los elementos establecidos en la ejecutoria de amparo en relación con las especificaciones señaladas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de inconformidad; en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. III. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA No se soslayan las manifestaciones de quejosa María Elena García, en representación de la menor de edad T.L.T.M., relativas a que no se encuentra impuesta de los procesos de origen 18668/2022 y 188813/2022, ni tiene conocimiento del estado que guardan los mismos, por lo que aduce que no puede ejercer el derecho de defensa respecto a la menor. Sin embargo, por una parte debe decirse que, como se precisó en párrafos que anteceden, los efectos de la concesión fueron únicamente para que la responsable, emitiera una determinación relacionada con las medidas cautelares decretadas en los juicios de origen -18668/2022, 18813/2022 y 21195/2022- en la que con libertad de jurisdicción, ratificara las previamente decretadas, o bien, decretara nuevas medidas, tomando en consideración todas las pruebas y manifestaciones aportadas por los padres de la menor y por su abuela paterna, ordenando el desahogo de las pruebas que estime pertinentes para conocer el contexto de la relación que tiene la menor con sus padres y familiares; lo cual, como se detalló con anterioridad, ya efectuó. En la inteligencia que, al haber emitido la responsable, determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, con libertad de jurisdicción, de estar inconforme con la misma, tiene a salvo sus derechos para impugnarla en la vía y forma que considere pertinente. Por otra parte, respecto a su solicitud relativa a dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, dígase que de acuerdo al artículo 5°, fracción IV de la Ley de la materia, dicha representante social es parte en el juicio de amparo en que se actúa; por lo que se encentra impuesta de las actuaciones emitidas en el presente asunto; sin embargo, dígase que, de estimarlo pertinente, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado presuntivamente por la quejosa María Elena García... y, dado que se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito, así como la plasmada en su demanda de amparo, se requiere a la ocursante para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta. Lo anterior, dentro del horario de atención al público en este juzgado de distrito que es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Apercibiéndole, que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado, con las consecuencias que ello implica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, cabe destacar que conforme a la copia certificada del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 18668/2022 (antes 1375/2019) y sus acumulados 18813/2022 (antes 1520/2019) y 21195/2022 (antes 12/2021) relativos a las controversias del estado civil de las personas y del orden familiar, del índice de la autoridad responsable, por auto de once de julio de la presente anualidad, NO SE TUVO POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR, en el que en esencia se advirtió: 1. Que si bien la responsable expuso cuáles eran las medidas de protección decretadas que reiteró -guarda y custodia a favor de la abuela de la menor y régimen de visitas y convivencias supervisado con su madre y efectuó el razonamiento de las causas de su decisión, vinculándolas con los medios probatorios recabados de oficio opiniones psicológicas y la escucha de la menor llevada a cabo en el asunto de origen. No obstante ello, la responsable NO tomó en cuenta ni relacionó de manera expresa en su decisión, las diversas pruebas y manifestaciones vertidas por los padres de la menor y por su abuela paterna, en los procesos de origen -18668/2022, 18813/2022 y 21195/2022- como lo estableció la Superioridad en la foja 20 reverso, de la resolución de inconformidad 19/2023. 2. La responsable al determinar que la guarda y custodia provisional de la menor de edad quejosa continuaría a cargo de su abuela, con motivo del resultado de la prueba pericial en materia de psicología que desahogaron los progenitores de la menor, y su abuela paterna, así como el resultado de la escucha de menor. Sin embargo, NO relacionó su decisión con los resultados que arrojaron las pruebas periciales en materia de psicología de los progenitores, o bien, algún indicio que permitiera inferir porqué la menor de edad debía quedar a cargo de su abuela paterna, a fin de robustecer su decisión. 3. La responsable estableció una pensión alimenticia provisional a cargo de los demandados -progenitores de la menor por la cantidad de un día y medio de salario mínimo general vigente en la entidad, esto es, punto setenta y cinco días, por cada uno, la cual debía ser exhibida en el Juzgado. No estableció los días en que debía exhibirse el monto respectivo, ni los apercibimientos en caso de omisión para los deudores alimentarios. 4. Finalmente, se concluyó que la autoridad NO se pronunció sobre las órdenes de restricción o no, de ambos padres para acercarse al domicilio de la abuela paterna, así como las consecuencias de hacerlo y, en su caso, las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad; ello dado que la menor, señaló que era maltratada por su madre e incluso de las pruebas psicológicas realizadas, se obtuvo que lo conveniente era que la convivencia con ella fuera de manera supervisada. Ahora bien, de un análisis realizado a la resolución emitida el catorce de agosto de dos mil veintitrés por la responsable, en la que refiere atender los puntos antes descritos, se desprende: 1. Respecto al primer punto, si bien la responsable refiere que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se ordenó recibir las pruebas ofrecidas por las partes y las de oficio, procediendo al desahogo de éstas últimas, consistentes en la pericial en psicología y la escucha de menor, mismas que fueron tomadas en consideración al imponer las medidas de protección decretadas -guarda y custodia a favor de la abuela de la menor y régimen de visitas y convivencias supervisado con su madre-; lo cierto es que hace alusión a diversas pruebas ofrecidas por las partes, de las que únicamente se limitó a mencionar que algunas se tuvieron por desiertas por causas imputables a los oferentes, sin que realice mayor pronunciamiento o haga una relación de éstas, exponiendo de manera clara y concreta, que pruebas de las ofrecidas por las partes, tomó en consideración y cuáles no, para emitir su decisión, y respecto a las no tomadas en cuenta, justificara el motivo por el cual así lo determinó. 2. Respecto al punto segundo, refirió que conforme al desahogo de la escucha de menor verificada el catorce de octubre de dos mil veintidós, de la que derivó el conocimiento de la forma en que era violentada la infante por su progenitora y que en el desahogo de la prueba de psicología familiar, cuya opinión quedo materializada mediante dictamen de veintisiete de enero del año en curso; la responsable ratificó la medida cautelar referente a la guarda y custodia provisional a favor de la abuela, sin que expusiera los motivos por los cuales adoptó dicha decisión, como le fue requerido. 3. En lo atinente a la ratificación, de la medida cautelar consistente en la pensión alimenticia provisional a cargo de los progenitores de la menor, por la cantidad de un día y medio de salario mínimo general vigente en la entidad, esto es, punto setenta y cinco días, por cada uno, que deberán depositar en una cuenta de la abuela paterna ***, dentro de los primeros cinco días de cada mes, fijando ya el apercibimiento que en caso de omisión para los deudores alimentarios, se procederá a imponer medidas de apremio de las que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles; y agotando éstas, se procederá a su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con las consecuencias que ello implica. 4. Finalmente, respecto a las órdenes de restricción, para los progenitores del menor, fijó las siguientes: 1. La prohibición a los responsables y a las personas que estén de acuerdo con ellos, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, en que se encuentre ***. 2. La referente a autorizar que la menor se resguarde en el domicilio ubicado en ---. 3. La de prohibir a los demandados intimidar o molestar a la infanta, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar, incluyendo a la persona a cuyo cargo se concede la guarda y custodia provisional. 4. La de protección y auxilio policial a la denunciante María Elena García, así como en favor de la menor, y que para ello se girara oficio a la autoridad pública de los municipios de Ecatepec Melchor Ocampo, así como a la policía estatal. 5. La que concede un régimen de visitas y convivencias supervisado, a favor de la progenitora de la menor, en el centro de convivencias de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Con el apercibimiento que si la persona custodia no cumple con este régimen de visitas, en primer término, se impondrán medidas de apremio que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles y, en un segundo término, se procederá a dejar sin efecto la guarda y custodia que tiene a su favor, en el entendido que la responsable determinará quién es la persona idónea que deba hacerse cargo del cuidado de la menor. Ahora, si bien se desprende que la responsable se pronunció sobre las órdenes de restricción de ambos padres para acercarse al domicilio de la abuela paterna y decretó un apercibimiento para la persona a cargo de la custodia de la menor, esto es, para ***, lo cierto es que NO apercibe a los progenitores en caso de incumplimiento a las demás medidas de restricción decretadas; asimismo, tampoco refiere la forma en que se garantizará y verificará el cumplimiento de dichas medidas de protección impuestas, a efecto de salvaguardar la integridad de la menor y su abuela. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para que en el ámbito de su competencia, dentro del término de tres días, contado a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo. En el entendido que en la determinación o resoluciones que dicte, deberá dar cumplimiento a dicho fallo en su totalidad, es decir, a todos los puntos e incisos del fallo protector, conforme al efecto precisado en el considerando quinto de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, de manera completa, es decir, sin más allá, ni estableciendo diversa materia a la que se circunscribió la Litis constitucional, así como con los parámetros de la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad ---. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la MULTA equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el numeral 193, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien, se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1238), o al correo (2jdo2cto*correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Pues, para que éste se logre se requiere de una serie de requisitos formales y materiales, situación que no puede ser susceptible de constituir un obstáculo para que se satisfagan a cabalidad los lineamientos de la ejecutoria referida y la autoridad responsable pueda inobservar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, más aún que existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva a que, de no dar cumplimiento a lo ordenado sólo propicia la actitud de desacato por parte de las autoridades responsables involucradas, con el uso de tácticas dilatorias; además de que si continúan con tal omisión, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la SEPARACIÓN DEL TITULAR DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y a su consignación ante el juez penal. Notifíquese.

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