María Elena Hernández Boyzo
Expediente 38/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Hernández Boyzo
- Juez Mixto de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Devolución documentos. Finalmente, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que adjuntó al escrito de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito que suscribe Luis Arturo Rentería Huerta, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que adjunto a la demanda de amparo en que se actúa; atento a su solicitud, una vez que quede firme el auto de dieciséis de enero pasado, en el que se desechó la demanda, se estará en condiciones de acordar lo procedente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por María Elena Hernández Boyzo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 38/2023. 2. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por María Elena Hernández Boyzo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, y hace consistir el acto reclamado en: El auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su demanda, se desprende que: Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, se encuentra registrado el juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019, promovido por Octavio Hernández Boyzo y otro (aquí terceros interesados), en el cual se dictó sentencia definitiva el veintiséis de febrero de dos mil veintidós. Inconforme con dicha sentencia la quejosa María Elena Hernández Boyzo, interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en ambos efectos por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándose como toca de apelación I-168/2020, en el cual se dictó sentencia definitiva el diecisiete de agosto de dos mil veinte. Contra dicha sentencia, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo el cual se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que se registró con el número 427/2020, en el cual el veintiocho de enero de dos mil veintiuno se concedió el amparo y protección de la justicia a la citada quejosa, por lo que en cumplimiento a la ejecutoria, el tres de marzo de dos mil veintiuno, la Séptima Sala Civil, dictó una nueva resolución. Contra esa resolución, Octavio Hernández Boyzo promovió demanda de amparo, misma que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno se concedió el amparo al citado Octavio, en cumplimiento a dicha resolución, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó insubsistente la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno y con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte dictó una nueva resolución. Que en sus puntos resolutivos decía ". PRIMERO.- se surtió la competencia de este tribunal, para conocer y resolver en definitiva la contienda judicial.- SEGUNDO.- Octavio Hernández Boyzo, por su propio derecho, acreditó parcialmente los elementos constitutivos de la acción que sobre interdicto de suspensión de obra nueva, ejercitó en la Vía Sumaria Civil frente a María Elena Hernández Boyzo; en consecuencia: TERCERO.- Resulta parcialmente procedente la acción en comento, por lo que se condena a la demandada únicamente a dejar el acceso a la bodega en el estado en que se encontraba hasta antes de dicha construcción, esto es, se ordena la suspensión y demolición de la obra edificada en el acceso a la bodega de mérito.- CUARTO.- No se hace especial condena en el pago de las costas de esta segunda instancia.- QUINTO.- Notifíquese personalmente." Posteriormente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se concedió a la quejosa el término de tres días a efecto de que cumpliera de forma voluntaria con la sentencia ejecutoria, por lo que mediante escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de la autoridad responsable que había demolido la obra y dejado libre el acceso a la bodega, quedando las cosas en el estado que guardaban hasta antes de su construcción, por lo que en proveído de doce de diciembre del aludido año, se le tuvo por hechas sus manifestaciones y se dio vista a Octavio Hernández Boyzo, para que manifestara a lo que sus intereses conviniera. Por auto de veinte de diciembre del año pasado, dictado por la responsable a instancia del actor, se señalaron días y horas hábiles de despacho, a efecto de que el personal del Tribunal, se constituyera en el domicilio del accionante a efecto de en ejecución forzosa de la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se ponga en posesión del citado inmueble a dicho actor autorizando el uso de la fuerza pública y, en caso necesario, el uso de cerrajero, a fin de que sean abiertas cerraduras. Siendo este último el acto reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, se advierte que su demanda resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista por en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, dentro del juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019, por medio del cual autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Esto es, el quejoso pretende a través del juicio de amparo, que se analice el auto emitido el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ya que a consideración de la autoridad responsable, es necesario que se constituya el personal del juzgado para que se permita el acceso a la bodega, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general, esto es, que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, con dicha resolución, no se está privando al quejoso de ningún derecho fundamental, ya que la ejecución forzosa aún no se ha llevado a cabo, por lo que no se está ante un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tienen aplicación al caso los siguientes criterios: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por María Elena Hernández Boyzo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 38/2023. 2. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por María Elena Hernández Boyzo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, y hace consistir el acto reclamado en: El auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su demanda, se desprende que: Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, se encuentra registrado el juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019, promovido por Octavio Hernández Boyzo y otro (aquí terceros interesados), en el cual se dictó sentencia definitiva el veintiséis de febrero de dos mil veintidós. Inconforme con dicha sentencia la quejosa María Elena Hernández Boyzo, interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en ambos efectos por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándose como toca de apelación I-168/2020, en el cual se dictó sentencia definitiva el diecisiete de agosto de dos mil veinte. Contra dicha sentencia, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo el cual se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que se registró con el número 427/2020, en el cual el veintiocho de enero de dos mil veintiuno se concedió el amparo y protección de la justicia a la citada quejosa, por lo que en cumplimiento a la ejecutoria, el tres de marzo de dos mil veintiuno, la Séptima Sala Civil, dictó una nueva resolución. Contra esa resolución, Octavio Hernández Boyzo promovió demanda de amparo, misma que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno se concedió el amparo al citado Octavio, en cumplimiento a dicha resolución, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó insubsistente la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno y con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte dictó una nueva resolución. Que en sus puntos resolutivos decía ". PRIMERO.- se surtió la competencia de este tribunal, para conocer y resolver en definitiva la contienda judicial.- SEGUNDO.- Octavio Hernández Boyzo, por su propio derecho, acreditó parcialmente los elementos constitutivos de la acción que sobre interdicto de suspensión de obra nueva, ejercitó en la Vía Sumaria Civil frente a María Elena Hernández Boyzo; en consecuencia: TERCERO.- Resulta parcialmente procedente la acción en comento, por lo que se condena a la demandada únicamente a dejar el acceso a la bodega en el estado en que se encontraba hasta antes de dicha construcción, esto es, se ordena la suspensión y demolición de la obra edificada en el acceso a la bodega de mérito.- CUARTO.- No se hace especial condena en el pago de las costas de esta segunda instancia.- QUINTO.- Notifíquese personalmente." Posteriormente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se concedió a la quejosa el término de tres días a efecto de que cumpliera de forma voluntaria con la sentencia ejecutoria, por lo que mediante escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de la autoridad responsable que había demolido la obra y dejado libre el acceso a la bodega, quedando las cosas en el estado que guardaban hasta antes de su construcción, por lo que en proveído de doce de diciembre del aludido año, se le tuvo por hechas sus manifestaciones y se dio vista a Octavio Hernández Boyzo, para que manifestara a lo que sus intereses conviniera. Por auto de veinte de diciembre del año pasado, dictado por la responsable a instancia del actor, se señalaron días y horas hábiles de despacho, a efecto de que el personal del Tribunal, se constituyera en el domicilio del accionante a efecto de en ejecución forzosa de la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se ponga en posesión del citado inmueble a dicho actor autorizando el uso de la fuerza pública y, en caso necesario, el uso de cerrajero, a fin de que sean abiertas cerraduras. Siendo este último el acto reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, se advierte que su demanda resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal prevista por en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, dentro del juicio sumario civil sobre suspensión de obra nueva 651/2019, por medio del cual autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Esto es, el quejoso pretende a través del juicio de amparo, que se analice el auto emitido el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ya que a consideración de la autoridad responsable, es necesario que se constituya el personal del juzgado para que se permita el acceso a la bodega, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general, esto es, que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, con dicha resolución, no se está privando al quejoso de ningún derecho fundamental, ya que la ejecución forzosa aún no se ha llevado a cabo, por lo que no se está ante un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tienen aplicación al caso los siguientes criterios: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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